El expediente empieza en una decisión: por qué la inteligencia artificial está cambiando el derecho penal

Un directorio termina una reunión. Se aprueba una operación. Alguien envía un correo electrónico. Otro resume la conversación por WhatsApp. Un tercero utiliza inteligencia artificial para elaborar un informe. En ese momento nadie piensa en una causa penal. Sin embargo, años después, esa secuencia puede convertirse en la columna vertebral de un expediente.

La inteligencia artificial, junto con la velocidad con la que circula la información y la posibilidad de reconstruir decisiones a partir de enormes volúmenes de datos, no modifica el origen de los conflictos. Lo que cambia radicalmente es la forma en que esos conflictos se gestan, se documentan y terminan convirtiéndose en investigaciones.

Mi experiencia como abogado penalista me llevó a observar un patrón que se repite. Las investigaciones más complejas rara vez empiezan en un juzgado. Empiezan mucho antes, cuando una persona o una organización toma una decisión. Esa decisión puede materializarse en un contrato, una operación comercial, una planificación patrimonial o tributaria, una reunión de directorio, un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, el uso de una herramienta de inteligencia artificial o una declaración pública realizada sin medir sus consecuencias.

Hoy toda decisión deja datos. Y esos datos son los que, con el tiempo, terminan construyendo un expediente. La inteligencia artificial no reemplaza la decisión humana. Lo que hace es volverla más visible, más documentada, más permanente y mucho más fácil de reconstruir años después. Cuando un fiscal interviene, la organización ya dejó una huella digital de decisiones, documentos, comunicaciones y registros que pueden examinarse con una precisión impensada hace apenas unos años.

En este escenario, el mayor valor del derecho penal estratégico ya no consiste solamente en defender un expediente. Consiste en participar antes, cuando todavía es posible reducir riesgos, ordenar procesos y ayudar a construir decisiones capaces de resistir una auditoría, una filtración, el análisis de un regulador y, finalmente, el examen de un juez.

Esa transformación ya comenzó a reflejarse en la práctica profesional. Cada vez con mayor frecuencia, las consultas no giran exclusivamente alrededor de una investigación penal en curso, sino sobre cómo documentar decisiones, gobernar el uso de datos, incorporar inteligencia artificial y diseñar procesos capaces de resistir futuras auditorías, investigaciones o crisis reputacionales.

Una cláusula mal redactada, una conversación interna donde alguien propone resolver un problema “después”, un informe elaborado con inteligencia artificial sin verificar sus fuentes o una decisión tomada sin dejar constancia de sus fundamentos pueden adquirir, años más tarde, un significado completamente distinto durante una investigación.

Durante décadas las organizaciones aprendieron a auditar balances, contratos, impuestos y programas de cumplimiento. Sin embargo, pocas auditan la calidad del proceso mediante el cual toman sus decisiones. Allí aparece un desafío central para los próximos años: desarrollar una arquitectura estratégica de las decisiones, capaz de integrar derecho, inteligencia artificial, datos, reputación, incentivos e instituciones antes de que el conflicto exista.

Aun así, existe una resistencia que se repite con frecuencia. Personas y empresas suelen invertir con rapidez cuando el conflicto ya estalló, pero muestran muchas más dudas frente a la prevención. Es comprensible: los beneficios de evitar una crisis son invisibles, mientras que los costos de enfrentar una investigación penal, una sanción regulatoria o un daño reputacional son inmediatos y muchas veces irreversibles.

La inteligencia artificial está modificando esa ecuación. Cuanto mayor sea la capacidad para reconstruir decisiones a partir de datos, mayor será el valor de anticiparse antes de que aparezca el expediente. La prevención jurídica ya no debería verse como un costo, sino como una ventaja competitiva.

La inteligencia artificial representa una oportunidad extraordinaria para la productividad y el crecimiento. Pero también obliga a formular nuevas preguntas. No alcanza con saber qué herramienta utilizar. Es necesario decidir qué información puede compartirse, quién tendrá acceso, cómo se protege, cómo se documenta y qué ocurrirá si esa decisión es revisada dentro de algunos años por un juez, un regulador, un inversor o la opinión pública.

La inteligencia artificial dejó de ser solamente una herramienta tecnológica. Hoy también es un desafío de gobernanza. Cada decisión sobre qué datos utilizar, quién puede acceder a ellos, cómo documentarlos, cómo supervisarlos y cómo corregir sus errores puede generar consecuencias jurídicas, regulatorias y reputacionales.

