La inflación de un dígito: objetivo de mediano plazo

La experiencia indica que el control de la inflación en forma estable -es decir, por un período más o menos largo- suele tomar varios años cuando se parte de grandes desequilibrios. Es un mensaje reiterado en las conferencias de FIEL por parte de los expositores que evalúan la evidencia internacional, confirmada en particular para las economías latinoamericanas, así como para los eventos de alta inflación de la Europa de posguerra y para Israel, entre los más conocidos. Solo la Convertibilidad y los procesos de dolarización muestran una convergencia más rápida, en procesos desesperados de hiperinflación desatada.

En su conferencia para FIEL el pasado 12 de noviembre, Ernesto Talvi analizó las diferencias y similitudes que presenta el plan de estabilización de Argentina con el de Uruguay de comienzos de los ’90. Y si bien los “detalles” de las diferencias de contexto y, en menor medida, de políticas deben ser tomados en cuenta, la advertencia acerca de la coordinación de políticas y tiempos necesarios para un descenso estable de la inflación y el ordenamiento macroeconómico está vigente para nuestro país. Para Uruguay fueron necesarios casi 8 años hasta llegar a perforar el nivel de 10% anual. Para la Argentina, es probable que se requieran menos años, pero resulta claro que ello no ocurrirá en 2026 y muy posiblemente tampoco en 2027. La “normalidad” exige cambios profundos. Se requiere disciplina, perseverancia y tiempo, como el que invirtieron Chile, Uruguay, Brasil, Israel, Perú, Paraguay.

En primer lugar, se requiere tiempo porque la tasa de inflación no es independiente del sendero de reformas en que está ingresando la Argentina, que incluye el desarme y nueva estructura para la política de subsidios -en particular en transporte y distribución de electricidad, gas y agua-. A ello se suma la necesidad de encarar cambios en las regulaciones (leyes en particular) que hacen a una mayor competencia en los mercados de factores y productos. Y también depende de los tiempos que lleve el ajuste y restructuración del gasto compatible con la reestructuración de la política tributaria.

El desarme del régimen de subsidios, en efecto, no ha terminado y su impacto todavía se hará sentir por algún tiempo. La reducción de subsidios explica en parte el aumento de los precios regulados que se mantiene con pocos cambios mes tras mes, y requiere que esos precios vayan un tiempo más por arriba de la inflación total. La inflación en regulados fue en promedio 2,36% mensual entre enero y octubre, pero 2,63% mensual entre agosto y octubre, y se mantendrá por arriba del 2% en los últimos dos meses de 2025 y quizás buena parte de 2026. Si bien el peso de regulados no es alto en forma directa, los incrementos tarifarios tienen también impacto indirecto sobre otros precios.

El cambio de precios relativos cuando todos los precios crecen a un ritmo dado requiere que los que deben subir en términos reales lo hagan a tasas mayores por algún tiempo, o que esos sectores mejoren drásticamente su eficiencia (algo indispensable en el sector de transporte de pasajeros, para no requerir tarifas prohibitivas para servicios ineficientes). Esto último exige mucha inversión y reestructuración. ¿Está disponible ya para evitar que se perpetúen las subas diferenciadas de precios?

En lo que hace a la reducción de impuestos, la baja de las retenciones a las exportaciones tendrá en el futuro un impacto directo ascendente sobre los precios, aunque favorezca la reasignación de recursos y una mayor eficiencia que derive a mediano plazo (pero no en lo inmediato) en menor inflación. En el mismo sentido, en el corto plazo el aumento de impuestos a los combustibles presionará sobre los precios, aunque a la larga mejore la calidad del sistema tributario al reemplazar otros tributos. La formalización de la economía, a su vez, implicará en el corto plazo -en la medida que se avance en ello- que algunos precios suban al ser gravados efectivamente y otros caigan (los que desaparecen como informales), con lo que las mejoras de eficiencia finalmente prevalecerán, pero solo a mediano plazo. Todos estos movimientos son necesarios para mejorar la eficiencia, pero se empieza por pagar algún costo.

La reforma del gasto público tanto a nivel subnacional -provincias y municipios- como de la Nación facilitaría el proceso de ajuste del sector privado, y por dicha vía consolidaría la estabilización macroeconómica. Sin embargo, cuanto más se demore en implementar reformas, más largo y traumático será el proceso de ajuste para el resto de la economía, más lenta la reducción de la presión tributaria, y mayores los desequilibrios que impactan sobre la inflación. La apertura de la economía juega a favor de una reducción de precios por vía de mayor competencia, pero no necesariamente implica menor inflación. Más allá del efecto one-off de la eliminación de trabas paraarancelarias y la reducción de aranceles al comienzo del proceso que ayuda a acelerar la baja de la inflación en esos primeros años, al cabo de un tiempo (tercero o cuarto año) la menor inflación estará asociada al equilibrio macroeconómico y al diseño regulatorio en los mercados de factores y productos que prevalezca.

Una eventual reforma de la legislación laboral, en caso de ser lo suficientemente profunda como para mejorar los contratos haciéndolos más flexibles puede contribuir a mejorar la reacción de la oferta en el ciclo económico -se pierde el miedo a contratar- y por lo tanto favorecer el ajuste más rápido entre oferta y demanda que muchas veces es causa de aceleración inflacionaria en el corto plazo. Ello requiere flexibilizar el contrato por tiempo indeterminado -bajar drásticamente la incertidumbre sobre los costos de ruptura y la capacidad de modificación del contrato- y facilitar los contratos cortos (no riesgosos, en términos de ser transformados en contratos largos por litigiosidad en la justicia). Todo ello puede resultar más importante que bajar unos puntos el costo directo de contratación.

La calidad de la reforma laboral (o de las reformas laborales que se vayan acumulando en el tiempo) será determinante para saber si la Argentina, tras el proceso de reformas macro y microeconómicas en marcha, puede aspirar a una economía con altas tasas de crecimiento manteniendo una oferta diversificada y estabilidad de precios.

Alcanzar niveles de inflación “normal” está al alcance de la Argentina, como lo ha estado para países con larga historia de desequilibrios. Pero luego de la baja inicial se requiere intensificar y perseverar en los esfuerzos. Como en el proceso de cosecha, luego de obtener los frutos que están más abajo en la planta hay que empezar a estirar los brazos y subirse a una escalera para cosechar los frutos más altos.

Es muy importante tomar conciencia de que el éxito del actual programa de estabilización y de reformas no se medirá en meses sino en años, y que el camino recién se está abriendo. Y que la estabilización en materia de precios –tal como enseña la experiencia internacional– depende del avance de todo el programa de reformas, no solo de una porción del mismo.

El autor es Director y Economista Jefe de FIEL. Esta nota se publicó en Indicadores de Coyuntura 681 de FIEL