
Todo hace pensar que la lucha por dominar el monstruo inflacionario está terminando. No por tener un claro vencedor a la vista sino más bien por no disponer de nadie que tenga intenciones de seguir dando batalla. Los tiempos políticos parecen haber dominado finalmente a los tiempos económicos.
Se ha conocido el índice de inflación del mes de agosto. El aumento de precios medidos por el Indec el mes pasado ha sido del 7 por ciento. Más allá del análisis de lo ocurrido en los diferentes rubros, los índices acumulados y el resto de los detalles, lo cierto es que el dato inflacionario ha quedado añejo al momento de su publicación: en una Argentina la cotidianeidad tiene velocidades astronómicas. La preocupación ya dejó de ser el índice del mes publicado por el Indec sino que la dinámica nos hace ya concentrarnos en los días que han trascurrido del mes septiembre, donde todo indica que un piso de 6% de inflación será difícil de perforar. Sin embargo, a nadie parece importarle.
Todos coinciden en que la inflación no es un problema que tenga una solución de la noche a la mañana, menos aún en un país donde su propio presidente Alberto Fernández no cree en los planes económicos. Probablemente pase mucho tiempo hasta que podamos ver índices inflacionarios algo más razonables y la política entiende que esto no se logrará antes de las elecciones del año 2023: incluso las estimaciones oficiales acerca de la inflación del año próximo rondan el 60% (estimaciones estas que suelen resultar sustancialmente inferiores a lo que termina ocurriendo en la realidad). A priori esto implica que no existe razón alguna para que la política tome medidas que impliquen costos políticos en virtud de intentar obtener resultados, ya que éstos en tal caso no lograrían ver la luz antes de las próximas elecciones. Hoy la verdadera obsesión del gobierno no pasa por eliminar la inflación, sino por llegar lo mejor posible a las elecciones del año próximo sin que importen demasiado las consecuencias.
Se ha conocido en las últimas horas la decisión del Banco Central de la República Argentina de subir en 550 puntos básicos la tasa de interés (del 69,5% al 75%). Esto significa que la tasa de interés efectiva para los pasivos remunerados del BCRA (las Leliqs) pasa a ser del 106,98% anual. Nadie sabe a ciencia cierta si efectivamente es de las pocas herramientas que el gobierno –creyendo ir por el camino correcto– está dispuesto a utilizar para contener la suba de precios o si es una respuesta al pedido del FMI por mantener tasas reales positivas, sin comprender los efectos devastadores que tendrá a futuro esta medida en materia inflacionaria.
Esta última suba de tasas de interés por parte del Banco Central no solo seguirá empeorando la situación económica y enfriando algo más la economía sino que generará mayores desafíos en materia monetaria. Por esta suba la entidad monetaria deberá emitir algo así como 1.100 millones de pesos adicionales diarios, descontrolando cada vez más el monto por intereses que devengan las Leliqs que hoy rondan los 21.000 millones de pesos diarios en total. Un desquicio en instrumentos que no significan otra cosa que una promesa de inflación futura.
El resto de las cuestiones que pueden palear el problema inflacionario no se está abordando. Las bajas en el gasto público parecen ser cada vez más marginales, la baja de impuestos en virtud de promover el crecimiento parecen cada vez más utópicas y el reacomodamiento monetario ya no es una posibilidad.
La lucha contra la inflación parece haber acabado: lo único que queda esperar es que la inflación del año próximo no sea mayor a la del año en curso, objetivo este que por ahora parece ser la única apuesta oficial en materia de precios. Lo demás, está por verse.
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