Con un hombre que gobierna la provincia hace más de un cuarto de siglo y que luce en su currículum ocho años más como vicegobernador. Que fue sistemáticamente denunciado por reprimir pueblos originarios y hacer política electoral con la ayuda social del Estado. Que en plena pandemia sometió a cientos de familias a acampar en la ruta hasta que la Corte Suprema le exigió que les permitiera regresar a sus hogares. ¿Qué podía salir mal en Formosa?
Los acontecimientos de los últimos días en la provincia norteña, entre ellos las múltiples denuncias por los centros de aislamiento en los que conviven personas contagiadas con otras que esperan el resultado del hisopado -en condiciones de hacinamiento y sin cumplir mínimos requisitos de higiene-, además de maltratos y las detenciones de concejales opositoras que reclamaban junto a vecinos, ponen en el centro del debate un tema recurrente: la vinculación entre derechos humanos y pandemia.
La desaparición de Facundo Astudillo Castro, el caso de Pablo Musse a quien no dejaron ingresar a Córdoba para despedir a su hija con cáncer, la retención de Abigail y su familia en un control policial al regresar a Santiago del Estero, configuran una lista incompleta pero reveladora de la violencia institucional y los excesos de las fuerzas de seguridad durante la pandemia.
A las responsabilidades individuales de los funcionarios y efectivos que por acción u omisión lesionaron los derechos constitucionales de los ciudadanos, se suma la incapacidad manifiesta de la Nación y algunas provincias para acompañar la implementación de las restricciones con instancias de formación para quienes deben aplicarlas.
Pero lo de Formosa es otra cosa. Allí no hay excesos ocasionales sino expresiones regulares de un Estado autoritario que controla y atemoriza a sus habitantes. La pandemia potencia una forma caudillista de ejercer el poder que circunscribe la democracia al plano formal; en el terreno no se vislumbra a un gobierno preocupado por la salud de su gente sino obsesionado con hacer lo que sea para que nada ni nadie ponga en duda el liderazgo de Insfrán.
No debemos pasar por alto los argumentos de los funcionarios formoseños para defender lo indefendible: hablan de resultados notables en la lucha contra el coronavirus, de la eficacia de las medidas y de la puesta en marcha de las recomendaciones de los expertos. Esto es, lisa y llanamente, la glorificación de la ignorancia y el desgobierno. No hay ingenuidad en la confusión de eficacia con maltrato. El control tenaz de buena parte de los medios provinciales por parte del oficialismo no hace más que contribuir a la desinformación generalizada.
Acotar el análisis a las declaraciones del senador Mayans (“el derecho vos lo tenés, pero no en pandemia”) es un error. Esas palabras justifican un modelo abusivo que le resulta muy cómodo al tándem Cristina-Alberto y que el PJ defendió explícitamente en un comunicado con argumentos propios de una obra de ficción.
Que no quede ninguna duda: siempre hay derechos y garantías en una democracia. Especialmente cuando la salud de la gente está en peligro. Lo que no hay en pandemia son secretos. Más temprano que tarde los autoritarios de manual se muestran tal cual son. El Gobierno Nacional tiene la obligación de tomar cartas en el asunto para restaurar la vigencia de las leyes en Formosa y permitir que la Justicia trabaje sin presiones. El silencio cómplice que demostraron hasta ahora coloca a los formoseños en una posición todavía más vulnerable.
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