
En estos tiempos en los cuales asistimos a diversos episodios de inseguridad en todo el país que, sin dudas y como debe ser, conmocionan a la ciudadanía; siempre es bueno recordar aquellos casos de gravedad en los cuales una denodada y valiente intervención policial, sumada a un correlato en lo judicial, procuraron detenciones y condenas.
Me voy a referir a los hechos vividos en 2016, año en que cayó una poderosa banda de delincuentes, liderada por Carlos Alberto Insaurralde (32) y Daniel Gustavo Núñez (18), que se dedicaba a los secuestros exprés.
Este grupo de delincuentes actuaba con denodada fiereza. Solo por dar un ejemplo: el día 9 de mayo de 2016 atacaron a una pareja (un hombre y una mujer) en el barrio porteño de Núñez. Los tuvieron cautivos durante más de cuatro horas y, a modo de represalia por no poder cobrar el rescate pretendido, le dispararon al hombre en el hombro, dejando así “su marca”. Finalmente, los liberaron en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, aunque se llevaron su vehículo y sus efectos personales.
A raíz de dicho suceso, el Departamento Antisecuestros de la Policía Federal Argentina, que venía trabajando en otros hechos delictivos, vinculó este último con los otros acaecidos en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires.
Trece días después, el 22 del mismo mes, la misma banda interceptó a un joven de 29 años llamado Lucas Coronado, mientras estacionaba su auto en el barrio porteño de Belgrano. Lo tuvieron siete horas privado de su libertad, realizaron llamados extorsivos a sus familiares y, al no tener respuesta, le disparan en el glúteo izquierdo. Después, lo liberaron en la localidad bonaerense de José León Suarez.
Desde la PFA continuaron las diligencias investigativas en torno al accionar de este grupo criminal que, el 17 de junio de 2016, fue interceptado por móviles policiales, que trabajaban encubiertos al mando del entonces comisario inspector Gustavo Santos Díaz, jefe de la división Antisecuestros. La detención derivó en un intenso y feroz tiroteo con más de 80 vainas servidas. En la balacera, el funcionario policial recibió un disparo que lo envió al hospital Churruca para pelear por su vida y perder la visión de su ojo derecho.
Insaurralde y Núñez fueron detenidos por el grupo GEOF en en la precaria pieza trasera de una iglesia evangélica en la calle Las Magnolias de Merlo, provincia de Buenos Aires. El rancho detrás de la iglesia era su aguantadero, donde solían llevar a sus víctimas. En el operativo también cayeron sus mujeres, Yamila Miranda y Mayra González, en allanamientos en José C. Paz y San Andrés: eran su apoyo táctico, alquilando inmuebles, consiguiéndoles celulares y pidiéndole a amigos que aporten espacios para guardar víctimas.
Al momento de ser juzgados, el debate oral estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín, integrado (en esa oportunidad) por tres destacados magistrados: Daniel Cisneros, Matías Mancini y Walter Venditti, quienes luego de un largo proceso condenaron a 30 años al líder delincuencial Carlos Alberto Insaurralde, a 24 años a su segundo Daniel Gustavo Núñez y le dieron otras fuertes penas a los otros tres integrantes de la organización criminal.
A lo destacado de las labores policiales y judiciales antes referidas, se suma el hecho de que tras su internación en el Hospital Churruca, el héroe policial Gustavo Santos Díaz fue ascendido a la máxima jerarquía policial: la de Comisario General.
En vísperas del próximo juzgamiento que los integrantes de dicha banda deberán afrontar ante el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín es de esperar que la condena dictada hace cinco años sirva como parámetro.
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