Entre la justicia y la política ¿Qué forma tiene lo que nos falta?

Existe un sentido común, podríamos calificarlo como ampliamente común, en el que la relación entre justicia y política posee una connotación negativa. O, dicho en los términos de Genaro Carrió, se trata de un binomio que, cuando se encuentra, produce en el lenguaje un significado emotivo peyorativo.

Sin embargo, un simple ejercicio de detección, de verificación empírica, da cuenta de que es imposible concebir a la justicia fuera de la política, extirparla de ese terreno y ubicarla en la ficción de lo aséptico, de lo absolutamente neutral. Ahora bien, la propia afirmación que sostiene la vigencia de vínculos, de relaciones, entre justicia y política, implica que se trata de dos nociones diferentes, es decir, que designan campos distintos, se refieren o constituyen ciertas porciones de la realidad.

En ese marco, el desafío es pensar, precisamente, el “entre” la justicia y la política, y digo “entre” porque ello alude a un espacio, un intersticio, o quizás una abertura. En ese “entre” la justicia y la política es donde entiendo oportuno ubicar a gran parte de las discusiones de nuestro tiempo, como la persecución penal, la demanda de seguridad y, sobre todo, la narcocriminalidad. Situarlos en dicha zona reconoce, en definitiva, que ambos discursos –el de la política y el de la justicia- comparten allí una responsabilidad de pronunciamiento, configurativo de la acción.

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En “Democracia y consenso”, Raúl Alfonsín ya detectaba una primera gran ruptura en las concepciones tradicionales de política y democracia. Advertía que la técnica reemplazaba a la primera y, consecuentemente, la tecnocracia a la segunda. Es decir, le preocupaba la desaparición del contenido moral de estos conceptos tan caros para nosotros, los argentinos, y para Latinoamérica toda.

Sin embargo, hoy la inquietud de Alfonsín adquiere un valor singular, porque debe ser resignificada a la luz de nuevos fenómenos que afligen, lesionan, aquellos elementos constitutivos de las nociones fundantes de nuestro sistema político.

Después de la Guerra Fría, el crimen organizado sufrió una transformación de sus características en virtud de que se fortalecieron las formas de organización en red, lo que supuso un traspaso de poder hacia actores no estatales con capacidad de establecerse en tramas formadas por múltiples estructuras, a lo que contribuyó la revolución tecnológica, sobre todo en términos de acceso a la información y a la comunicación. Es decir, el crimen organizado desde la década de los 90´ registró como clave del éxito la flexibilidad y la versatilidad y, desde luego, encontró en el proceso de globalización y en la versión neoliberal de los Estados, un terreno fértil.

En América Latina, la narcocriminalidad se convirtió en la principal amenaza para la seguridad, abonada por una merma en la autoridad estatal, así como por las graves falencias en la gobernanza y en la gobernabilidad. A lo que debe adicionarse, como un factor nada despreciable, los altos índices de pobreza e inaccesibilidad a los derechos en general, que se traducen en escenarios de ausencia estatal. Es decir, un vacío a ser llenado. Y, como sabemos, cuando eso ocurre, cuando la política des-ocupa un sitio, la demanda de ocupación es satisfecha por grupos criminales.

En México, en el triángulo norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador, Guatemala), luego en Colombia y progresivamente hacia el sur, llenaron ese espacio actores híbridos transnacionales, con una lógica estructuralmente compartida, sin perjuicio de las particularidades que adquirieron en cada Estado.

Pero, no puede soslayarse que la complejidad del crimen organizado se explica hoy también, y sobre todo, desde la aquiescencia y complicidad estatal. La fisonomía actual del problema reviste una sofisticación cada vez mayor, ya no se explica con fórmulas simplificadas.

Perseguir los delitos comprendidos dentro del espectro de la narcocriminalidad requiere, ante todo, volver al “entre” la justicia y la política. Devolverle a la política lo que es de la política y a la justicia lo que es de la justica –o volver a reflexionar acerca los dominios semánticos de cada términos-. Esto es, habilitar la recuperación de lo que les es propio, si es existe propiedad sobre el lenguaje, por lo menos redefinir sus posesiones, sus opciones de reunión, de confluencia, así como de divorcio.

Digámoslo con Freud: lo que se pierde en las palabras, se pierde en las cosas, en los hechos. De tal modo, hay un primer gran paso que dar y es traer a la narrativa de la política una nueva ética, que se haga cargo de eliminar complicidades, y de posicionarse en la búsqueda de los sitios perdidos. Y, también, es urgente promover una gramática de la justicia anclada en la transparencia, la igualdad, el efectivo acceso, la rendición de cuentas.

La posibilidad real de pensar el “entre” la justicia y la política radica allí, en esa reivindicación. Porque el “entre” debe resultar de una deliberación amplia, ese puente, ese hueco entre estos dos pilares, se sintetiza en políticas de justicia, que fijen un horizonte y nos aparten de eso que Sartori llama “el camino hacia ninguna parte”.

En “Tiempo presente”, Beatriz Sarlo, se pregunta “¿qué forma tiene la falta?”. Debe haber algo que nos permita pensar en los contornos del vacío, de la deuda. ¿Qué forma tiene ese “entre” la justicia y la política?

Es una deuda, una demanda, con nuevos matices, pero razones viejas. Una sociedad no se sostiene sólo en sus instituciones, sino, y sobre todo, en la capacidad de que éstas generen expectativas de tiempo, de tiempo vivible, de tiempo nuevo, de tiempo digno. La política, la justicia, la seguridad ciudadana, quizás deban tener esa forma. Quizás esa sea la forma de lo que nos falta, y también la forma de lo que podemos lograr.

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