Sobre el CAREM25, la soberanía y la liturgia nuclear

Argentina tiene una capacidad nuclear genuina y extraordinaria. Tres centrales — Embalse, Atucha I y Atucha II — que generan electricidad para millones de argentinos hoy, en este momento. Ingenieros, físicos y un amplio espectro de profesionales formados en un ecosistema educativo local que compite con los mejores del mundo. Una producción de radioisótopos que abastece tanto a la industria como a la medicina nuclear. Vastos recursos uraníferos en nuestro suelo y dominancia completa del ciclo de combustible nuclear. Empresas diseñadoras y fabricantes de los equipos que hacen posible todo lo antedicho. Esa capacidad existe, es real, está funcionando, y es la base sobre la que estamos trabajando.

Digo esto primero porque lo que sigue no es un argumento contra la ciencia ni contra el sector nuclear. Es exactamente lo contrario: es un argumento a favor de tomarse la ciencia en serio.

Qué es el CAREM y por qué importa entenderlo

El CAREM 25 es un reactor nuclear pequeño diseñado íntegramente en Argentina que pretende ser modular. En términos de aspiraciones es un logro real de capacidad intelectual: el país domina la física, la ingeniería y la gestión de proyectos nucleares a un nivel que muy pocos países en el mundo pueden igualar.

Pero el CAREM no es solo un reactor. Es una acumulación de apuestas tecnológicas simultáneas; cada una de ellas no probada y todas interdependientes entre sí.

A diferencia de los reactores de agua presurizada convencionales que operan en el mundo, el CAREM eligió no tener bombas en el circuito primario ya que el calor circularía por convección natural, sin impulso mecánico. Eligió integrar los generadores de vapor dentro del propio recipiente de presión. Eligió un sistema de control de barras de reactividad hidráulico, único en el mundo, que ningún reactor de producción de energía eléctrica ha operado antes. Y tomó todas esas decisiones juntas, en un prototipo de primera generación, sin validación experimental previa para ninguna de ellas.

Existe una máxima implícita que los diseñadores de reactores conocen bien: innovás una variable a la vez, validás experimentalmente, y recién entonces avanzás a la siguiente. El CAREM eligió innovar en cuatro o cinco variables críticas simultáneamente. Eso no es imprudencia de los ingenieros. Es la consecuencia de un sistema que premiaba la ambición técnica en sí misma, independientemente de si esa ambición resolvía un problema real o creaba uno nuevo. La noble búsqueda de correr la frontera tecnológica desprovista de una planificación clara, sólo se tradujo en mayores tiempos y presupuesto descontrolado para el proyecto.

La pregunta que nadie hizo

Durante cuarenta años, el proyecto acumuló una narrativa poderosa: Argentina iba a tener su propio reactor modular de potencia, diseñado íntegramente en el país. Nadie discutía ese objetivo porque discutirlo era casi un acto antipatriótico. La soberanía tecnológica clausuraba cualquier conversación sobre eficiencia, utilidad o destino.

Hay una pregunta que en cuarenta años nadie formuló en voz alta. Una pregunta simple, democrática y completamente legítima. Se dice que el CAREM 25 daría energía a una población de 120.000 personas. Aceptemos ese número. ¿Hay 120.000 argentinos dispuestos a pagar más del séxtuple por esa electricidad?

La respuesta es no. Y la razón no tiene nada que ver con lo que costó llegar hasta acá, tiene que ver con lo que es. Un reactor —de 25 megavatios o de 1000— posee costos fijos de operación independientes de su tamaño: personal especializado, seguridad, regulación, gestión de los combustibles. La diferencia es que en una central más grande esos costos se diluyen entre diez y cuarenta veces más energía generada. En el prototipo CAREM 25 los absorbe una generación mínima. El resultado es un costo proyectado de más de seis veces por megavatio-hora respecto al precio al que Argentina produce electricidad en sus reactores hoy.

Una curiosidad al respecto: los más de 750 millones de dólares que costó llegar hasta acá (sin contar cuarenta años de salarios, sin actualizar a valor presente) ya se pagaron. Los pagaron todos los argentinos, sin un watt a cambio, sin una fecha clara de finalización y sin que nadie les preguntara si eso era lo que necesitaban.

