Los obispos venezolanos no reconocen la legitimidad de Maduro y nunca tomarían esa posición sin consensuar con el Papa

Para el pueblo lo que es del pueblo. De una u otra manera, siempre se trató de silenciar la posición de Francisco respecto a Venezuela.

El 10 de abril del 2014, el Papa reclamó a los líderes políticos por la no violencia y alentó a respetar la verdad y la justicia. El 1° de marzo del 2015 condenó, sin que le temblara la voz, la muerte de los estudiantes que manifestaban pacíficamente.

En el mes de septiembre de ese mismo año, durante su visita a Cuba, fue consultado acerca de incluir entre los invitados a Nicolás Maduro, pedido al que la comitiva papal rehusó gentilmente.

Días después, a pesar de sus esfuerzos, Maduro tampoco pudo saludarlo en la conferencia de Francisco en la Asamblea de las Naciones Unidas, donde fue ovacionado,

Algo empezaba a no andar bien. El 2 de diciembre del 2016, se dieron a conocer las cuatro condiciones del Vaticano que debían acompañar una negociación con el gobierno venezolano: elecciones, restitución de la Asamblea Nacional, apertura del canal humanitario y liberación de los presos políticos. Nicolás Maduro incumplió con las condiciones y allí terminó el diálogo.

En el vuelo papal, cuando regresaba de su gira apostólica por Egipto, en conferencia de prensa, Francisco dijo que el diálogo no resultó porque las propuestas no eran aceptadas. Describió la actitud del gobierno venezolano con un “sí, sí, pero no, no”.

El día después de este viaje, el 30 de abril de 2017, en su mensaje Urbi et Orbe, el Sumo Pontífice cuestionó ante la mirada de todo el mundo la situación de Venezuela “con numerosos muertos, heridos y detenidos”. Se refirió a los derechos humanos y exhortó a “soluciones negociadas ante la grave crisis humanitaria”.

No tan sólo eso, también se reunió con referentes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú, Paraguay y Uruguay para conseguir un pronunciamiento sobre la crisis venezolana.

Cuando Nicolás Maduro, el 10 de enero del 2019, juró ante el Tribunal Supremo de Justicia para asumir un nuevo período de gobierno, la Secretaría de Estado del Vaticano envió a un Encargado de negocios.

El 14 de enero, no tardaron en responder con un comunicado explicando que la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con el Estado Venezolano y que los obispos trabajan para garantizar el respeto de la dignidad humana. Ayudan a un pueblo que sufre las consecuencias humanitarias y sociales por la grave situación en que se encuentra la Nación.

La Conferencia Episcopal de Venezuela en pleno exigió al gobierno de Maduro “el cambio que el país pide a gritos: la recuperación del Estado de Derecho, según la Constitución, la reconstrucción de la sociedad venezolana, en dignidad, libertad y justicia para todos. Vivimos en régimen de facto, sin respeto. La pretensión de iniciar un nuevo período presidencial el 10 de enero de 2019 es ilegítima por su origen y abre la puerta a un desconocimiento del gobierno”.

Si algo queda claro es que los obispos no reconocieron la legitimidad de Maduro. La jerarquía eclesiástica venezolana nunca va a tomar una decisión propia que no esté consensuada con Bergoglio. Él mismo se ocupa de decir que el pensamiento de los obispos es el suyo propio.

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