
Finalmente, y luego de largas negociaciones, la Unión Europea dio luz verde al acuerdo de complementación económica y comercial con el Mercosur.
El objetivo de este entendimiento, más allá de los matices, supone la integración de un mercado de más de 800 millones de habitantes, casi una cuarta parte del PBI mundial, con más de 100.000 millones de dólares de comercio de bienes y servicios.
Si bien la Unión Europea no es el principal mercado de nuestras exportaciones, sin duda constituye una gran oportunidad comercial para nuestro país, pero a la vez entraña importantes desafíos que no podemos soslayar.
Para la Argentina, este acuerdo solo tendrá un impacto favorable si se revisan y consideran las asimetrías entre los bloques y si se revela la oportunidad de aumentar sensiblemente las exportaciones de economías regionales, consolidar la participación de nuestras empresas en cadenas globales de valor, habilitar la llegada de inversiones y acelerar la transferencia tecnológica.
Pero nada de ello puede ocurrir si se aspira a integrar asimétricamente estructuras productivas con distinto grado de desarrollo. En los países centrales que forman parte del acuerdo no hay inflación ni atraso cambiario, la presión impositiva regresa en obras que estimulan nuevas instancias de desarrollo y a la vez hay protección y crédito abundante para los sectores más vulnerables.
En la Argentina, desde hace décadas los sectores productivos soportan una presión impositiva mucho mayor que sus competidores externos, tipos de cambio atrasados como forma de combatir la inflación, ausencia de infraestructura básica, convenios laborales obsoletos y falta de acceso al crédito, entre los más relevantes.
La brecha de productividad de la Argentina y el Mercosur con los países desarrollados es hoy muy elevada. Nuestro desafío es achicarla y situarnos en mejores condiciones para una integración comercial.
Si bien el acuerdo prevé mayores plazos para la integración plena de los sectores sensibles a fin de que puedan adecuar sus estructuras para competir, ello va a requerir, para que suceda, políticas activas muy concretas.
En este sentido, la afirmación del secretario de Industria y Comercio, en el sentido de que la mejor política industrial es no tenerla, no deja de ser preocupante.
En un contexto global en el que las grandes potencias no vacilan en aplicar agresivas medidas para proteger sus industrias y el trabajo nacional, en nuestro país no son pocas las voces que abogan por una mayor apertura.
Esta posición machaca con argumentos muy conocidos y falaces, haciendo hincapié en la protección arancelaria y desconociendo el retraso cambiario, la ausencia del crédito, costos laborales e impositivos, que en algunos casos triplican los que tienen nuestros vecinos, además de una infraestructura que no para de degradarse.
Pero, más allá de todo esto, la Argentina tiene casi 47 millones de habitantes que necesitan del entramado productivo que brinda el sector industrial a través de sus cadenas productivas en la generación de empleo y agregación de valor. Fortalecer a estos sectores hace a la sustentabilidad económica y social de nuestro país.
La Argentina debe enhebrar varios años de crecimiento ininterrumpido con una potenciación de su estructura productiva. Los países que más crecen también son los que más comercian, ya que son los que mayor capacidad de compra tienen.
No se trata de pensar en esquemas indiscriminados de protección que generen ineficiencias diversas e inhibiciones para los avances tecnológicos, pero sí hay sectores que demandarán estímulos, y para eso habrá que evaluar en cada caso la extensa variedad de instrumentos de que disponen todos los Estados: tipo de cambio competitivo, reembolsos, líneas de prefinanciamiento, posiciones arancelarias y crédito accesible en general.
En conclusión, el acuerdo con la Unión Europea presupone un incentivo para que la Argentina afiance sectores que son altamente competitivos, como el agropecuario y la agroindustria, los servicios tecnológicos y culturales, y hasta segmentos de la industria automotriz, pero no significa una estrategia de puertas abiertas para inhibir el cambio estructural de nuestro modelo productivo.
También, con los recaudos mencionados, es una oportunidad para que aquellos que encuentran limitaciones en el mercado doméstico puedan animarse a una reconversión que les permita trascender las fronteras. Perder el miedo, al tiempo que lograr acotar la volatilidad y la incertidumbre que han afectado negativamente a nuestro sector productivo en las últimas décadas.
Una cooperación equitativa y una relación estratégica inteligente con Europa requieren un horizonte cierto, reglas claras y cumplibles e instituciones estables como condiciones insoslayables para invertir, producir y crear empleo.
El orden macroeconómico y monetario sin dudas constituye una condición necesaria indispensable, así como las llamadas reformas estructurales, pero para que nuestro país encuentre un sendero de desarrollo debemos adoptar políticas decididas de agregación de valor y diversificación de nuestro aparato productivo. Solamente de esta manera vamos a poder extraer de este acuerdo beneficios concretos para el conjunto de los argentinos.
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