Los costos de una política basada en prejuicios ideológicos

El gobierno nacional ha aceptado finalmente firmar un contrato con Pfizer para adquirir vacunas contra el COVID. La medida fue adoptada muchos meses después de haber descartado -por razones inexplicables- la oferta inicial de dicho laboratorio norteamericano.

Movidos por la urgencia electoral, las autoridades parecen haber entendido que la necesidad de aprovisionar de vacunas a la población no podía estar sujeta a las preferencias ideológicas del oficialismo.

Los hechos tienen lugar en el marco de una angustiante realidad. Solamente el 14 por ciento de nuestra población ha podido completar el programa de doble vacunación. Esa realidad enfrenta al país con un grado de indefensión elevado ante la llegada de nuevas variantes del COVID.

Pero esta realidad pudo haberse evitado. Al menos parcialmente.

La trama de los hechos reveló una constante de esta administración y que consiste en anteponer los caprichos ideológicos por delante de los intereses nacionales. El caso del pésimo manejo de la pandemia revela cómo el discurso omnipresente sobre el “Estado presente” no pudo ocultar las graves falencias de la acción gubernamental en la provisión de vacunas en tiempo y forma.

Pero el desarrollo de la pandemia no esperó a las deliberaciones internas y los devaneos ideológicos del gobierno nacional. La tasa de mortalidad en la Argentina por COVID supera los 2.300 casos por millón de habitantes. A su vez, la pobreza registró un aumento de 6,5 por ciento durante 2020.

Los datos resultan notablemente peores que los de dos de nuestros vecinos. En Chile la mortalidad es de 1.800 casos por millón de habitantes y la pobreza aumentó en un 2,2 por ciento. Y en Uruguay la tasa de mortalidad es de 1.700 casos por millón y el aumento de la pobreza alcanzó un 3,5 por ciento. Esta comparación demuestra que los efectos de la pandemia fueron mucho más negativos en nuestro país tanto en materia sanitaria como en sus consecuencias socio-económicas.

Un estudio indicó que de haberse aplicado una política semejante a la de Chile y/o Uruguay, unas veinticuatro mil personas habrían salvado su vida y tendríamos un millón y medio menos de personas pobres.

Una interminable cuarentena de más de seis meses, aplicadas a través de una sucesión de prórrogas por decreto y la decisión abiertamente inconstitucional de decretar un virtual cierre de fronteras que ha dejado miles de compatriotas varados en el exterior sin poder regresar a sus hogares, no sirvieron para revertir la calamitosa situación sanitaria.

Pero así como el manejo de una cuarentena jurídicamente inconstitucional, económicamente devastadora y sanitariamente contraproducente, el programa de vacunación volvió a mostrar la cara dramática de la ineficacia del gobierno.

Una mezcla de improvisación, ideología y mala praxis derivaron en este triste presente en el que la Argentina muestra la realidad de haber sido catalogado por la agencia Bloomberg como el país menos recomendado para pasar la pandemia.

El ranking que utiliza una variedad de datos relacionados con la situación epidemiológica, la calidad de vida y el progreso de las reaperturas, sopesando el porcentaje de personas vacunadas, la tasa de muertes y el promedio de casos, entre otros, indica que nuestro país se ubica en el patético podio de entre aquellos lugares que peor manejaron la pandemia.

Lamentablemente, como en tantas áreas de la acción de gobierno en que en el pasado reciente la política no resolvió los problemas del pueblo, en este dramático presente, la gestión gubernamental agravó los padecimientos de la población. Acaso la consecuencia de insistir en la práctica de anteponer sus caprichos ideológicos derivados de su pertenencia a fracasados alineamientos tercermundistas por delante del interés de la Nación.

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