Es necesario evitar el colapso del empleo formal

La economía argentina se encamina a la mayor contracción económica en más de un siglo a partir de la combinación de pandemia, cierre obligatorio e indefiniciones en materia de políticas macroeconómicas. Las estimaciones de impacto de este shock combinado sobre la oferta y la demanda se ajustan semanalmente con nuevos datos que -por ahora- corrigen siempre para abajo cualquier cálculo previo. El piso de la caída del PBI según los modelos que disponemos en FIEL se ubica entre 12 y 13% para un escenario de modesta recuperación en la segunda parte del año, que podría ser sin embargo más adverso. Aun con supuestos neutrales a optimistas el producto por habitante caería entre 13 y 14%. Hay que remontarse a las contracciones ocurridas en 1900 (14.3%) y a comienzos de la primera guerra mundial en 1914 (13.8%) para hallar registros similares. La caída del producto per cápita durante la crisis de 2002 fue de 11,8 por ciento.

Mientras marchamos hacia el abismo en actividad el empleo también se curva, aunque a un ritmo más lento. Ello es así en el empleo formal no solo por las fricciones que introduce la regulación que limita o directamente impide ajustes instantáneos, sino porque el empleo es un recurso necesario en el proceso productivo, y en una economía con fuertes ciclos y elevados costos de contratación y despido como la Argentina las firmas ya trabajan con planteles ajustados aun durante la expansión. De allí que uno habitualmente no observa un desplome de empleo (privado) formal en una recesión, en particular en un contexto inflacionario en que parte de los ajustes se realizan por precios. En cambio en el empleo informal el ajuste es más rápido, y en general si la demanda se desploma también cae inmediatamente el empleo. Ello es así no solo por la regulación, sino porque muchos informales son cuentapropistas y como tales son empresarios que cuando no tienen demanda simplemente no tienen empleo.

Los datos del primer trimestre confirman que el empleo crece poco en recesión, pero dicen algo más: el empleo ya se estaba desacelerando fuertemente antes del COVID-19. Hay al menos dos fuentes que confirman esto. Por un lado la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) nos revela que el crecimiento del empleo se frenó en seco, particularmente en GBA, respecto de su evolución en el primer trimestre de 2019 –con la economía en plena recesión- y en el primer cuarto de 2018. En el primer trimestre de 2018 la ocupación crecía en GBA a un ritmo del 2.4% anual y en el primer cuarto de 2019 lo hacía al 2.3% anual, en este último caso explicado por el aumento del empleo informal. En los primeros tres meses de 2020 el crecimiento se limitó al 0,4%, y sabemos que el empleo formal privado estaba frenado. ¿Desde cuándo? Desde el inicio de la recesión en 2018, y mucho más marcadamente a partir de septiembre del año pasado en que las contrataciones se desplomaron. En abril la tasa de contratación de empleados privados formales fue –como era de esperar- la menor de toda la serie histórica.

Debemos prever no solo el freno de nuevos contratados sino una aceleración de la pérdida de empleos privados formales de aquí en más, aunque seguramente la caída del empleo en el segundo trimestre va a estar básicamente explicada por pérdida de empleos informales. Pero este escenario ya no será el mismo en el tercer trimestre, en la medida que madure el daño al que se está sometiendo al tejido productivo con la combinación de la prohibición de ejercer actividades y -al mismo tiempo- la obligación de someterse a regulaciones laborales y tributarias diseñadas para una economía en expansión.

La crisis del COVID-19 se caracteriza por haber afectado más que proporcionalmente a empresas en sectores de servicios y comercio, que utilizan más empleo por unidad de producto que los fabricantes de bienes. La mayoría de las empresas enfrentan la alternativa de quebrar y desaparecer, o financiar en forma indefinida a sus empleados y al Estado (lo que no es factible). Cuanto más tiempo se extienda el lockout impuesto por el Estado, más débiles serán los sobrevivientes, y mayores los riesgos de que los nuevos mercados se organicen en forma no competitiva (por ejemplo, el mercado aerocomercial doméstico).

Este escenario nos puede llevar más o menos rápido a un contexto de alto desempleo, particularmente en el AMBA (más de 16% para el tercer trimestre), que la dirigencia política y los “buscadores de rentas” tratarán de enfrentar con mayores regulaciones laborales. Ejemplo de ello es no solo la “solución” de imponer restricciones al despido frente a un evento económico –cabe recordar que la restricción fue planteada como política pública antes del COVID-19- sino el intento de regular plataformas de teletrabajo imponiendo normas de difícil fiscalización que generan costos y nuevas rentas apropiables por sindicatos, funcionarios y auxiliares de la justicia.

Aun sin innovar con mayores regulaciones laborales enfrentamos un problema mayúsculo en materia de empleo formal, manifiesto en el hecho que de los 20 millones de ocupados hoy menos de 6 millones tienen un empleo productivo. Esperemos que la “nueva normalidad” post-pandemia no implique un fenómeno de histéresis con alto desempleo y una mayoría de ocupados en empleos informales, trabajadores por cuenta propia semi-formales, empleados del Estado y solo unos pocos trabajadores en el sector “moderno” de la economía.

El autor es Economista Jefe de FIEL

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