Recuperar el valor de la palabra

En tiempos en que la palabra “política” parece devaluada y se reemplaza el argumento por el insulto y la agresión, la palabra pierde su valor como instrumento de diálogo, de construcción y de compromiso, y lo que se deteriora es el pacto democrático mismo. La palabra debe volver a ser compromiso, debe volver a ser testimonio de integridad. Sin confianza en que lo que se dice se cumple, ningún plan económico ni social tendrá legitimidad ni sustentabilidad.

La corrupción volvió a estar en el primer lugar de preocupación en las encuestas. Los hechos que involucran a funcionarios nacionales y laboratorios con sobreprecios -filtrados en audios de dudoso origen, pero nunca desmentidos-, como así también las lentes para el PAMI sobrevaluadas vuelven a poner en evidencia una trama de favores y sobreprecios que indignan y corroen la confianza social.

No se trata solamente de números mal manejados o de contratos inflados: se trata de derechos vulnerados y de la indignidad de lucrar con los más frágiles. Desnuda la degradación de un Estado que debería cuidar a los más vulnerables, y lejos de ello les suelta la mano y les roba a sus espaldas. No hablamos solo de irregularidades administrativas, hablamos de un saqueo que atenta contra la dignidad de quienes más necesitan protección.

La corrupción vinculada al poder y a los laboratorios no es una anécdota aislada, es un síntoma. Muestra cómo un Estado colonizado por intereses particulares puede transformarse en una máquina de expoliación antes que en un garante de derechos. Y revela, también, que el equilibrio fiscal no se construye ni sostiene si no hay equilibrio moral.

A esto se suma que los organismos de control (UIF, SIGEN, SIDE, OA entre otros) —que deberían prevenir y sancionar la corrupción— han sido desarticulados o cooptados por gente sin idoneidad ni independencia de acción. La corrupción no se combate con discursos indignados. Se combate con transparencia en la gestión, con organismos de control fortalecidos, con reglas claras en las compras públicas, con protección efectiva a denunciantes y con una justicia que actúe sin dilaciones.

Como si fuera poco, en medio de estos episodios, asistimos a un avance preocupante sobre la libertad de expresión, que es un derecho constitucional que tienen los que informan y los que queremos ser informados. La denuncia presentada por la ministro Patricia Bullrich para allanar a periodistas configura un caso de censura previa, inadmisible en una democracia que se precie.

Por eso, más allá de la indignación que generan estos hechos, es evidente que al Gobierno no le interesa o no cuenta con un plan que pueda combatir la corrupción desde la raíz. En la Coalición Cívica hemos siempre luchado contra este flagelo y nos encontramos trabajando un plan integral para erradicarla que sea creíble, con instituciones capaces de investigar sin presiones; medible, con indicadores públicos que muestren avances reales; y comunicable, para que toda la sociedad sepa qué se hace y cómo se controla a proveedores, contratistas y también a quienes administran recursos públicos.

La indignación ciudadana debe transformarse en una energía cívica positiva con la que podamos recuperar el valor de la palabra y devolverle su condición de compromiso. Que cuando se hable, se hable para construir y no para destruir. Que cuando se gobierne, se gobierne con honestidad y no con complicidad. Que cuando se legisle, se debata argumentando, no insultando. Que cuando se juzgue, se lo haga bajo el imperio de la Ley, no de la amistad o el favor.

Solo así podremos afirmar que la “política” recupera dignidad. La corrupción y la impunidad ya no serán socios y la Argentina recuperará su sentido de grandeza y el rumbo del que nunca se debió desviar.