El próximo gobierno tiene que profesionalizar los directorios de empresas públicas

El próximo 13 de agosto se realizarán en Argentina las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para todos los espacios políticos que dirimen sus candidatos a presidente, vicepresidente, diputados y senadores. Los resultados de esas elecciones marcarán el verdadero inicio de la campaña electoral para decidir quién se hará cargo del gobierno nacional por cuatro años. Uno de los tantos aspectos de los que habrá que ocuparse será la gestión de las empresas públicas. ¿Habrá un estilo de continuidad o un cambio de aire?

Veamos. El déficit actual de las empresas públicas nacionales, financiado por el Tesoro nacional, es de alrededor de USD 7.000 millones. Se trata de un verdadero barril sin fondo por el que se va mucho gasto político y corrupción, aprovechando su estructura jurídica propia de empresas privadas y no de entes públicos. En el medio hay un eslabón crítico: los directores de esas empresas, que avalan gasto político disfrazado de gasto productivo.

Desde la teoría de la gobernanza corporativa, hablar de “empresa pública” es prácticamente un oxímoron. Es que las empresas son personas jurídicas privadas, con objetivos y finalidades particulares, definidas por sus directorios. El estado, en cambio, sólo debe perseguir el bien común o general, nunca un bien particular. Por lo tanto, las empresas públicas se inscriben en un terreno gris que, normalmente, se tiñe de negro.

¿Por qué se crean sociedades anónimas de propiedad estatal? Básicamente, porque se busca que su administración sea más ágil y flexible y no tenga los impedimentos propios de las burocracias públicas. Pero ello es, en sí mismo, toda una declaración de culpabilidad implícita. ¿Quiénes son los encargados de tramitar esas flexibilidades? Los directores de las empresas públicas. A ellos, el poder político que los designa les exige forzar los límites y, como la legislación privada que los regula les permite cierto margen de acción, siempre se cae en un territorio controversial.

Al fin y al cabo, si los “accionistas” de estas empresas –que no son sino los políticos que designan a los directores–, no les reclaman a sus designados directores y los protegen, la mayoría de los asuntos pueden quedar soslayados y pasados por alto. Esta es la ventaja de la zona gris, tan apreciada por el poder político.

¿Cómo se solucionan estos riesgos? Muchos países avanzaron con legislaciones que impiden designar en esos cargos a familiares o políticos, obligando a exigir cierta profesionalización en los candidatos. Esto se logra apelando al mercado de directores independientes, muchas veces certificados por institutos profesionales de directores, para asegurarse de que las empresas tendrán conducciones íntegras y profesionales. Otras veces se hace pública cierta porción del capital de esas empresas, para que sean los propios mercados de capitales los que exijan rendición de cuentas. Al fin y al cabo, actualmente aquellos mercados de capitales bien robustos terminan siendo más exigentes que los propios organismos públicos de contralor. Otras veces se privatizan empresas, total o parcialmente, con los mismos fines.

En Brasil se aprobó unos años atrás una ley restrictiva para designar directorios de empresas públicas. El instituto de directores local IBCG tuvo un protagonismo crucial en su elaboración. Lamentablemente, al asumir el actual gobierno de Lula da Silva este año se derogaron algunas de sus restricciones, en una conducta característica de América Latina: las restricciones están para luego no respetarlas .

En la Argentina, durante los ‘90 se apeló a cortar por lo sano y se privatizaron muchas empresas. En este siglo, sin embargo, se aprovechó la nueva estructura societaria que habían adquirido las privatizadas, que es la propia del sector privado, para expropiarlas y, sin cambiar esa forma jurídica, transformarlas en el patrimonio privado de los funcionarios de turno. El déficit actual es una excelente medida de cuán atractivo es ese patrimonio transformado en botín político.

El nuevo gobierno que asuma a fin de año tendrá que tomar medidas drásticas nuevamente. Las propuestas más radicales apelan a usar la “motosierra”, es decir, privatizarlas por completo y quitar el problema del ámbito público. Si no se logran propuestas menos radicales pero convincentes, ésta será la iniciativa más atractiva para el electorado.

Crear un organismo (¿más burocracia?) con un mecanismo público y profesional de selección y designación de directores independientes para las empresas públicas es el camino más razonable y factible. Algo en esa dirección se había iniciado en el gobierno de Macri, bajo la conducción de Sebastián López Azumendi en la Jefatura de Gabinete, por lo que ya hay algunos pasos dados.

En el país existen muchos directores profesionales formados. El IGEP tiene más de 600 directores capacitados en los últimos 20 años. Este año, junto con IDEA y acompañados por la Bolsa, la Cámara de Sociedades, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Colegio Público de Abogados, lanzará su Certificación Profesional de Directores de Empresas, como lo hacen muchos de sus institutos hermanos en todo el mundo. Esta tendencia a la profesionalización está principalmente orientada a las empresas cotizantes, pero puede aplicarse con igual eficacia en empresas con acciones en manos del estado o de participación estatal. En última instancia, se trata de conducir empresas de manera profesional.

El autor es Presidente del Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública (IGEP)

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