Cómo está cambiando la Justicia Federal (y por qué es una buena noticia)

Durante décadas, el proceso penal federal argentino funcionó bajo un esquema escrito (lleno de papeles), oscuro, complejo y lento. En ese contexto, la implementación del sistema acusatorio, prevista en el Código Procesal Penal Federal (C.P.P.F.), representa uno de los avances más significativos de los últimos años. Este cambio —progresivo, técnico y respetuoso de los actores judiciales— se basa en un principio elemental: lograr una justicia más accesible, clara y eficiente.

Impulsada con firmeza por el Ministro de Justicia de la Nación, Dr. Mariano Cúneo Libarona, acompañada institucionalmente por la Corte Suprema, la Procuración General de la Nación, la Defensoría Pública y muchos protagonistas, la implementación del nuevo modelo se encuentra en una etapa de avanzada. Actualmente ya rige en varias jurisdicciones del país y está previsto que por fin comience a regir en los tribunales federales de Comodoro Py —y en el fuero penal económico— a partir del 11 de agosto.

El Sistema Acusatorio, cuya implementación fue dispuesta por la Ley 27.150 -sancionada en 2015-, estará vigente en todo el país en el próximo año.

¿Qué propone el sistema acusatorio?

El Código Procesal Penal Federal trae mucho más que una reforma técnica. Se trata de una nueva forma de entender la justicia penal: más ágil, más transparente, más rápida y más accesible para los justiciables.

El corazón del sistema acusatorio está en la separación de roles:

• El fiscal lidera la investigación, selecciona los casos y formula la acusación.
• El juez actúa como árbitro imparcial, sin intervenir en la prueba, resolviendo conforme las pruebas y teorías del caso de cada parte.
• La defensa participa desde el inicio y puede controlar el proceso en tiempo real.
• La víctima tiene un lugar activo: puede ser oída, aportar prueba, participar.

De esta manera, se logra que el expediente deje de ser una sucesión de escritos acumulados y se convierte en un proceso dinámico, donde los argumentos se exponen frente a frente, con más oralidad, inmediación, desformalización, visibilidad, control y menos margen para las dilaciones sin fundamento.

Resultados concretos:

Sin ánimos de crítica, todos conocemos alguna causa penal que, desde su inicio hasta su finalización, duró años o incluso décadas. El nuevo sistema trae plazos razonables:

• Investigación preliminar: duración máxima de un año, con la posibilidad de habilitar seis meses de prórroga.
• Etapa intermedia: hasta 30 días de extensión.
• Etapa de juicio oral: hasta cinco meses.

 Traducido: cualquier causa, por más compleja que sea, no podrá extenderse por más de cuatro años.

Los datos lo confirman. En distritos como Salta y Jujuy, el sistema acusatorio resolvió el 82 % de los casos en tres años y medio. Bajo el sistema mixto, ese número apenas alcanzaba el 43%. Casi el doble de efectividad.

En Rosario, donde la implementación comenzó el 6 de mayo de 2024, los avances son medibles:

 • Se duplicó la cantidad de causas finalizadas en un año.

 • Más del 52 % de los casos se resolvieron mediante salidas alternativas (probation, juicio abreviado).

 • Solo el 3 % llegó a juicio oral (en las causas importantes).

 • Las audiencias preliminares se celebran, en promedio, a los cinco días hábiles del requerimiento.

Juicio por jurados: una política de Estado que acerca la Justicia a la gente

Otra herramienta que es importante para la Justicia y gana protagonismo es el juicio por jurados, impulsado por el Gobierno Nacional desde el Ministerio de Justicia, en una importante comisión asesora, como parte de una política criminal orientada a democratizar el proceso penal -cumpliendo con la manda constitucional vigente desde 1853-.

Los jurados no solo aportan diversidad y sentido común: también refuerzan la legitimidad de los fallos y acercan el sistema judicial a una ciudadanía que muchas veces lo percibe como distante o inaccesible.

¿Por qué la sociedad tiene que saber esto?

El Código Procesal Penal Federal no es un tema reservado a especialistas. Nos afecta a todos.

Porque define cómo se investigan los delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas o la corrupción.

Porque determina si las causas se resuelven en meses o quedan atrapadas en laberintos procesales.

Porque una justicia que funciona bien no solo castiga cuando corresponde: también repara, previene y genera confianza.

El futuro ya empezó

Ignorar el cambio sería perpetuar un sistema que ya no responde a las demandas actuales. Por eso, este proceso de implementación progresiva —basado en planificación, coordinación interinstitucional y resultados medibles— debe ser entendido como una oportunidad. Nada debe impedirlo. Es falso que no existan recursos o estructura. Se puede.

La sociedad no solo se verá beneficiada con una Justicia más eficaz. También será, cada vez más, quien le exija a la Justicia que actúe, que funcione, que rinda cuentas.

Y eso, en tiempos de desconfianza generalizada, es una gran noticia.