
Perfectamente, el título de esta columna de opinión podría ser el de una película o serie basada en hechos reales que sucedieron durante el año 2020. Desde el improvisado oficialismo, que no supo gestionar una desmedida cuarentena, hasta los más obsoletos dirigentes K dirán, obviamente, que el título hace alusión al Gobierno de Juntos por el Cambio.
Porque, claro, Juntos por el Cambio es el malo del cuento para los “superhéroes” kirchneristas, aunque, en rigor, por lo único que se preocuparon en un año de pandemia fue por alcanzar la máxima impunidad para su jefa y por recortar el poder adquisitivo de los jubilados vía decreto, desde diciembre de 2019 -cuando aún no había aparecido el COVID-19-, al tiempo que el gasto político permaneció intacto.
Esto, mientras se perdían 4 millones de puestos de trabajo, la pobreza pegaba un salto descomunal en menos de un año, el sistema sanitario no respondía, la inseguridad y el narcotráfico se adueñaban nuevamente del territorio y la educación directamente pasaba desapercibida.
No hay dudas de que, para los “héroes” de la inmunidad judicial, la culpa la tendrá la pandemia. Y supongamos que, en un hipotético caso, tienen razón. Ahora, cabe preguntarse: ¿qué culpa tienen los jubilados para que el Gobierno les haya, literalmente, robado 100 mil millones de pesos en el 2020, haciéndoles perder entre un 7 y un 18 por ciento por mes?
Es que, con la fórmula de movilidad jubilatoria que se votó en 2017, durante la gestión de los supuestamente “ajustadores seriales” e “impulsores de la bicicleta financiera” -según el kirchnerismo-, los jubilados hubieran tenido un aumento del 42 por ciento en 2020. Pero esa ley fue caprichosamente suspendida por el Gobierno de los “defensores del pueblo”, quienes decidieron otorgar incrementos por decreto de entre 24 y 35 por ciento, apenas. Dato, no relato.
Así, a quienes cobran la jubilación mínima, el Gobierno de Alberto y Cristina Fernández les quitó mensualmente $959 este año, mientras que para quienes cobraban, por ejemplo, $40.000, el recorte fue de $6.040, porque con el aumento por la Ley Macri les hubiera correspondido $56.852, pero con el Decreto Alberto se les acreditaron $50.812.
Pero ese ajuste feroz contra los jubilados parece que no le alcanzó al Poder Ejecutivo para obtener recursos que le permitieran sustentar el descalabro fiscal al que nos tienen acostumbrados los regímenes populistas. Así, la semana pasada, el oficialismo volvió a meterle la mano en el bolsillo a nuestros abuelos, votando una nueva Ley de Movilidad que omite el componente inflacionario para actualizar los haberes jubilatorios. Insólito.
Es decir, los mismos protagonistas que en el 2017 tiraron toneladas de piedras y morteros contra el Congreso de la Nación, tratando de quebrar las instituciones democráticas para manifestarse en contra de una ley de movilidad que sí tenía en cuenta a la inflación, ahora les perforan el poder adquisitivo a los jubilados, una y otra vez, ¡en menos de un año!
Cabe recordar que, en simultáneo con esta quita sistemática a los jubilados durante el 2020, en Argentina se daban dos paradojas difíciles de comprender: la primera es que los ciudadanos y empresas tuvieron que pagar más y nuevos impuestos mientras la Vicepresidenta obtiene ingresos del Estado por casi un millón de pesos y ¡sin pagar Ganancias! Y la segunda es que el propio presidente había expresado, siendo candidato en 2019, que “entre los bancos y los jubilados, me quedo con los jubilados”, pero durante su primer año de gobierno se duplicaron las Leliq a los bancos y sus intereses. Dato, no relato.
Pero si algo hay que reconocerle al kirchnerismo es que es un buen contador de relatos y de fábulas que suenan románticas y simpáticas para, de alguna manera, ser siempre los buenos del cuento. Aunque, al final de las historias que narran, todos sabemos quiénes son realmente los ajustadores seriales y villanos de la película.
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