El fin de las viejas categorías: integrar enfoques para una política de drogas efectiva

Thomas Kuhn sostenía que un paradigma solo se derrumba cuando acumula tantas anomalías que deja de servirnos como lente. Entonces ya no explica, ni ordena, ni orienta. Hay palabras que envejecen mucho más rápido que las cosas que buscan nombrar. Algunas categorías se vuelven obsoletas y un estorbo, y en ese momento necesitamos algo nuevo para interpretar la realidad. Esa es la transición de paradigma que describe Kuhn: cuando las viejas palabras dejan de ser herramientas y se convierten en lastre, en peso muerto.

En el campo de las políticas sobre drogas viene sucediendo algo similar. Durante años hemos dividido las estrategias en dos categorías abarcativas: reducción de la oferta y reducción de la demanda.

Reducir la oferta significa limitar la producción y el tráfico de drogas mediante controles policiales, judiciales, aduaneros e inteligencia criminal. Reducir la demanda apunta a prevenir el inicio del consumo, promover la asistencia y recuperación de las personas con adicciones, apuntalar la reinserción social y disminuir los daños.

Ambas son necesarias: una busca frenar la disponibilidad, la otra reducir la vulnerabilidad y el impacto en la sociedad. Sin embargo, y aunque el discurso oficial siempre las presentó como complementarias, en la práctica funcionaron de manera aislada y eso impidió la construcción de estrategias realmente integrales.

Hoy, esas dos categorías, útiles en el momento de su génesis, resultan insuficientes para fenómenos que no reconocen fronteras rígidas. El auge de las drogas sintéticas lo demuestra con claridad: sustancias que se producen en laboratorios dispersos y móviles, que circulan simultáneamente por canales lícitos e ilícitos, y que alcanzan a consumidores cuya vulnerabilidad está atravesada por factores sociales, culturales y tecnológicos cada vez más complejos. En este contexto emergente, el viejo esquema de separar “oferta” y “demanda” ya no ofrece respuestas efectivas, del mismo modo que las tradicionales clasificaciones de tránsito, producción y consumo se vuelven obsoletas porque fragmentan una realidad que en el territorio se muestra entrelazada.

El problema emergente de las sustancias de síntesis (como el fentanilo) representa una amenaza radical para la salud pública, la seguridad y la cohesión social a nivel internacional, regional, nacional y local. Asimismo, introduce un reto cultural y político.

Cultural, porque modifica patrones de consumo al incorporar sustancias de bajo costo, alta disponibilidad y efectos impredecibles que llegan con rapidez a poblaciones jóvenes y urbanas. Político, porque obliga a los Estados a repensar sus marcos de control, cooperación intra-agencias, vigilancia y estrategias preventivas.

La comprensión se vuelve difusa: ya no está claro qué sustancias se deben controlar, qué consecuencias sobre la salud se intentan prevenir ni a qué actor corresponde cada responsabilidad. Esa opacidad es lo que nos muestra que estamos ante un paradigma en crisis.

Pero el debate no es nuevo. Hace ya un tiempo que existe cierto consenso en reformular la forzada compartimentación oferta/demanda para orientar las acciones hacia un enfoque mucho más holístico e integrador, en el que la lógica de reducir la oferta y la demanda comience a funcionar como un sistema de vasos comunicantes, en el que los avances en un frente potencien los resultados en el otro (y viceversa).

Dicho de otro modo, sabemos que trabajar sobre la prevención temprana reduce la demanda de sustancias, recorta el mercado del narcotráfico y contribuye a mejorar los índices de seguridad ciudadana. Del mismo modo, poner el énfasis en la reducción de la oferta y venta de sustancias posibilita limitar la disponibilidad, encarecer el acceso y desincentivar el inicio en nuevos consumidores. Esto también debilita la capacidad de las redes criminales de expandirse en territorios vulnerables y abre espacio para intervenciones comunitarias sostenidas.

Por eso, el desafío actual no es elegir entre enfoques, sino articularlos dentro de un nuevo paradigma integral que supere las viejas dicotomías.

La tríada de la salud pública aplicada a la problemática de las drogas (objeto, sujeto y contextos) ofrece una posible vía para rediseñar y estructurar este incipiente nuevo paradigma. Ya no se trata de centrarnos en el objeto “drogas” (reducción de la oferta) o en las modalidades de relación que las personas establecen con ese objeto (reducción de la demanda). Si desplazamos la mirada hacia los contextos donde se producen, ofrecen, comercializan y consumen sustancias, podremos generar respuestas mucho más inteligentes: cooperación interinstitucional, urbanismo preventivo, entornos educativos fortalecidos y participación comunitaria como pieza clave.

Como dije anteriormente, no es cuestión de optar por oferta o demanda, sino de construir políticas que integren ambas dimensiones dentro de una estrategia de seguridad, salud pública y desarrollo social, y que incorpore la dimensión comunitaria.

Esta conexión no significa perder autonomía por parte de las agencias gubernamentales ni subordinar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en territorio a una lógica estatal rígida, sino establecer un intercambio bidireccional. El vínculo entre comunidad organizada y política pública termina potenciando la capacidad de respuesta y evita que las medidas nacionales se desconecten de la realidad local.

El Plan Bandera en Rosario constituye una experiencia ilustrativa de lo que puede significar un nuevo paradigma integral. El operativo articuló a la SEDRONAR, dentro de su marco de acción limitado dentro del Ministerio de Salud, con la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad en un esquema de intervención dual: la recuperación de espacios públicos y la contención territorial por parte de las fuerzas de seguridad, junto con la implementación de dispositivos comunitarios de prevención, asistencia y acompañamiento.

Este modelo permitió accionar de manera simultánea sobre los mercados ilegales y sobre la vulnerabilidad social, evitando que la lógica de la seguridad quedara desligada de la lógica socio-sanitaria. Aunque todavía incipiente y con limitaciones en cuanto a su escala y sostenibilidad, la experiencia dejó un aprendizaje central: los resultados se potencian cuando la reducción de la oferta y la reducción de la demanda se piensan como parte de un mismo proceso y se anclan en la comunidad. El desafío pendiente es consolidar estas prácticas con organismos jerarquizados, presupuestos adecuados y coordinación estable, para que dejen de ser esfuerzos aislados y se conviertan en verdaderas políticas de Estado.

El viejo paradigma ya no alcanza: ni explica, ni ordena, ni orienta. Frente al fenómeno global de las drogas sintéticas, seguir aferrados a categorías obsoletas resulta suicida.

La oportunidad está en animarse a escribir nuevas palabras desde las políticas públicas, palabras que solo cobrarán sentido si nacen de la experiencia, la voz y la fuerza de la comunidad organizada.