
El oficialismo, que se ha descrito como un gobierno popular que ajusta con impuestos, padece inflación y pretende negociar con el Fondo Monetario. Gracias a la media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, rascando la lata encontró la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires para continuar sus maniobras de financiación de la política y del asistencialismo. Este ajuste inédito no sólo se genera con ese objetivo sino que, subiendo la apuesta, también se proyecta para el próximo año electoral el financiamiento de sus campañas políticas electoralistas del cortoplacismo.
Dentro de las llamadas “Veinte verdades del Justicialismo” se expresa que existe una clase de hombre: el que trabaja; y que el trabajo es un derecho y un deber porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. De ese modo se pretende una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Creo que la “Argentina para todos” que sostiene el oficialismo aludiendo ser justicialista no ha interpretado bien los principios de esta doctrina, ya que sólo ajustar con impuestos a una limitada clase trabajadora y productiva es una medida incoherente. ¿Qué nos queda después de atravesar una cuarentena eterna? ¿Intentar subsistir con salarios promedio por debajo de la línea de pobreza?
En este modelo de Argentina para todos y popular no sólo es muy difícil llegar a fin de mes sino que también se ahorca al sector económicamente activo, emprendedor y productivo con la creación de más impuestos en beneficio del “planerismo” social que no valora el trabajo y el mérito, que prefiere un puñado de planes a fin de mes que deslomarse a diario para crecer. Un Estado presente para el asistencialismo pero ausente para el crecimiento y la producción.
Lo que estamos presenciando ante el saqueo de la coparticipación de los fondos de la ciudad y ante el accionar sistemático de este modelo, nos lleva a inferir que ese dinero perseguirá un objetivo: el de reforzar la ejecución de las mismas políticas de la Argentina improductiva y, como un gesto de poder, destruir el diálogo, la moderación, el compromiso, recrudecer la grieta y que sea imposible pensar un país entre todos, a mediano y largo plazo.
A la luz de esto queda clara la estrategia del oficialismo de generar la imagen de una oposición enemiga y a medida que se acercan las elecciones del 2021 ir ensanchando paulatinamente la brecha, sin diálogo constructivo. Desde el 2005 los argentinos nos vemos empujados a votar personalismos creados por el oficialismo que crea más grietas inconducentes, a votar proyectos sin una planificación seria de país que sólo se puede lograr en base a consensos y diálogo de todas las fuerzas políticas.
Creo que en la crisis que estamos atravesando la política debe generar acuerdos y asegurar que se cumplan, lograr en el próximo año confluir entre oficialismo y oposición, y coincidir en los ejes fundamentales, como un plan económico sustentable a largo plazo, la salud, la educación, el trabajo y la reactivación de la producción para comenzar con la verdadera reconstrucción política económica y social que el país pide a gritos.
Necesitamos reglas claras jurídicas, económicas y sociales para una nueva Argentina con objetivos de largo plazo y financiación genuina, no aquella basada en un Estado Nacional que rasca la lata para extraer fondos a los porteños para seguir alimentando un gobierno “madurista” del pobrismo y en el que el que no vota, no come.
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