
Hace dos años tomé una decisión que marcó un antes y un después en mi vida profesional: dejar la Justicia Federal. Habían sido ocho años como funcionaria, formándome en la lógica interna del sistema, aprendiendo sus tiempos, sus silencios y también sus rigideces. Salir no fue una renuncia al Derecho, sino una forma de volver a mirarlo con honestidad, desde otro lugar y, sobre todo, desde mi identidad como mujer.
Como funcionaria judicial, la Justicia se percibía como una estructura cerrada, vertical, donde el procedimiento ocupaba el centro de la escena. El expediente ordenaba el mundo: plazos, escritos, providencias. El contacto con el litigante y con el justiciable era indirecto, mediado, distante. Esa distancia no siempre era malintencionada; muchas veces era el resultado de una cultura institucional que prioriza la forma por sobre la persona. Una cultura históricamente diseñada por y para varones, donde lo emocional se considera debilidad y la empatía, una distracción.
Desde ese lugar, ser mujer implicaba adaptarse. Bajar el tono, endurecer el gesto, demostrar constantemente capacidad. Aprender a no incomodar. En muchos ámbitos de la Justicia, lo femenino todavía es leído como exceso: demasiada sensibilidad, demasiada firmeza, demasiada presencia. Nunca el punto justo.
Hoy, como abogada penalista litigante, la Justicia se vive de otro modo. Ya no es una estructura abstracta, sino una experiencia concreta que se atraviesa con el cuerpo. Litigar es poner la cara, sostener la palabra, mirar a los ojos. Es explicar decisiones difíciles, acompañar dolores ajenos, insistir cuando la respuesta no llega. Y en ese ejercicio, lo femenino aparece no como desventaja, sino como potencia.
Ser mujer litigante en el fuero penal es un verdadero desafío. Las audiencias siguen estando pobladas mayoritariamente por hombres; los códigos implícitos también. Muchas veces hay que hablar más fuerte para ser escuchada, saber más para ser respetada, y demostrar el doble para que no se dude. Pero también hay algo profundamente transformador en ocupar ese espacio sin pedir permiso. En no masculinizarse para encajar. En ejercer la defensa desde una autoridad que no copia modelos, sino que construye otros.
Lo más interesante de este camino es poder hacer valer el género femenino como una forma distinta de ejercer el Derecho: una mirada más atenta a las consecuencias reales del proceso penal, una escucha más profunda, una sensibilidad que no niega la técnica, sino que la enriquece. Defender no es solo argumentar; también es comprender el impacto que una decisión judicial tiene en la vida concreta de las personas.
Ambas miradas —la de la funcionaria y la de la litigante— comparten un punto esencial: la convicción de que el Derecho Penal no puede perder de vista la dignidad humana. Pero difieren en algo clave. Desde adentro, la Justicia tiende a mirarse a sí misma; desde afuera, se la padece y se la enfrenta. Desde el escritorio, el tiempo es procesal; desde la defensa, el tiempo es vital.
No se trata de cambiarlo todo ni de dinamitar el sistema. Se trata de humanizarlo. De acercar la Justicia al justiciable, de entenderla como un servicio público y no como un ámbito de poder autosuficiente. De admitir que incorporar miradas femeninas —reales, no declamativas— puede mejorar los procesos sin debilitarlos.
Lo que me duele de la Justicia argentina es que muchas injusticias sigan siendo toleradas como parte del paisaje. Lo que me enorgullece es que todavía haya mujeres y hombres dispuestos a incomodar, a cuestionar y a luchar por una Justicia más justa.
Dos años “del otro lado del mostrador” me permitieron algo fundamental: ejercer el Derecho sin perder la humanidad. Y hacerlo, además, desde un lugar que durante mucho tiempo intentó ser silenciado.
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