La economía circular en la ciudad de Buenos Aires

La crisis climática y ambiental es una realidad, así como sus consecuencias, que ya estamos viviendo. Un Gobierno enfocado en los desafíos ambientales, lo hace, necesariamente, pensando con perspectiva inclusiva y de desarrollo. Los efectos de la crisis ambiental impactan en las poblaciones más vulnerables, y los costos de la transición ambiental necesitan ser atenuados al máximo posible para evitar que las empresas pierdan su producción o nuevas oportunidades de negocio.

En este contexto, donde afloran expresiones del negacionismo, es más importante que nunca reafirmar nuestro compromiso. Estamos en veda, pero enfoquémonos sobre la comunidad científica que ha sido categórica en asociar el colapso ambiental a la actividad humana (IPCC, 2019. “Calentamiento Global de 1.5°C. Resumen para responsables de políticas”). Nos quedan pocos años para reducir los efectos del cambio climático, y eso requiere de un cambio estructural motorizado por acciones políticas tanto públicas como privadas.

En Argentina, lo ambiental no puede estar escindido de lo social y lo económico. En un país con 40% de pobreza, una agenda ambiental necesita ser una agenda de desarrollo económico y de inclusión social. Necesitamos que la transición sea justa, con un criterio de solidaridad y equidad intergeneracional. Algo que viene haciendo nuestra Ciudad desde los inicios del objetivo de basura cero.

Hasta el momento, conforme datos de las Naciones Unidas, más del 50% de la población mundial vive en ciudades, que son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es en el accionar local en las ciudades donde se juega el partido más grande en materia climática.

El progreso económico y social se hallaba atado a la promoción de sistemas de producción y consumo lineales con graves consecuencias que amenazan con sobrepasar los límites de recursos planetarios. En este sentido, la Economía Circular supone reemplazar el sistema económico por uno en el que el valor de los recursos, materiales y los productos se mantengan dentro de la economía durante el mayor tiempo posible. Esto permite hacer un uso más eficiente de recursos que son limitados, reducir de este modo el impacto ambiental de su utilización, y limitar la cantidad de residuos que generamos.

Este cambio no sólo conlleva importantísimos beneficios en materia ambiental, sino que es también una oportunidad para, en un contexto de crisis, impulsar el desarrollo económico y social. Cada día son más las empresas argentinas que pierden oportunidades de integrarse a cadenas de valor o de exportar a países desarrollados por no contar con los estándares de sostenibilidad. Estamos frente a una gran oportunidad para la generación de nuevas empresas, y para el desarrollo de las cooperativas de recuperadores urbanos.

¿Qué es lo que nos permite esta ley?

En primer lugar, la norma establece la obligación de generar un plan de gobierno macro en forma de estrategia. Esta estrategia deberá realizar un diagnóstico del sistema de producción y consumo de la Ciudad, identificar áreas prioritarias para la transformación, y fijar objetivos sujetos a mediciones y revisiones periódicas. Apuntamos al ecodiseño, la innovación, la inversión y la creación de puestos de trabajo. Queremos que la necesaria desmaterialización de la economía sea acompañada por herramientas que hagan de esta transición una transición inclusiva y justa.

En segundo lugar, que el diseño y la ejecución de esta estrategia debe ser colaborativa. Es por eso que la ley prevé mecanismos para articular la iniciativa tanto intra-gobierno como de cara a la sociedad civil y el sector productivo, a través de mesas de trabajo. El éxito de esta ley requerirá de compromisos público-privados cocreados para el impulso de iniciativas de innovación tendientes a favorecer el desarrollo económico, la creación de empleo y la generación de condiciones que favorezcan un desarrollo sostenible.

Y en tercer lugar, que esa estrategia nos permita generar la información necesaria para luego abordar políticas específicas. Es por eso que la ley prevé la necesidad de generar métricas de medición que nos permitan evaluar y actualizar periódicamente el cumplimiento de sus objetivos.

La estrategia nos permitirá tener claridad sobre cómo los sectores económicos prioritarios de la Ciudad deben afrontar la transición hacia una economía circular, y qué necesitan para lograrlo. Una normativa de estas características no sólo asegura el diseño de una política macro que deberá sostenerse en el tiempo, sino que le otorga a la sociedad un instrumento jurídico a partir del cual pueden medir, evaluar y exigir al Estado ponerse a disposición de su desarrollo.

En definitiva, esta ley se incorpora a un vasto marco normativo ambiental que la Ciudad posee, para continuar a la vanguardia del desarrollo sostenible. Sabemos que no soluciona todos los problemas ambientales ni del desarrollo económico, pero estamos convencidos de que genera los espacios institucionales y las herramientas para que sea la sociedad la que exija las transformaciones que tanto necesitamos.

(*) Hernán Reyes es diputado porteño por la Coalición Cívica y autor del proyecto