Eso no es soberanía energética. Es una transferencia sin compensación.

Los incentivos que hicieron posible que esto durara cuarenta años

Para entender cómo un proyecto puede consumir 750 millones de dólares sin producir nada, hay que entender el sistema de incentivos que lo rodeó. Porque no hubo malicia. Hubo algo más difícil de corregir: una estructura donde cada actor tenía razones perfectamente racionales para que el proyecto continuara, y nadie tenía ni la autoridad ni el incentivo de preguntarse si debía parar.

Los investigadores y técnicos tenían empleo genuino en un proyecto de alta complejidad. Los gerentes tenían proyección institucional en el ecosistema nuclear. La CNEA tenía presupuesto y relevancia. Los gobiernos de turno tenían un activo de soberanía tecnológica para exhibir ante la comunidad internacional. Y esa comunidad internacional — organismos multilaterales, foros técnicos, conferencias nucleares — celebraba el CAREM como ejemplo de ambición de un país en desarrollo, generando un circuito de prestigio completamente desconectado de cualquier valor económico o energético concreto.

Argentina ganaba reconocimiento por tener el proyecto, independientemente de si el proyecto iba a funcionar. Ese reconocimiento alimentaba la narrativa interna, que justificaba el presupuesto, que sostenía el proyecto, que generaba más reconocimiento. Un ciclo perfecto sin ningún anclaje en la realidad del mercado ni en la necesidad de ningún usuario final.

Porque el CAREM nunca tuvo cliente. No había ninguna empresa, ninguna provincia, ningún organismo que necesitara esos 25 megavatios a ese costo y en ese plazo. El único “cliente” era el Estado financiándose con el contribuyente, sin ningún precio de mercado que pusiera a prueba si lo que se construía valía lo que costaba. Con la política en ambos lados del mostrador, se decidía siempre lo mismo: seguir. Y la plata que faltaba, se imprimía sin respaldo alguno.

Los auditores del Banco Nación, en su rol de fiduciario oficial del proyecto, lo documentaron sin eufemismos: un proyecto de esa escala operando durante años sin plan financiero integral, con controles contables manuales y sin cronogramas de aportes verificables. No como excepción sino como funcionamiento normal. Porque en un sistema donde el presupuesto llega por declaración de interés nacional y el resultado nunca se mide contra un precio de mercado, la presión para construir gobernanza financiera sencillamente no existe.

Pero el problema más serio no es la ausencia de controles financieros. Es lo que esa ausencia hizo posible: avanzar sobre obra civil permanente e irreversible mientras la ingeniería del reactor que esa obra debía contener permanecía abierta, con riesgos de muy alto impacto registrados en el propio sistema de gestión del proyecto, sin diseño final en los componentes críticos, sin validación experimental de ninguno de los sistemas innovadores. Esa cadena de decisiones no fue inocua para el sector privado: empresas locales que apostaron al proyecto acumularon compromisos incumplidos que en algunos casos terminaron en su cierre.

El hormigón no se deshace. Una vez que la estructura civil existe, la presión institucional para continuar se vuelve tan sólida como ella. Esa decisión de secuencia — construir lo irreversible antes de cerrar lo incierto — fue tomada con pleno conocimiento de las incertidumbres técnicas que el propio equipo del proyecto había documentado. Cuando el Estado gasta recursos públicos de manera irreversible sobre una base técnica que sus propios expertos no habían validado, la pregunta sobre cómo calificar esa decisión no es retórica. Ese debate le corresponde a otras instancias. Pero los hechos están documentados, son públicos, y son anteriores a esta gestión.

Lo que dijeron los propios expertos

Lo que voy a citar no surge de ninguna auditoría encargada para justificar una decisión política. Es un documento público producido por la propia CNEA: el Informe de Revisión de Pares del Proyecto CAREM 25, fechado en agosto de 2024, elaborado por una comisión de nueve especialistas — doctores en ingeniería nuclear, expertos en termohidráulica, física de reactores, mecanismos de control y seguridad nuclear — convocados por las propias autoridades de la institución para evaluar el estado real del desarrollo. Estos concluyeron, textualmente:“El desarrollo de la ingeniería del reactor CAREM25 no presenta un grado de avance con el cual se pueda inferir que su funcionamiento será seguro.”

