
Vuelve a sonar el rumor de una ampliación de la Corte Suprema. Ya hay presentados diversos proyectos de algunos senadores, en especial kirchneristas, mientras el oficialismo mantiene un sospechoso silencio. Tal vez el rechazo del Senado a los candidatos de Milei haya persuadido a este de buscar una negociación con quienes responden al liderazgo de Cristina Kirchner, cuya condena ha quedado firme y comienza su cumplimiento en prisión domiciliaria. Para destrabar esa cuestión, que requiere una mayoría calificada que LLA está lejos de alcanzar, una posible vía sería que con un tribunal de más miembros cada sector pueda ubicar a juristas afines.
Pero sería una mala idea. Nunca es saludable un cambio abrupto en la composición de la Corte. Ya hemos hecho en otras oportunidades alguna reseña de los estropicios que se perpetraron desde mediados del siglo XX con nuestra Justicia.
Juan Domingo Perón promovió el juicio político a cuatro de los cinco jueces de la Corte apenas llegó a ser presidente constitucional (el quinto, Tomás Casares, había sido designado por el gobierno de facto del que era figura protagónica el propio Perón). Eso le permitió contar luego con una Corte no solo amigable, sino vergonzosamente genuflexa.
Carlos Menem, que no tenía las mayorías para realizar el juicio político que permitiera la destitución de algunos de sus integrantes, apeló a la ampliación de la Corte, respecto de lo cual solo se necesita mayoría simple. Néstor Kirchner, a su turno, consiguió las mayorías necesarias para remover por juicio político a algunos miembros.
Rodolfo Barra, el anterior Procurador del Tesoro, había manifestado su preferencia por una Corte de nueve jueces, como los que había cuando Menem amplió el máximo Tribunal que justamente aquél integró. El antecedente inmediato es un proyecto de Alberto Fernández, que obtuvo media sanción del Senado. En ese momento, la mayoría peronista acordó elevar el número a quince. Inicialmente proponían la friolera de veinticinco, pero el proyecto no prosperó en la Cámara de Diputados. Ante ese fracaso, el kirchnerismo, en su hora crepuscular, intentó formar juicio político a todos sus integrantes, lo que dio lugar a un espectáculo bochornoso en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Esa farsa no tenía destino, porque no se contaba con las mayorías necesarias, pero intentó, sin éxito, desviar la atención de la grave situación económica y social.
La Constitución no precisa el número de ministros de la Corte. Lo deja librado a la decisión del Congreso. Ese número hoy es cinco. Podría ser nueve o quince. La cuestión no se puede analizar en abstracto, porque lo que verdaderamente importa es que no haya cambios abruptos en la composición del tribunal, que puedan favorecer a un determinado sector político.
Es cierto que el requisito de una mayoría de dos tercios de los presentes para el acuerdo del Senado dificulta la designación de jueces en la Corte, sobre todo cuando la fuerza política del presidente no es mayoritaria en ese cuerpo. Pero el propósito de la Constitución es que los designados sean fruto de un amplio consenso. Si hay buena fe, podrá haber dos juristas de prestigio intachable, sin espíritu partisano, que no puedan ser objetados por sus calidades intelectuales ni morales. Todos deberían ceder algo. No serán los que representen fielmente las ideas del gobierno ni de ninguna de las diversas oposiciones. Sin embargo, si reúnen esas condiciones de formación, trayectoria, independencia y honradez, contribuirán enormemente a fortalecer la confianza pública en el poder judicial.
Por el contrario, el recurso a la ampliación súbita de la Corte Suprema solo estará rodeado de sospechas. El alto tribunal, con su reducida actual composición, acaba de dar un magnífico ejemplo de apego a la Constitución, de independencia y de republicanismo al confirmar, con sólidos argumentos jurídicos, la condena a Cristina Kirchner por delitos de corrupción. Sería lamentable que, en ese marco, se deteriorara su imagen por un nuevo intento de manipulación.
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