A menudo se dice que existe una grieta en la agenda pública, un desfasaje entre el conjunto de problemas que verdaderamente preocupan a una sociedad en un momento determinado y los problemas considerados prioritarios por un gobierno. Abundan los ejemplos en torno a temas vinculados con las libertades y la ampliación de derechos (eutanasia, aborto, adopción homoparental, lenguaje inclusivo o la ESI), algunos más arraigados que otros en el imaginario social. Pero en esta breve reflexión voy a detenerme en un debate que a menudo parece zanjado desde los medios de comunicación, pero sobre el que aún existen importantes reparos a considerarlo como una demanda social genuina: la legalización de la marihuana.
Recojo algunos interesantes datos que arroja el segundo informe del Observatorio Pulsar.UBA, que busca identificar las principales posiciones de la sociedad sobre valores públicos en disputa desde una perspectiva de polarización y creencias sociales (ideas que han sido aceptadas o tomadas como verdaderas de acuerdo con algunas razones sociales, y que varían de acuerdo a un determinado contexto). El 64 por ciento de los argentinos está “poco/nada de acuerdo” con la legalización de esta droga. Hilando más fino en la composición porcentual, casi la mitad de la población (47 por ciento) está “nada de acuerdo”.
Si uno se introduce en el análisis de datos según el agrupamiento por franja etárea, nivel socioeconómico, zonificación y pertenencia política, se desprenden nuevas variables que apuntalan la idea de que la agenda sistémica y la agenda de gobierno transitan por andariveles separados, y que existiría un claro sesgo ideológico en la definición de políticas públicas en este campo.
Para empezar, es sumamente particular que no existan variaciones significativas en el rechazo a la legalización de la marihuana en función de la edad. Si bien el mayor desacuerdo se da en los mayores de 50 años, uno podría suponer que son los jóvenes adultos los que expresarían posiciones más favorables a esta flexibilización normativa. Esto no sucede.
Otro imaginario social, que el informe derriba con contundencia, tiene que ver con la vinculación tan común entre uso de drogas, delito y marginalidad. En este sentido, se partiría del prejuicio de que los sectores socialmente más vulnerables son los que debieran expresar niveles de aprobación más altos a la legalización de la marihuana. En contraposición, los sectores de alto poder adquisitivo se expresarían en sentido opuesto. La hipótesis es errónea: el 72 por ciento de los encuestados de nivel socioeconómico bajo está “poco/nada de acuerdo” con la legalización.
Del mismo modo, la mayor aceptación se da en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La legalización pareciera ser una preocupación esencialmente metropolitana, sin impacto dentro de la agenda de preocupaciones de los habitantes del Gran Buenos Aires o del interior del país.
La última segmentación del estudio “Creencias sociales” del Observatorio Pulsar.UBA. tiene que ver con una dimensión política-ideológica. En este sentido, el votante de Juntos por el Cambio expresa el mayor rechazo y el apoyo más bajo, mientras que el votante de La Libertad Avanza representa los niveles de mayor aprobación. Resulta particular que tratándose de un sector que se referencia en el mismo signo político de un gobierno que ha venido impulsando el renovado “enfoque de derechos” en materia de consumo de drogas, seis de cada diez votantes de Unidos por la Patria están “poco/nada de acuerdo” con la legalización.
Frente a este escenario descrito, resulta claro que existe un posicionamiento ideológico detrás de la forzada instalación en la agenda pública de un tema que no es prioridad para una enorme mayoría de personas en Argentina. Sin embargo, la obstinada persistencia de ciertos actores me empuja a pensar que lejos de tratarse de una cuestión de libertades individuales y ampliación de derechos, lo que existe es una predisposición a crear las condiciones para la expansión del nuevo gran tabaco de este siglo. Está en nosotros quitarle el disfraz progresista a este tipo de iniciativas corporativas, que sólo buscan hacer negocio a costa de la salud de miles y miles de personas.
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