Ante la vista y paciencia del gobierno argentino, el cocalero boliviano y ex presidente de ese país, Evo Morales, anunció que el 23 de enero creará en Buenos Aires una “coordinadora” de sus intereses en la región.
Con desparpajo, el líder del MAS celebró su intención de convertir a la Argentina en un cuartel de operaciones del castrochavismo, a través del anuncio de la creación de un instrumento regional que le permita consolidar un ámbito mayor para sus operaciones y de los “pueblos plurinacionales de América Latina”. Partidarios de Morales en La Paz anticiparon que “cocaleros” de Perú, Ecuador y Colombia habían sido convocados a la inauguración.
Los hechos tienen lugar mientras Morales es acusado de instigar graves hechos en otros países de la región. Semanas atrás, las autoridades peruanas negaron su ingreso a ese país ante la evidencia de la intromisión en los asuntos internos del Perú por parte del ex presidente boliviano.
Como es sabido, movimientos infiltrados desde Bolivia incitan desde hace semanas una virtual guerra civil en el Perú. Con el objeto manifiesto de voltear al gobierno de la nueva mandataria Dina Boluarte y restaurar en el poder al destituido ex presidente Pedro Castillo, autor del intento de autogolpe del pasado 7 de diciembre.
En una acción sediciosa que a través de continuas manifestaciones y bloqueos de carreteras en varias regiones del Perú y con asistencia externa, grupos ultraizquierdistas pretenden la caída de Boluarte y el llamado a una convención constituyente. Un paso necesario para su meta final de provocar un cambio de régimen y la instalación de una dictadura a imagen y semejanza del modelo castrochavista ya aplicado en países como Venezuela o Nicaragua.
Pero así como el Perú vetó el ingreso de Morales, el líder cocalero encuentra un santuario en la Argentina desde donde perpetrar sus criminales propósitos.
Una agenda que nunca podría ser desplegada sin el concurso del auxilio del gobierno argentino. Siendo inaceptable observar cómo la Administración Fernández-Kirchner avala y prohija el cónclave de agrupaciones que bajo la supuesta promoción de consignas legítimas, esconden en rigor un propósito destituyente de las autoridades constitucionales de los países democráticos de la región.
Es en esta instancia en que resulta imprescindible recordar lo que está sucediendo en Bolivia, país hermano donde la ciudad de Santa Cruz -la más poblada y desarrollada- está bloqueada física y económicamente por el gobierno central boliviano en manos del Movimiento al Socialismo (MAS), agrupación liderada por Morales y que es la versión boliviana del Socialismo del Siglo XXI (castrochavismo).
La primera semana del año que se inicia volvió a ofrecer un escenario para una nueva violación de las más elementales libertades en ese país. Toda vez que en un hecho de extrema gravedad, el gobernador de Santa Cruz y líder opositor, Luis F. Camacho, fue arrestado y secuestrado por esbirros del régimen de Luis Arce Catacora. Para privarlo de su libertad, situación en la que permanece desde inicios de enero.
Por supuesto, semejante atropello no mereció ningún cuestionamiento por parte de las autoridades de la Argentina ni de sus socios del Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla.
Por el contrario, una vez más -como ha venido haciendo desde hace más de tres años- el gobierno argentino ha actuado por acción u omisión siempre en beneficio de los enemigos de la libertad y la democracia en las Américas.
Tan deleznable actitud oficial ha colocado a la Argentina en el triste papel de abogado de los dictadores de la región, mancillando el tradicional prestigio del país en materia de defensa de la democracia y los Derechos Humanos ganado a partir de 1983.
Al promocionar formas “plurinacionales” en Bolivia, Morales en los hechos busca impulsar movimientos secesionistas en otros países sudamericanos, en momentos en que en Argentina algunos negacionistas de la soberanía nacional promueven la disgregación de nuestro territorio.
Los argentinos que creemos firmemente en las instituciones de la democracia y la República, conforme lo consagrado en nuestra Constitución Nacional, debemos advertir la naturaleza del desafío que enfrentamos cuando nuestros países son asediados por las fuerzas del castrochavismo.
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