El impuesto a la riqueza avanzó en la Cámara de Diputados y se estima que en diciembre se va a convertir en ley cuando reciba la aprobación de los senadores (algo que ya está consumado, incluso antes del tratamiento en el recinto).
Lo que está por llegar es un engendro que busca alcanzar, al menos ideológicamente, a los que tienen más dinero en la Argentina. Sin embargo, esta definición está bastante más lejos de lo que se cree.
El texto aprobado por Diputados está lleno de cuestiones que, claramente, fueron redactadas por personas que desconocen el sistema tributario argentino. ¿Cuáles serán las consecuencias de esto? Que, una vez más, terminen pagando justos por pecadores.
Veamos algunos ejemplos y analicemos las normas que se aplican para entender mejor la situación. Comencemos por la situación más desopilante: el Papa Francisco podría pagar el impuesto.
Debido a que la norma hace referencia a que los argentinos que viven en países de baja o nula tributación estarán obligados a pagar, y que el Vaticano es considerado como un paraíso fiscal, se estaría dando una de las condiciones para quedar en la órbita del impuesto.
La realidad es que, muy probablemente, el Santo Padre no quedará alcanzado. Sabemos todos que Jorge Bergoglio es una persona de perfil bajo y que seguramente no tenga activos en el país que superen los $200 millones. Pero si los tuviera, debería pagar.
Por otra parte, el gran error que acarrea la norma está en la responsabilidad sustituta de los argentinos residentes en el exterior o en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación.
¿Quiénes son los responsables sustitutos? Dejemos el tecnicismo y digámoslo en criollo: hablamos de quienes deberán pagar el impuesto en nombre de aquellos que tienen bienes en la Argentina y, como viven en otro país, no pueden hacerlo de manera directa.
Esto del responsable sustituto está en muchos impuestos, así que no es nuevo. La cuestión en este caso es cómo está redactado el artículo que habla sobre qué responsable sustituto tiene que ingresar y sobre qué ítems.
Acá es donde figura el error o la omisión de los legisladores: no habla en ningún momento de participaciones societarias y, por ende, aquellos que tengan sociedades en el país y vivan el exterior no pagarán el impuesto. Así de simple.
Con esta redacción, probablemente muchos empresarios sonrían. Uno de ellos es Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre, que no deberá pagar un centavo por sus acciones en la empresa que fundó. Incluso, si el resto de sus bienes en la Argentina no superan los $200 millones, no tendrá que pagar absolutamente nada.
En la vereda de enfrente, aquellos que tiene la mayoría de sus activos puestos en la producción podría verse obligado a afrontar el tributo con parte de su capital o buscando endeudarse para cumplir con la ley.
Muchos son los miembros del oficialismo que hablan de justicia social y que, en vez de preocuparse seriamente en armar un proyecto consistente y que busque concretar el objeto por el que se lo crea, terminan haciendo agua.
Este impuesto no hace más que demostrar la falta de compromiso de los legisladores, que lo único que hacen es jugar a ser una suerte de Robin Hood que, en vez de robarle a los ricos para dárselo a los pobres, termina quitándole a los que intentan apostar por la Argentina.
Los autores son miembros de la consultora Sasovsky & Asociados
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