
Lanús pasó más de un año sin homicidios en ocasión de robo. Fue entre enero del 2019 y marzo del año pasado, como consecuencia de una estrategia coordinada y un despliegue territorial nunca antes visto en el distrito, pero sobre todo, de la decisión política de combatir la inseguridad.
Comparado contra el 2018, fue el único municipio de la provincia de Buenos Aires en el que bajaron todos los delitos.
La situación se deterioró dramáticamente durante el 2020, con un rebrote que incluyó episodios bastante llamativos. Por ejemplo, un golpe comando a una cuadra de la comisaría 1era. También hubo un asalto a metros de la comisaría 2da y otro más en la esquina del Centro de Monitoreo local.
De un año a otro, los delincuentes pasaron de estar escondidos a golpear justo delante de las narices de las fuerzas de seguridad. ¿Qué cambió? La impunidad cambió: saben que su accionar violento no va a tener ninguna consecuencia, ni la más mínima.
Esa sensación de impunidad no es casual y tiene razones bien concretas. La primera y principal fue la liberación masiva e inexplicable de presos, apoyada en dos fallos no menos polémicos de la Justicia, uno en diciembre de 2019 y otro en abril del año pasado. Con distintas excusas, soltaron a más de 1.500 delincuentes que absolutamente nadie controló. El resultado era previsible: las tasas de reincidencia se multiplicaron al infinito. No había que ser tarotista para adivinarlo.
El segundo problema fue la propia gestión de la pandemia: buena parte de los efectivos policiales se tuvo que dedicar al control del aislamiento, los operativos sanitarios y las urgencias del COVID, en lugar de estar al frente del combate del delito. En esas mismas tareas y en distintos momentos se contagiaron muchos agentes, debilitando todavía más la lucha por la calle.
Por fin, y como si hiciera falta más, recrudecieron las internas políticas, traducidas en cortocircuitos gruesos entre Nación, Provincia y municipios. En el caso de Lanús incluyó la loca idea de sacarle fuerzas federales, a diferencia del resto del Sur, donde gobierna el oficialismo. Un error involuntario, seguramente.
El Gobierno nacional anunció entonces un ambicioso plan bonaerense de inversión en seguridad, pero, de vuelta, la idea quedó aturdida en el ruido: en medio de la disputa por los fondos, la compra de patrulleros se paralizó durante meses y comandos enteros tuvieron que funcionar con la mitad de los móviles.

Frente a ese escenario, lo único que queda es redoblar los esfuerzos y maximizar los recursos. En Lanús, entre otras medidas, con la compra de 60 móviles y el armado de un corredor de seguridad gastronómico. Además, con un trabajo permanente sobre el espacio público, su limpieza e iluminación, sacando de la oscuridad barrios enteros que eran nidos de motochorros, narcos y punguistas.
Lo que no vamos a hacer es dejar de pelear contra los delincuentes. Todo el día, todos los días. Si la decisión es liberarlos, los vamos a volver a meter presos. Una vez, diez o mil, las que hagan falta. No nos van a ganar, los vecinos necesitan vivir en paz.
El autor es abogado. Actualmente se desempeña como jefe de Gabinete y responsable del área de Seguridad del Municipio de Lanús
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