
El radón es un gas noble, radioactivo e invisible que proviene de la cadena natural de desintegración del uranio presente en el suelo. Aunque no lo veamos ni lo olamos, puede acumularse en los edificios y representar un riesgo para la salud, especialmente como una de las principales causas de cáncer de pulmón después del tabaco.
En el contexto argentino, solo la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) realiza mediciones de radón en instalaciones reguladas por ella, asociadas al ciclo del combustible nuclear y en viviendas cercanas a estas, en el marco de programas de vigilancia radiológica ambiental. Además, desde la década de 1980, ha desarrollado campañas de medición en distintas regiones del país, generando información valiosa sobre los niveles de radón residencial en Argentina, pero no hay un mapa de radón ni está definida claramente una autoridad competente en el tema de los NORM (Naturally Occurring Radioactive Material).
Es decir, si bien la ARN ha realizado y realiza ciertas mediciones en áreas específicas, hasta ahora no se ha implementado una estrategia oficial a gran escala que aborde la medición sistemática del radón en todo el país.
En Argentina, la medición de radón en interiores es una tarea largamente postergada, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido reiteradamente sobre los peligros del gas radón. Según estudios como el de Miles y Appleton (2015) publicado en Journal of Radiological Protection, el radón no es un problema exclusivo de regiones montañosas. De hecho, investigaciones realizadas en países como el Reino Unido han demostrado que las concentraciones de radón pueden ser significativas incluso en terrenos llanos, dependiendo de factores como la geología local y las características de construcción.
Esto significa que la falta de vigilancia en Argentina deja un vacío en la protección de la salud pública. Países como Estados Unidos han establecido recomendaciones claras a través de la EPA, (Environmental Protection Agency) y la Unión Europea ha legislado al respecto en la directiva 2013/59/Euratom, obligando a medir y mitigar el radón en diversas edificaciones.
Nuestro país debe comenzar a implementar prácticas similares ya que la inacción en la medición de radón puede traducirse en un riesgo silencioso para la salud de los argentinos. Con la evidencia científica en mano, es hora de que empecemos a considerar seriamente el radón como un tema de política de salud pública, incluso en nuestras llanuras.
El panorama internacional ya ha demostrado con cifras contundentes la gravedad de la exposición no controlada al radón. La OMS señala que el radón es la segunda causa principal de cáncer de pulmón a nivel global, solo por detrás del tabaquismo. Estudios como el de Darby et al. (2005) en el British Medical Journal muestran que incluso niveles moderados de radón pueden aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Países como Estados Unidos, Suecia o Canadá han demostrado que ciertas regiones, incluso en zonas llanas, presentan niveles de radón que requieren intervención.
En mi experiencia, como profesional de la salud, he visto cómo la conciencia sobre el radón todavía es limitada y cómo, con un poco más de información, podemos proteger mejor a nuestras familias y trabajadores. De hecho, mi interés por este tema viene de años dedicados a la salud pública y a la radioprotección , en mi actividad privada y creo firmemente que al incorporar estos aprendizajes globales a nuestra realidad local, estamos dando un paso importante para cuidar a nuestra gente.
Lo que el mundo ya aprendió y Argentina necesita saber
En cuanto a las poblaciones de riesgo, se incluyen quienes viven o trabajan en edificios con sótanos mal ventilados, en escuelas antiguas o en edificaciones sobre suelos con cierto contenido natural de uranio. Además, el personal de los subtes, y trabajadores de minas también forman parte de este grupo vulnerable. Un ejemplo local es el caso de la mina La Carolina en San Luis, Argentina, donde se han documentado niveles elevados de radón y se han publicado estudios sobre los daños potenciales para la salud de los trabajadores expuestos. Esto subraya que incluso en nuestro propio país ya hay antecedentes que demuestran la necesidad de tomar este tema en serio.
En definitiva, la urgencia de actuar radica en que cada año de inacción deja a más personas expuestas a un factor de riesgo prevenible. Es hora de integrar el radón en nuestras políticas de salud pública y seguir el ejemplo de aquellos países que ya han dado el paso.
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