No lo dijo un economista. No lo dijo ningún funcionario de este gobierno. Lo dijeron los ingenieros que la Argentina formó durante décadas, evaluando con honestidad brutal su propio trabajo. Esa honestidad los honra. Y subraya algo importante: el problema nunca fue la gente. Fue el sistema que los rodeó, el mismo sistema que durante cuarenta años no generó ni el incentivo ni la autoridad para hacer esa evaluación antes.

Los problemas que documentaron son técnicamente precisos y estratégicamente devastadores. Los mecanismos de control de reactividad, el sistema que apaga el reactor ante una emergencia, son únicos en el mundo, no tienen diseño final, y no habían demostrado repetitividad ni siquiera en pruebas en frío a junio de 2024. Los modelos computacionales de seguridad no pueden validarse experimentalmente antes de encender el reactor, porque la física del circuito primario del CAREM no admite simulación en escala reducida: el primer experimento real sería el reactor operando con combustible nuclear. La obra civil estaba construida antes de terminar la ingeniería del reactor que esa obra debía contener. Las palabras sobran.

Y al final del informe, casi con pudor, una observación que condensa cuarenta años de historia institucional: “luego de 40 años de proyecto, los objetivos de diseño del reactor deberían revisarse.” Cuarenta años sin que el sistema generara el incentivo y la autoridad para hacer esa pregunta.

El resultado es claro. Independientemente de los cientos de millones de dólares invertidos a la fecha, nadie puede afirmar con certeza cuánto dinero adicional insumiría resolver los problemas que el propio informe documenta — si es que tienen solución — ni cuánto tiempo llevaría hacerlo. Esa incertidumbre no es un detalle técnico, es el eje central de la discusión. El costo hundido no puede ser la razón para seguir: el argumento de “ya pusimos tanto, no podemos parar” es precisamente el que sostuvo el proyecto durante décadas y nos dejó en esta situación.

La pregunta correcta no mira hacia atrás. Mira hacia adelante: ¿qué conviene hacer con lo que existe, con lo que se aprendió y cómo seguimos desarrollando las tecnologías que el mundo está necesitando hoy? Esa es la conversación que esta gestión está teniendo. Debemos apartarnos de la nostalgia de lo que pudo ser y discutir la lógica de lo que puede generar valor real.

Qué es la soberanía

Argentina tiene hoy, funcionando, una capacidad nuclear que el mundo reconoce y que genera valor real. Tres centrales que producen electricidad para millones de personas. Probadas capacidades desde minar hasta enriquecer y dominar el ciclo completo del uranio. Reactores de investigación que exportamos al mundo. Una industria de radioisótopos con proyección continental. Un ecosistema de empresas que venden componentes y servicios en perfectas condiciones de competencia.

No nos respetan en el mundo nuclear por el CAREM. Nos respetan por lo que funciona.

La soberanía no es construir durante cuarenta años algo que estaba permanentemente a punto de estar listo, financiado por todos sin beneficio para nadie. La soberanía es tener la madurez institucional de distinguir entre lo que funciona y lo que no, y redirigir los recursos hacia lo primero.

Los 120.000 argentinos que el CAREM iba a iluminar merecen energía real, no la promesa de una energía que ya pagaron y nunca llegó. Por su parte, los profesionales que trabajaron en él merecen un sistema que les permita aplicar su talento donde este genera valor de verdad y les garantiza una proyección a largo plazo, que no se agote con el impulso transitorio de un gobierno circunstancial que en el afán de mostrar algo, solo puede apilar hormigón.

Esta gestión no llegó a demoler sino a redirigir. La infraestructura existente, las capacidades de quienes trabajaron en el proyecto, la experiencia acumulada en fabricación de componentes nucleares de alta complejidad; todo eso tiene valor real en un mercado global que está invirtiendo en tecnología nuclear como nunca en su historia. El trabajo de esta Secretaría es construir el puente entre lo que Argentina sabe hacer y lo que el mundo necesita comprar. No como promesa permanente. Como modelo de negocio concreto, con cliente, con precio y con un beneficio tangible para todos.

Esa es la diferencia entre soberanía como argumento y soberanía como resultado.