El tiempo de hablar sobre la deuda ecológica

Durante décadas, el debate global estuvo dominado por una pregunta: ¿quién le debe a quién en términos financieros? Esto estableció una dinámica de países endeudados, ajustes fiscales, negociaciones leoninas con organismos internacionales e imposiciones políticas. Sin embargo, hay otra deuda —mucho más profunda y persistente— que sigue fuera del centro de la discusión pública: la deuda ecológica.

Durante siglos, gran parte del Sur Global proveyó materias primas, energía, agua, biodiversidad y trabajo barato para sostener el consumo y la industrialización del Norte, asumiendo la degradación ambiental como “costo colateral” del desarrollo ajeno.

Hablar de deuda ecológica no es una consigna ideológica ni un gesto retórico. Es una forma rigurosa de nombrar una realidad estructural del sistema económico global. El crecimiento de algunos países se construyó, y todavía se sostiene, sobre la apropiación desproporcionada de bienes comunes globales y la externalización de los costos ambientales hacia otros territorios y generaciones.

A diferencia de la deuda financiera, la deuda ecológica aún no aparece en los balances, no se renegocia en los mercados y no tiene calendario de pagos. Pero sus efectos son visibles y acumulativos.

Hoy esa lógica continúa bajo nuevas formas. Los precios internacionales de las materias primas siguen sin reflejar el verdadero costo ambiental y social de su extracción. En cada tonelada de soja, de litio o de minerales críticos viajan incorporados suelos degradados, agua utilizada, ecosistemas alterados y comunidades afectadas. Es una transferencia silenciosa de riqueza natural que no se contabiliza, pero empobrece territorios y limita estructuralmente sus oportunidades de desarrollo.

Este patrón tiene nombre: intercambio ecológicamente desigual. Describe una economía global donde algunos países importan bienes baratos porque otros exportan naturaleza sin precio. No se trata solo de comercio injusto, sino de una arquitectura económica que permite que los beneficios se concentren mientras los costos ambientales se dispersan y se invisibilizan.

El resultado es una paradoja inquietante: regiones que son clave para la estabilidad climática y la biodiversidad global —como América Latina o África— son, al mismo tiempo, las más vulnerables a la degradación ambiental y al endeudamiento externo. Ricas en capital natural, pobres en capacidad financiera.

La deuda ecológica también tiene una dimensión climática ineludible. Los países industrializados son responsables de la mayor parte de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero, mientras que los impactos más severos del cambio climático recaen sobre comunidades que menos contribuyeron al problema. Inundaciones, sequías, pérdida de cosechas y eventos extremos no son “desastres naturales”, sino el resultado de un uso irresponsable y desigual del espacio ecológico global.

Pero la deuda ecológica no pertenece solo al pasado. Existe el riesgo real de que la transición energética y tecnológica reproduzca el mismo esquema extractivo, ahora bajo el discurso verde. La carrera por minerales críticos, tierras fértiles o agua puede convertirse en una nueva fase de expoliación si no se corrigen las reglas de fondo.

Hoy sabemos que no existe economía sin naturaleza: según el Foro Económico Mundial más del 50 % del PBI mundial (unos 58 billones de dólares anuales) depende de manera directa de los servicios ecosistémicos, y las estimaciones científicas ubican el valor económico anual de la naturaleza entre USD 125 y 150 billones, una cifra superior al PBI global. Lejos de ser un tema ambiental accesorio, la naturaleza constituye la infraestructura crítica que sostiene la producción, el empleo, el agua, la energía y la estabilidad social.

Por eso, cuando Argentina discute sus políticas ambientales, no está debatiendo un freno al desarrollo, sino cómo proteger los activos que hacen posible cualquier estrategia económica de largo plazo.

Esta discusión ya no es ajena al sector privado ni al mundo financiero. Grandes corporaciones, inversores y aseguradoras reconocen hoy que la degradación ambiental actúa como un multiplicador de riesgo financiero, afectando cadenas de suministro, productividad, acceso al agua, estabilidad de mercados y rentabilidad de largo plazo. Cada vez más empresas impulsan estrategias de resiliencia, regeneración e inversión en naturaleza como factores centrales de competitividad. Surgen así múltiples iniciativas de valorización de servicios ecosistémicos, mercados de capital natural y finanzas para la naturaleza, que buscan internalizar lo que antes era invisible. Esta agenda ya está siendo promovida oficialmente por la OCDE, los organismos multilaterales, países como Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, China y también por países de la región como Chile, Brasil y Colombia, entre otros, que avanzan en contabilidad de capital natural y nuevas métricas económicas. En este contexto, en Argentina resulta clave ampliar la mirada en debates como el de la Ley de Glaciares, que no trata solo de minería, sino de proteger el agua que habilita la vida y las actividades productivas en regiones enteras del país.

Reconocer el valor económico de la naturaleza —como infraestructura crítica para la vida, la producción y la estabilidad social— es condición necesaria para una discusión madura, estratégica y de largo plazo sobre desarrollo.

En el fondo, esta discusión no es solo económica. Es moral y política. Remite a una pregunta básica: ¿quién tiene derecho a usar los bienes comunes del planeta y bajo qué condiciones? Ignorar la deuda ecológica equivale a naturalizar un sistema donde algunos viven del consumo excesivo mientras otros pagan con su territorio, su salud y su futuro.

Reconocerla no implica paralizar el desarrollo, sino redefinirlo. Supone aceptar que no hay crecimiento legítimo si se construye sobre la degradación irreversible de la naturaleza y la desigualdad estructural. Como advierte la ecología integral planteada por el Papa Francisco en Laudato Si´, «la crisis ambiental y la crisis social son dos caras de un mismo modelo agotado.»

¿Qué hacer con esta deuda? Hablar de deuda ecológica es el primer paso para pensar soluciones. Algunas ya están en discusión: integrar el capital natural en las cuentas nacionales, reformar los indicadores económicos que hoy ignoran la degradación ambiental, avanzar en esquemas virtuosos de canjes de deuda por conservación, redirigir subsidios dañinos y crear mecanismos económicos que remuneren la protección de la naturaleza.

Pero, sobre todo, se trata de cambiar la lógica: pasar de una economía que premia la extracción a una que valore el cuidado, la regeneración y la justicia intergeneracional. Sin este giro, la transición ecológica será incompleta e injusta.

Para Aristóteles, la economía (oikonomía) era la administración responsable de los recursos del hogar para garantizar una vida buena y sostenible en el tiempo. Hoy, esa Casa Común es el planeta, y la evidencia de la deuda ecológica revela que hemos gestionado sus recursos como si fueran infinitos, trasladando costos ambientales y sociales al futuro y a otros territorios. Recuperar el sentido original de la economía implica reconocer los límites de la naturaleza, asumir la deuda acumulada por su degradación y redefinir el uso de los bienes comunes como la base de un nuevo modelo económico, orientado no a la extracción ilimitada, sino al cuidado, la regeneración y el bienestar intergeneracional.

El tiempo de hablar de la deuda ecológica es ahora. No como un reclamo abstracto, sino como una condición indispensable para construir un desarrollo viable, equitativo y compatible con los límites del planeta.