Decía Voltaire: “Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos más tarde o más temprano”. La penosa realidad de nuestro país demuestra que la ciudadanía se está acercando a dicha máxima. Los hechos que se desencadenaron con motivo del feroz asesinato producido a Roberto Sabo, el kiosquero de Ramos Mejía, dan muestras de ello.
Los fervientes reclamos de la ciudadanía por una justicia implacable y bien entendida, con funcionarios probos y diligentes son moneda corriente. Mientras los delincuentes entran y salen de las cárceles a gusto y piacere del magistrado de turno, mientras se condenan a penas irrisorias a asesinos con prontuarios pesados, los ciudadanos de a pie sufren en carne propia la “ley de la selva” en la que forzosamente se encuentran inmersos, llorando a sus muertos y esperando vanamente que algún día se haga justicia por sus deudos.
Todo responde a un gran plan pergeñado por una corriente ideológica europea que el ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, exportó ya hace muchos años a nuestras latitudes.
Se trata de un movimiento que pregona, entre otras cosas, que los delincuentes son víctimas de una sociedad capitalista que no los tuvo en cuenta y, en virtud de ello, están habilitados para delinquir.
También, sostiene que las penas deben desaparecer y hasta propone la aniquilación definitiva del sistema penal, por ejemplo, mediante la instauración de una justicia restaurativa, en la que la víctima debe sentarse a conversar con el criminal y tratar de llegar a un “acuerdo”, como si se tratase de una mera transacción comercial.
Nihilismo penal. Retórica de la impunidad. Víctimas de primera, aquellas que padecieron el flagelo de la violencia de género o directamente fueron asesinadas en el marco de un femicidio, y víctimas de segunda, las que padecieron un hecho grave, como el homicidio, y son ignotas porque su caso no es “vendible” en los medios ni responde a los cánones de la “moda” ideológica imperante, son algunas de las prácticas de los adeptos al abolicionismo penal.
Esta nefasta doctrina logró penetrar en los claustros de derecho penal y en la justicia argentina, y se repite como un mantra coránico, tanto para justificar un pensamiento doctrinario como para avalar una decisión judicial.
El plan abolicionista de acabar con la justicia penal argentina ha sido desenmascarado y frente a ello no queda otra opción que trabajar con ahínco para que, además del debido y denostado respeto por las instituciones republicanas, el sistema de justicia brinde el verdadero servicio al que tendría que aspirar: combatir el delito y la impunidad.
*Dra. Raquel Slotolow, ex Juez en lo Correccional del Depto. Judicial Zárate-Campana y miembro de la ONG Usina de Justicia.
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