Reforma laboral y creación de empleo

El Gobierno nacional presenta su proyecto de reforma laboral como uno de los grandes pilares de su gestión. Según ha afirmado el propio Presidente, la nueva normativa plantea reformas sustanciales en las condiciones y modalidades de trabajo, lo que beneficiará a las PyMEs, las empresas grandes y a “cientos de miles de trabajadores” que pasarían a la formalidad en el sector privado.

Ahora que se conoce la letra chica de la iniciativa es momento de preguntarnos si realmente está abordando las causas reales del problema para generar el cambio de paradigma que se necesita para incentivar el trabajo registrado o si sólo se está escondiendo una lucha de poder entre el empresariado, las cámaras empresariales y los sindicatos.

Informalidad laboral

El proyecto de ley y diferentes figuras de la política ponen en el centro de la escena a la informalidad laboral. Y lo bien que hacen: según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del último trimestre de 2024, el empleo no registrado en Argentina alcanza al 46% de quienes trabajan.

Lo cierto es que la informalidad laboral es un problema multicausal, que atraviesa la estructura empresarial de cada sector de la economía, el nivel socioeducativo de nuestra sociedad, la mayor o menor presencia de trabajo familiar, la consideración del trabajo en apps y plataformas, la debilidad de nuestro sistema de seguridad social en su conjunto y la falta de formación profesional permanente dirigida a quien tiene o busca empleo.

Este escenario, sumado a la falta de articulación entre el sistema educativo y el mundo del trabajo, nos hace débiles frente a cualquier intento de formalización laboral. En consecuencia, los incentivos de la propuesta oficial para generar empleo registrado por sí solos pueden presentar mejoras temporales, pero no van a generar las condiciones de base que requiere este problema multicausal para ser superado.

Por supuesto, es necesario allanar el camino para que todas las empresas -grandes y pequeñas- puedan generar empleo formal sin tener que desangrarse, pero nunca va a existir una formalización laboral sin un compromiso de control estatal y una modernización del sistema educativo, entre otras cuestiones. El Estado ausente es partícipe necesario de la informalidad.

Reducción de contribución patronal

Otro punto importante para detenerse en el análisis en profundidad del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo es el Artículo 76, que propone una reducción de la contribución patronal al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) del 3%. ¿Estamos realmente en condiciones de avanzar en la desfinanciación del sistema de jubilaciones y pensiones?

Nos encontramos con un sistema de seguridad social que atraviesa una situación cuasi terminal por las sucesivas moratorias, los bajos ingresos de los asalariados y una enorme cantidad de sistemas preferenciales que atentan contra el principio de solidaridad que debe guiar nuestro sistema.

Frente a este escenario, sería una buena práctica analizar cuáles son los grupos etarios y de género que se verían más afectados por la reducción en la contribución patronal propuesta en la reforma laboral. Las mujeres, que arrastran desde siempre una situación de desigualdad tanto en el acceso al empleo registrado como a los cargos jerárquicos más importantes de las empresas, no deben estar contentas con estas modificaciones.

Trabajadores de plataformas

Otra cuestión que amerita que nos detengamos es la de los trabajadores de las plataformas. No son todos iguales: por un lado están los ocasionales, que se conectan algunas horas o días por semana, y después están aquellos que hacen de este trabajo la base de su economía.

Esta situación plantea una problemática más profunda que la estipulada en el proyecto, ya que cargar con todas las obligaciones tributarias por su trabajo sobre las espaldas de los trabajadores de plataformas no pareciera ser la solución más justa.

La creación de un sistema similar al Estatuto del Personal de Casas Particulares y un sistema de aportes y contribuciones integrados por quienes revisten la condición de empleadores -las plataformas-, sujeto a la cantidad de horas de conexión, podría ser una mejor opción y fortalecería los ingresos de la seguridad social. En tanto, permitiría considerar al trabajo de las plataformas como un empleo decente (formalizado, con cobertura social y de riesgos del trabajo).

Es un gran paso poner sobre la mesa las dificultades que enfrentan los diferentes actores para sumar trabajo registrado. De todas formas, modernizar el mercado laboral no puede limitarse a bajar costos ni a desfinanciar la seguridad social. Una verdadera reforma con resultados a corto y largo plazo debe atacar todas las causas del problema. Flexibilizar no es sinónimo de crear empleo.