En la última sesión del Consejo de Derechos Humanos que presidió Argentina y que concluyó el día 7 de octubre, nuestro país culminó su presidencia de la peor manera. Al tratarse la renovación del mandato de la Misión de Determinación de Hechos sobre la violación de los Derechos Humanos en Venezuela, la Delegación de nuestro país emitió su voto en abstención. El significado de esta decisión implica considerar que no es necesaria la intervención de la Comisión porque en Venezuela ya no se violan más los derechos humanos. Por supuesto, esta posición es consistente con la declarada “normalización de las relaciones” entre Argentina y Venezuela, enviando a un embajador como titular de la representación en Caracas y aceptando las cartas credenciales de la embajadora de Maduro en la Argentina.
El actual gobierno cursó un derrotero con rumbo errático en el tratamiento de los Derechos Humanos a nivel internacional, con diferencias notorias según el foro en en el que ha participado. Mientras que la Delegación Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, acariciaba la defensa de Nicolás Maduro y Daniel Ortega, ignorando sus latrocinios cometidos con expresiones conciliadoras; en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, denostaba a ambos regímenes, aunque con retórica moderada, siguiendo los lineamientos enunciados por los respectivos informes de la ex Alta Comisionada de los Derechos Humanos Michel Bachelet. En ambos casos, los reportes relatan las atrocidades cometidas por estos dictadores: persecución de opositores, torturas, fusilamientos, desapariciones forzadas, restricciones severas a la libertad de expresión, es decir, el catálogo completo de las violaciones a los Derechos Humanos, casi sin excepciones.
Las razones de esta diferencia de posición entre Washington y Ginebra se debió a diversos intereses. Evidentemente el gobierno se olvidó de los efectos de la globalización y la velocidad de las comunicaciones, pretendiendo ignorar que en Ginebra se conoce al instante la posición argentina enunciada en Washington y viceversa. El resultado de esta diplomacia errática generó una sensible pérdida de confiabilidad y prestigio internacional de la Argentina que no será fácil recuperar.
La estrategia de exhibir un relato simulando una realidad ha funcionado durante cierto tiempo pero no logró perdurar. El gobierno pretendió mostrarse como propietario exclusivo y excluyente de los Derechos Humanos tanto en el país como en el exterior. Entre los argentinos somos muchos los que conocemos esta falaz pretensión. La posición argentina expuesta en el Consejo de Derechos Humanos ayer, demostró que esta estrategia engañosa culminó también en el ámbito internacional. Vapulear la defensa de los derechos humanos en los foros internacionales no es carente de costos, difíciles de reparar.
Desde el regreso a la democracia, y debido a la firmeza del presidente Raúl Alfonsín, nuestro país siempre fue un referente internacional en materia de Derechos Humanos. Uno de los aportes esenciales de la Unión Cívica Radical al gobierno de Cambiemos, fue la fidelidad irrestricta a estos principios que constituyen un importante valor agregado para la Argentina. No es casual, que precisamente, fuera con el ferviente liderazgo de la Delegación Argentina en Ginebra, que ocupaba la Vicepresidencia del Consejo en el año 2019, que se constituyó la Misión de Determinación de Hechos sobre la violación de los Derechos Humanos en Venezuela, además de liderar también la resolución condenatoria a Nicaragua por las mismas razones.
En esa oportunidad, al presentar la Resolución de creación de la Misión, nuestra Delegación en Ginebra, al tiempo de defender el Principio de No Indiferencia entre los Estados, manifestó que “si no expresáramos nuestro pensamiento, si no vocalizáramos con pasión esta trágica desventura, si nos calláramos, si hiciéramos todo ello, sentiríamos sinceramente, que estaríamos asistiendo colectivamente, a una complicidad internacional de silencio”. En la última Sesión del Consejo que culminó ayer, la Argentina exhibió un estruendoso silencio y con él demostró nuestra indiferencia ante las víctimas de la violación de los Derechos Humanos en Venezuela y lo que es peor, nuestra penosa complicidad.
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