
El pasado 3 de febrero fue muy evocada la efeméride de la batalla de San Lorenzo. De otro lado, poco se ha recordado lo ocurrido ese mismo día, pero de 1852. El suceso al que me refiero solo evocado por el Gobernador de Entre Ríos durante un acto en esa provincia. En aquella jornada de mediados del siglo XIX, el aire en las tierras de Caseros no solo olía a la pólvora de una batalla; olía, sobre todo, a una promesa de cambio de época. El avance de las tropas de Justo José de Urquiza sobre las fuerzas de Rosas no representaba únicamente el ocaso de un liderazgo personalista de dos décadas, sino el supuesto amanecer de la unión nacional bajo la bandera del federalismo. Sin embargo, a la luz del presente, aquel “triunfo” se revela como una de las paradojas más profundas de nuestra identidad política: la victoria militar de un caudillo entrerriano que, involuntariamente, terminó pavimentando el camino para la hegemonía definitiva del centro sobre la periferia.
Desde entonces, hemos construido la nación sobre un malentendido fundacional. La “ilusión de cercanía” y la alienación del interior han sido el subproducto de una historia escrita con la tinta de la aduana y el puerto. La Argentina del siglo XXI es un país que se narra desde el centro, pero que se sufre en los márgenes. Durante más de un siglo, el pegamento que mantuvo unida a la vasta geografía nacional fue un delicado pacto federal, una arquitectura de equilibrios que Caseros prometió institucionalizar, pero que la posterior deriva política se encargó de asfixiar bajo un barniz de unidad cosmética.
Celebrar Caseros como hito del federalismo requiere, hoy más que nunca, un ejercicio de honestidad intelectual. No se trató solo de derrocar a un gobernador bonaerense para imponer la Constitución; fue el último gran intento del interior productivo por exigir un asiento en la mesa del poder nacional. Pero ese grito de las provincias, que Urquiza materializó con la espada y la ley, fue pronto silenciado por una narrativa centralista que transformó al federalismo en una cáscara vacía, desplazando la soberanía real hacia los despachos porteños, mientras el resto del país quedaba relegado a ser el espectador de su propio destino.

Para comprender la magnitud de la alienación que padecemos hoy, es imperativo rescatar la figura de Justo José de Urquiza del rincón de “personaje de transición” al que lo condenó la historiografía oficial. En el relato escolar y centralista, Urquiza suele ser presentado como un caudillo pragmático que simplemente “abrió la puerta” para que la civilización liberal de Mitre y Sarmiento tomara las riendas. Esta lectura no es solo es banal e injusta, sino que constituye el primer acto que invisibilizaría el pensamiento federal genuino.
Urquiza no llegó a Caseros como un general sediento de botín, sino como el representante de una Nación real que ya palpitaba en el interior y que exigía su mayoría de edad institucional. Su gestión en Entre Ríos era, por aquel entonces, el testimonio vivo de un país posible: una provincia con finanzas ordenadas, una educación pública de vanguardia -con el Colegio del Uruguay como faro- y una infraestructura que buscaba en la libre navegación de los ríos el fin del asfixiante monopolio bonaerense. Su proyecto no era la destrucción de Buenos Aires, sino su integración en un esquema de pares.
La trascendencia de Urquiza radica en haber sido el federalista institucional por excelencia. Fue su voluntad política, y no la de la élite porteña, la que forzó la convocatoria al Congreso Constituyente. Mientras el puerto desconfiaba de cualquier orden legal que no pudiera tutelar, Urquiza puso su espada al servicio de una norma jurídica superior: la Constitución de 1853.
Sin embargo, aquí nace la banalización del relato centralista hacia su figura. Al puerto le resultó intolerable que el diseño de la Argentina moderna no fuera una concesión de su “iluminismo”, sino una imposición de la “barbarie” organizada del interior. Al ningunear a Urquiza, la historia oficial comenzó a construir esa alienación que persiste: la idea de que lo que sucede fuera de los límites de la hoy Avenida Gral. Paz es un suceso pintoresco o secundario, y que la verdadera historia nacional solo se escribe cuando el puerto decide dar su consentimiento.
La derrota política del proyecto federal tras Caseros no fue un evento súbito, sino un proceso de erosión cultural que ha cristalizado en lo que podemos denominar la “ilusión de cercanía”. En la era de la hiperconectividad, el centro — ese núcleo de poder político, mediático y financiero que reside en el AMBA— vive bajo la falsa premisa de que conoce el país porque lo tiene a un clic de distancia o porque lo analiza a través de planillas de Excel. Sin embargo, esa cercanía es meramente digital o estadística; en la realidad, el interior sigue siendo un territorio alienado, un “otro” que solo aparece en la agenda nacional cuando se convierte en una cifra de producción o en un foco de conflicto.