En la Argentina, este desafío adquiere una dimensión adicional. La incorporación de inteligencia artificial no depende únicamente de acceder a nuevas herramientas, sino de la capacidad para formar profesionales, directivos y funcionarios capaces de comprender sus implicancias jurídicas, éticas e institucionales. La verdadera ventaja competitiva no estará solo en adoptar inteligencia artificial antes que los demás, sino en construir organizaciones capaces de decidir mejor, documentar mejor y gobernar responsablemente esa tecnología.

También plantea un desafío educativo. Universidades, empresas y organismos públicos deberán incorporar una verdadera alfabetización en inteligencia artificial. No se trata únicamente de aprender a usar nuevas herramientas, sino de comprender cómo interactúan los algoritmos con la producción de información, la toma de decisiones, la evidencia digital y la responsabilidad jurídica. La próxima generación de abogados, jueces, fiscales, empresarios, funcionarios y comunicadores necesitará estas capacidades como parte de su formación básica.

La transformación no alcanza solamente a los documentos o a las decisiones internas. También modifica la forma en que una organización comunica una crisis. Un comunicado, una declaración improvisada, una entrevista o una publicación en redes sociales pueden ser analizados años después dentro de un expediente. Además, pueden instalar una narrativa pública que condicione la percepción de clientes, inversores, reguladores e incluso de quienes intervienen en una investigación.

En un entorno donde la información se viraliza en minutos y la inteligencia artificial amplifica su alcance, lo jurídico y lo comunicacional dejaron de ser compartimentos estancos. Una decisión técnicamente correcta puede generar consecuencias graves si se comunica de manera inadecuada. Y una estrategia de comunicación desacertada puede dificultar, e incluso comprometer, la mejor defensa jurídica.

En un contexto donde la inteligencia artificial puede amplificar tanto la información verificada como la desinformación, comunicar con precisión deja de ser solamente una cuestión de imagen institucional. También constituye una forma de gestión del riesgo. La confianza se construye con decisiones sólidas, pero también con la capacidad de explicarlas de manera transparente y responsable.

Hoy las organizaciones enfrentan dos expedientes que avanzan en paralelo. Uno es el judicial, sujeto a reglas procesales y tiempos institucionales. El otro es el expediente público, construido por medios, redes sociales, algoritmos y buscadores. Muchas veces este último se forma mucho antes que el primero y puede condicionar la reputación de personas y empresas incluso antes de que exista una resolución judicial.

Por eso, la prevención y la gestión de crisis ya no deberían abordarse de forma fragmentada. Requieren una mirada integral, capaz de coordinar simultáneamente la estrategia legal, la comunicación institucional y el análisis de los riesgos reputacionales desde el primer momento. En muchos casos, el problema no es solo qué ocurrió, sino cómo fue explicado, documentado y percibido.

El abogado que más valor aportará no será únicamente quien conozca la ley o litigue con eficacia. Será quien pueda integrar estrategia legal, inteligencia artificial, comunicación, reputación e instituciones para anticipar riesgos y gestionar crisis antes de que se conviertan en investigaciones, sanciones o daños difíciles de revertir.

En definitiva, el debate sobre inteligencia artificial trasciende la tecnología. Es un debate sobre instituciones, educación y liderazgo. Los países que logren formar profesionales preparados para integrar derecho, inteligencia artificial, comunicación y gobernanza estarán mejor posicionados para generar confianza, atraer inversiones y fortalecer el Estado de Derecho. La tecnología puede adquirirse rápidamente; construir instituciones y capacidades para utilizarla con responsabilidad requiere tiempo, visión estratégica y una decisión sostenida de invertir en conocimiento.

La inteligencia artificial no cambia la responsabilidad jurídica de las personas. Cambia algo igual de importante: la posibilidad de reconstruir, explicar y evaluar cada decisión tomada. Por eso el expediente ya no empieza cuando interviene un juez. Empieza cuando alguien decide.

La verdadera pregunta ya no es si una organización cumplió la ley. La pregunta es si dentro de cinco años podrá explicar por qué tomó cada una de sus decisiones, qué información utilizó, quién intervino, cómo documentó el proceso y de qué manera comunicó lo ocurrido.

Ahí empieza el verdadero derecho penal estratégico. Porque las grandes investigaciones rara vez nacen en un tribunal. Empiezan mucho antes: en una decisión, en un dato, en una comunicación, en una omisión o en una explicación que nadie preparó a tiempo.

Jorge Monastersky

Abogado penalista.

Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales (UMSA).

Posgrado en Derecho Procesal Penal.

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