La bochornosa era de la “no verdad”

Podría atribuirse a la falta de formación o a una inconciencia extendida, ambas asociadas a una profunda erosión de valores éticos y a la consolidación de la corrupción como rasgo distintivo de esta era tecnológica. En ese marco, se nos expone a verdades incómodas -o bien se las oculta y deforma- hasta volverlas inverosímiles.

La volatilidad emocional de quienes protagonizan imágenes, videos, textos y conversaciones digitales resulta elocuente: se autoincriminan generando evidencia difícil de refutar, que se replica de manera exponencial en dispositivos y entornos en la nube, como un reguero de pólvora. Se configura así un bochorno digital sin límites ni referencias morales, amplificado por la irrupción de la “vedette” del momento: la inteligencia artificial, convertida en catalizador de la falsificación. La fábrica de la no verdad ya no es una hipótesis: es una realidad operativa.

Cabe entonces preguntarse cuán razonable -y, sobre todo, cuán tolerable- resulta que instancias de escarnio público se sostengan casi exclusivamente en exposiciones digitales. Mercados, medios, audiencias e incluso instituciones replican y validan contenidos cuya autenticidad rara vez se somete a un análisis riguroso.

En simultáneo, la industria de la vigilancia produce lo que podría denominarse “corderos digitales”; esto es, sujetos que reaccionan por impulso, obedecen estímulos y construyen un mundo paralelo en el que creen no ser observados. Todo queda registrado, incluso aquello que se presume eliminado.

Chats, mensajes, audios, videos; un cúmulo inagotable de episodios de abuso, corrupción y delito capturados por un vasto entramado tecnológico que ausculta hábitos, deseos y preferencias. Un sistema que conoce, clasifica y condiciona. Un grillete invisible que vigila, persuade y, al mismo tiempo, brinda confort, incentivando la renuncia a los frenos inhibitorios y la exposición voluntaria de la intimidad. Así, sin costo aparente, cada individuo se convierte en protagonista involuntario de su propia exhibición, como en un antiguo proyector de diapositivas que revela, sin filtros, aquello que se preferiría ocultar, sin distinción de clase, cultura o jerarquía.

Se asienta allí la arquitectura de explotación del contenido filtrado, ya sea por los propios involucrados o por terceros. Se trata de evidencia que, en muchos casos, exhibe a protagonistas inescrupulosos o inconscientes, frecuentemente atravesados por un ego desmedido; torpes realizadores de su propia decadencia.

Mientras tanto, la opinión pública se construye más sobre afinidades ideológicas que sobre hechos verificables, en una dinámica atravesada por la lógica algorítmica. “Lo vi en el feed” se convierte en argumento suficiente. La tecnología digital se consolida así, como columna vertebral del poder contemporáneo: desde el contrabando de chips de inteligencia artificial para evadir controles internacionales, hasta el espionaje a dirigentes y periodistas, pasando por la manipulación sistemática de sociedades enteras a través de dispositivos móviles.

En este contexto, resulta imprescindible reconocer la pérdida sustancial de privacidad, pero también la preocupante ausencia de estándares en el tratamiento de la evidencia digital. La falta de controles que garanticen integridad, trazabilidad y autenticidad en procesos forenses debilita cualquier pretensión de verdad. Métodos universalmente aceptados para la extracción y análisis de datos -basados en protocolos científicos de preservación, validación, identificación e interpretación- parecen haber quedado relegados o directamente ignorados.

En su lugar, proliferan los “escraches” sustentados en capturas de pantalla y audios de dudosa procedencia, que adquieren una influencia desproporcionada en la formación de la opinión pública. La incapacidad de amplios sectores para distinguir entre lo verdadero y lo falso se ve agravada por la lógica de consumo fragmentado: un video de pocos segundos en una plataforma digital basta para moldear percepciones y emitir juicios.

El problema se profundiza cuando estas dinámicas inciden en casos de alta sensibilidad -corrupción, hechos policiales, disputas políticas-, tensionando el delicado equilibrio con la libertad de expresión. El riesgo no es menor: la degradación del debate público y el consecuente deterioro de la calidad democrática.