
En junio de 2018, cuando Mauricio Macri firmaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 57 mil millones de dólares, no fue solo, como él mismo confesó en una suerte de sinceramiento, “para pagarle a bancos comerciales que tenían miedo de que volviera el kirchnerismo”. Ese préstamo, que financió la fuga de capitales más grande de la historia de Argentina, tuvo además el objetivo político de ponerle un grillete a la autonomía y a la soberanía de nuestro país. El FMI le dio al entonces presidente, un préstamo -el más voluminoso de su historia como organismo de crédito-, violando sus estatutos con la misión de garantizar la reelección de Macri. Pero que, además, le otorgaba un seguro: cualquiera que fuera el resultado electoral, las autoridades del Fondo Monetario Internacional tendrían un poder de tutelaje sobre los próximos años de nuestra nación.
Podemos arribar entonces a la conclusión de que la estafa macrista tuvo estas dos dimensiones: la económica y la política. En principio, de más está decir que ningún argentino o argentina vio los beneficios económicos de este acuerdo, ni encontró una Argentina con mayor infraestructura o más bienestar después del préstamo que acordaron hace tres años y medio. Pero, por otro lado, también es evidente que la espada de la extorsión se apoyará sobre nuestros hombros, obligándonos a tomar un rumbo que está lejos de ser autónomo. Macri configuró de esta forma a un gendarme que nos vigila, nos condiciona y va a estar presente en nuestras vidas durante años.
Como la estafa fue doble, entonces el desafío para emanciparnos también es doble. Resulta claro que en términos económicos tenemos que focalizar todos nuestros esfuerzos en lograr la estabilidad y el crecimiento. Ya vimos un avance de esto en el devenir del último año: un crecimiento del PBI de diez puntos porcentuales, un descenso del desempleo y una fuerte recuperación de la industria son indicios de la Argentina que se viene en esta pos-pandemia, haciendo el eje en el trabajo y el desarrollo productivo como salida a nuestros problemas. A su vez, es imprescindible tener en cuenta que esto no se agota con el debate que se de en el Congreso durante las próximas jornadas, sino que desde el campo nacional y popular tenemos la obligación de iniciar un proceso de acumulación de fuerza política y social que nos permita finalmente desligarnos del FMI.
Es imprescindible, para lograr esto, que los sectores populares ganemos en margen de maniobra y capital político. Solo con esa espalda podremos reducir el poder que el Fondo Monetario tiene sobre nosotros, condición ineludible para resolver los problemas sociales de nuestro pueblo. Y en ese marco resulta imperioso avanzar sobre una idea fuerza que tiene que regir a las fuerzas populares en esta etapa: la deuda que se fugaron fue un acto delictivo de la administración de Mauricio Macri en complicidad con las autoridades del Fondo Monetario Internacional y que entonces lo correcto es que el financiamiento para el pago de esa deuda se sostenga con los bolsillos de los que más tienen y los que fugaron ese crédito.
El ejemplo está: lo tenemos en lo que significó el aporte extraordinario de los poseedores de grandes fortunas. Sobre un universo de cuarenta y cinco millones de personas, tan solo diez mil tuvieron que pagar un ínfimo porcentaje de su patrimonio para mitigar los efectos devastadores de la pandemia. Con ello el Estado recaudó 223.000 millones de pesos. Esto quiere decir que menos del 0,03% de toda la sociedad argentina aportó una suma que representó el 0,5% del PBI. Para desarticular al gendarme que nos dejó Macri, el único camino posible es haciéndoles pagar el costo de los compromisos con el Fondo a los que más tienen y en especial a quienes fugaron buena parte de ese préstamo.
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