El esquema de Precios Justos ha sido el principal programa que el equipo económico diseñó para poder lograr controlar la inflación. A pesar del entusiasmo con el que se anunció algún tiempo atrás, su fracaso ha sido inevitable. El objetivo de lograr mantener la suba de los precios en torno al 4% mensual parece haber quedado trunco.
Desde el nacimiento de esta canasta de precios controlados en noviembre del 2022 la inflación ya acumula un 17%. Esto significa que el promedio mensual de incremento en los precios desde la existencia de Precios Justos se encuentra muy por encima del 4% propuesto por el Ministerio de Economía. Tampoco parece haber sido útil para anclar las expectativas inflacionarias de este 2023: todas las consultoras privadas entienden que el incremento de precios girará en torno al 100% (lo que implica que a fin de año los precios se habrán duplicado).
Ningún resultado adverso puede resultar una sorpresa: Precios Justos no es otra cosa que la continuación de Precios Cuidados, otro de los grandes fracasos inventados por un gobierno kirchnerista: nació allá por enero de 2014 y desde entonces la inflación acumulada ha sido del 2.700%, con un promedio del 44,3% anual. No solo en materia inflacionaria el esquema de precios controlados no ha dado los resultados esperados: la pobreza aumentó en 16 puntos y el valor del dólar se ha multiplicado 34 veces. Intentar controlar la economía desde un escritorio nunca ha dado buenos resultados.
Los controles de precios solo pueden impactar en la economía de manera negativa. Los mismos pueden generar escasez de productos (nadie estará dispuesto a vender un bien por debajo de su margen esperado), aumento de los mercados informales (donde se intentará vender los productos bajo control estatal al precio real de mercado) y hasta mayor incremento de precios en productos no controlados. Sin embargo el gobierno está convencido que esto no es así y que los empresarios son los verdaderos responsables del descontrol inflacionario. A pesar de que muchas de las cadenas de supermercados tienen sucursales en los países limítrofes donde no hay control de precios pero tampoco inflación e incluso muchas de ellas existían en los años 90 donde tampoco había regulaciones ni incrementos en los precios, la Secretaría de Comercio visitó estos días algunos supermercados donde luego de fiscalizarlos se encontró con faltantes de productos y “problemas con la señalización de los mismos”: impuso multas por más de 806 millones de pesos y clausuró comercios.
En un país donde generar empleo privado es un imposible desde hace más de una década y donde las inversiones han desaparecido por completo, resulta increíble que el propio gobierno ponga en riesgo cientos de fuentes de trabajo. La voracidad del fisco por controlarlo todo no hace otra cosa que generar falta de confianza, temor por la propiedad privada y todos los desincentivos imaginables para invertir, contratar y crecer. Más tarde o más temprano este tipo de multas las termina pagando el propio consumidor.
El control policíaco de los precios implica todavía algo mucho más grave y temeroso: el gobierno cree que la inflación efectivamente es responsabilidad de los empresarios y no de ellos mismos, quiénes han emitido dinero sin control como pocas veces en la historia se ha hecho, destruyendo nuestra moneda y empobreciéndonos a todos, especialmente a los que cuentan con menores recursos. No comprender (o no tener intención de hacerlo) las reales causas de la inflación no solucionará nuestras dos décadas de inflación ininterrumpida, sino muy por el contrario: agravará nuestros problemas inflacionarios hasta límites que hoy resultan difíciles de imaginar.
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