La arquitectura legal que surgió de la pólvora de Caseros fue, en esencia, un intento de domesticar la anarquía a través del derecho. Sin embargo, en ese proceso, se gestó una paradoja de la cual el interior aún no ha podido escapar.

La Constitución de 1853, hija directa del estruendo de Caseros, nació con la promesa de nacionalizar las rentas de la Aduana, aquel botín que Buenos Aires custodiaba con celo colonial. Sin embargo, el diseño institucional que debía garantizar la autonomía económica de las provincias terminó convirtiéndose, con el correr de los siglos, en un mecanismo de sujeción. Lo que Urquiza pensó como un flujo de recursos para el desarrollo del interior, se transformó en un sistema de coparticipación verticalista que despoja a los gobernadores de su soberanía fiscal. Hoy, la “ilusión de cercanía” se manifiesta en una gestión centralizada que decide el destino de economías regionales que desconoce, perpetuando esa alienación donde el margen produce y el centro administra.
Esta deriva hacia el centralismo fiscal encontró su punto de quiebre en el llamado “misterio de Pavón”. La historiografía ha debatido durante un siglo las razones del retiro de Urquiza del campo de batalla en 1861, cuando las lanzas federales aún sostenían la ventaja. En mi caso prefiero la lectura romántica. El análisis de su pensamiento y de los acuerdos antecedentes sugiere que su repliegue no fue un acto de claudicación, sino un intento desesperado por terminar con la guerra fratricida. Para mí Urquiza comprendió que la unidad nacional no podía seguir cimentándose sobre los cadáveres de hermanos y que, para que la Nación naciera definitivamente, alguien debía ceder, incluso a costa de su propio poder y del proyecto de la Confederación.
Aquel acto de renuncia, destinado a pacificar un suelo agotado por las montoneras y los patíbulos, tuvo un costo imprevisto y amargo. Al deponer las armas para evitar el desangre, el federalismo institucional quedó huérfano de defensa frente a la voracidad de un puerto que no entendía de renuncias, sino de hegemonías. La paz se logró, pero el precio fue la entrega de las llaves del país a una élite que transformó el pacto federal en una “disciplina de billetera”. Así, la generosidad de Urquiza en Pavón, que buscaba salvar la vida de los argentinos, terminó permitiendo la consolidación de un sistema que hoy asfixia la vitalidad de las provincias que él tanto anheló proteger.
Es aquí donde el pensamiento federal original de Urquiza cobra una vigencia dolorosa. Aquel proyecto buscaba la integración por la soberanía y no la sumisión por el subsidio. Al romper ese equilibrio, transformamos la geografía nacional en un centro que se mira el ombligo y una periferia que, aunque genera riqueza real en el país, habita en una perpetua alienación política, viendo su destino decidido por una burocracia que confunde la conectividad con el conocimiento del territorio.
A más de un siglo y medio de Caseros y Pavón, la Argentina se encuentra en una encrucijada que no es nueva, sino que es la herencia de aquel proyecto inconcluso. El país logró una bandera, una moneda y un ejército, pero en el camino extravió la esencia de aquel pacto entre iguales que las provincias habían soñado bajo las lanzas entrerrianas.
Hoy, el federalismo no puede seguir siendo un eslogan de campaña ni una pieza de museo que se exhibe en las efemérides. Reivindicar el pensamiento federal original exige desmantelar la “ilusión de cercanía” que ciega al centro y terminar con la alienación de un interior que no quiere ser subsidiado, sino respetado en su capacidad productiva y en su soberanía política. No existe una Argentina viable si el “pegamento” de la unión nacional sigue siendo la sumisión fiscal en vez de la colaboración estratégica.
La Argentina del futuro debe dejar de narrarse exclusivamente desde el puerto para empezar a escucharse desde sus márgenes. Solo recuperando el espíritu de aquel Urquiza que puso la ley por encima del caudillismo, y la paz por encima de la facción, podremos transformar el “sufrimiento en los márgenes” en una prosperidad compartida. El desafío es, en definitiva, cumplir finalmente con la promesa de Caseros: construir una nación donde el federalismo sea, más que una palabra en el preámbulo, la forma cotidiana y real de nuestra libertad.
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