A la espera de reformas, los subsidios y los planes sociales siguen impulsando la suba del gasto

El Gobierno tiene previsto anunciar en las próximas 48 horas dos reformas clave que están desde hace meses en el centro del debate público y, también, en el corazón de los desequilibrios de la economía argentina en general y en el de las cuentas públicas en particular. Por un lado, de no mediar una nueva demora, hoy mismo se conocerían los detalles de la dilatada aplicación de la segmentación de tarifas. Para mañana, en tanto, está en la agenda del ministro de Economía, Sergio Massa, presentar un decreto que da forma legal al plan para transformar los planes sociales en trabajo formal.

Ambas reformas apuntan a dar solución, al menos parcial, al problema más urgente que tiene Massa por estas horas: el aumento del gasto público, tanto por encima del nivel de recursos como por el avance de la inflación. Y es que los subsidios a la energía y el crecimiento de los planes sociales son los principales impulsores de la suba del gasto. Por ende, se trata de dos variables imprescindibles a la hora de ajustar las clavijas para reducir el déficit fiscal.

En este sentido, los subsidios a las tarifas de luz y gas registraron hasta julio un incremento interanual en términos reales –es decir, por encima de la inflación– de 22,8% mientras que los programas sociales anotaron una suba casi igual, de 22,6%, siempre descontando la inflación. En pesos, esas cifras implican $1,2 billones en compensación del atraso tarifario y de $743.583 millones para los programas sociales, entre los que se cuentan el plan Potenciar Trabajo, las Becas Progresar y los destinados a “políticas alimentarias”. En este rubro no incluye las prestaciones sociales con fórmula de movilidad como la AUH y las jubilaciones, que en una mucho menor magnitud, pero con más alta incidencia, también anotó una suba en el gasto de 5,4% contra los primeros siete meses del año pasado. Los tres renglones combinados explican, según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la suba real de 8,3% del gasto primario.

El incremento en el nivel de erogaciones del Estado se contrasta con una caída de los ingresos totales. Resultado: un nivel de déficit fiscal 71% mayor al del mismo período del año pasado. “Esta dinámica se produjo como consecuencia de la caída de 0,4% en términos reales los ingresos totales y un incremento de 7,7% de los gastos totales”, detalló la OPC, que destacó que, dentro del total, los gastos primarios crecieron a un ritmo superior. “Los gastos primarios crecieron impulsados principalmente por los subsidios energéticos, las jubilaciones y los programas sociales”, dijeron.

El informe de la OPC revela otro dato que echa luz sobre la urgencia con que el Gobierno aborda la cuestión de los planes sociales. Del listado de gastos del Estado, los programas sociales son los que mayor nivel de ejecución presentan. Es decir, son los que más recursos han insumido del monto total que se les asignó para el año.

Así, por ejemplo, el plan Potenciar Trabajo prácticamente agotó, a cinco meses de terminar el año, el presupuesto establecido. De los $279.000 millones asignados, el programa social lleva gastados $233.000 millones, es decir, 83% de su “crédito vigente”. Algo similar ocurre con los planes de “Políticas Alimentarias”, que ya insumieron 67% del monto total actualizado. El de los programas sociales se convierte así en el renglón que más avanzado está en su nivel de ejecución lo que, en términos sencillos, implica que si mantienen el ritmo de gasto, los recursos que le fueron asignados no serán suficientes para llegar a fin de año. Es decir, requerirán de una ampliación presupuestaria.

Del lado de los ingresos, la recaudación tributaria acumuló hasta julio una suba de 3,6%, mucho más moderada que la del gasto, gracias a los ingresos por IVA, Ganancias, Bienes Personales y el Impuesto País. En contrapartida, la recaudación por retenciones cayó 15%, por factores climáticos negativos, cortes de ruta y manifestaciones que impidieron el ingreso a los puertos. Esto se sumó a la inexistencia del Aporte Solidario Extraordinario (el llamado impuesto a las grandes fortunas), lo que determinó un fuerte desequilibrio de las cuentas del Tesoro.

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