Industria del juicio: la mochila de piedras que la modernización laboral quiere sacarle a las pymes

Argentina enfrenta una paradoja trágica: mientras millones son empujados a la informalidad, quienes pueden generar trabajo no tienen incentivos para hacerlo. Según el Indec, existen 6 millones de trabajadores informales; un tercio de la fuerza laboral atrapada en la precariedad. Este escenario responde a una regulación laboral anclada en el siglo XX, que ignora las dinámicas actuales que avanzan a un ritmo vertiginoso. La ley vigente ha permitido el auge de la “industria del juicio”, transformando el acto de emplear en un riesgo que atenta contra la supervivencia de las empresas, especialmente las pymes. Por ello, el proyecto de Ley de Modernización Laboral es un avance indispensable para restaurar la seguridad jurídica.

El empleador argentino hoy carga con una mochila llena de piedras. Una de ellas es la imprevisibilidad del costo de contratación, que distorsiona los incentivos para crear nuevos puestos o mejorar salarios. Bajo el sistema actual, no existen límites claros a lo que puede reclamarse en un litigio, lo que ha disparado la tasa de judicialidad. Si comparamos con la región, la inviabilidad es evidente: los datos de las UART y otros organismos demuestran que, con niveles de siniestralidad similares, Argentina tiene hasta 20 veces más juicios que países como Chile. Esto radica en una ley con “zonas grises” sujetas a interpretaciones judiciales que derivan en litigios millonarios e interminables.

El proyecto de Modernización Laboral ataca con precisión estas distorsiones. Por ejemplo, define de forma taxativa que conceptos como el aguinaldo o premios no mensuales no integran la base indemnizatoria. Además, estipula una tasa uniforme de actualización por IPC más un 3% anual, terminando con la discrecionalidad de los juzgados que hoy multiplica las deudas de forma impagable.

Un punto fundamental es la transparencia en el cálculo de las indemnizaciones. El proyecto establece un “techo”: la base salarial no podrá exceder el equivalente a tres veces el salario mensual promedio previsto en el Convenio Colectivo aplicable. Así, si un empleado percibe un sueldo muy superior a la media de su sector, el cálculo se ajustará a este límite preestablecido. Esto permite que el empleador conozca de antemano su riesgo máximo, transformando una contingencia incierta en una variable administrable.

Además, la propuesta incluye un apartado muy interesante, donde deja lugar a que los trabajadores y las empresas opten por un fondo de cese laboral privado. ¿Cómo funciona? Con un previo acuerdo entre las partes, la indemnización del trabajador será pagada por un fondo de cese laboral financiado por el empleador. Un sistema de capitalización privada garantiza cobro inmediato al trabajador, elimina la incertidumbre del empleador, reduce drásticamente la litigiosidad y potencia la eficiencia financiera, ya que la administración de estos fondos por entidades especializadas permite obtener rendimientos que protegen el valor del dinero frente a la inflación.

Asimismo, la reforma profesionaliza la labor pericial. Bajo la regulación vigente, los peritos cobran un porcentaje de la sentencia, lo que genera un incentivo perverso para inflar diagnósticos de incapacidad. El nuevo reglamento determina que sus honorarios se definirán en base a la labor técnica realizada y no al resultado del litigio. Esto garantiza que el perito sea un auxiliar neutral y no una parte interesada en el monto de la demanda.

Las pymes generan la mitad del empleo asalariado registrado en el país. Imponer reglas que brinden previsibilidad jurídica no es un capricho empresario; es la protección efectiva del trabajo de millones de argentinos. La reforma es crucial para establecer un terreno de juego justo, eliminando los obstáculos que impiden el crecimiento y fomentando un ambiente donde el empleo formal vuelva a ser la regla y no la excepción.

El autor es Analista Económico de la Fundación Libertad y Progreso