Más allá de los cambios que –a partir del amplio rechazo que generó– pudiese haber en el proyecto del Poder Ejecutivo de intervenir y expropiar la empresa Vicentin, pasando por encima del propio Poder Judicial que interviene en la causa y avasallando derechos de propiedad elementales, se trata de un episodio tremendo que define la esencia del Gobierno que encabeza Alberto Fernández.
Para el kirchnerismo, como para todos los autoritarismos 48% a 41% es igual a 100 a 0, y les permite avanzar contra todos los principios republicanos esenciales.
Reiterando las prácticas patoteriles, volvemos a un “déjà vu” de aquellos momentos en que se estatizaron Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas, YPF, las AFJPs, y otros tantos malogrados experimentos del kirchnerismo. En efecto, todas esas operaciones que resultaron catastróficas para las finanzas de la Argentina. Es decir, para los contribuyentes argentinos, que somos quienes terminamos pagando el gravoso costo de estos delirantes proyectos. Recuédese que pagamos en el CIADI cientos de millones de dólares por esas estatizaciones precarias e infantiles; para no hablar de todo lo que seguimos pagando para mantenerlas en la órbita del Estado.
En este caso en particular, como siempre, el Gobierno ha reunido argumentos de todo tipo, mezclados, absurdos y a veces hasta contradictorios, para pretender justificar lo injustificable. Fiel al manual populista, ha recurrido a argumentos tales como la defensa del trabajo, los intereses nacionales –siempre los “canallas” se envuelven en el patriotismo, como decía el Dr. Johnson– y el inexplicable e inentendible concepto de “soberanía alimentaria”, ridículo en un país como la Argentina y en un caso como éste.
Lo cierto es que el intento del Gobierno es un acto ilegal e inconstitucional, teñido de esa ideología social-populista que impregna a buena parte del kirchnerismo, mezclada, hay que decirlo, con una enorme ignorancia sobre cómo funcionan el mercado, las empresas privadas y estos sectores en particular. Válgame Dios cuando los funcionarios, quizás de La Cámpora, y porteños seguramente, aterricen en la empresa con su inexperiencia de no haber manejado en su vida ni un kiosquito ni pagado una quincena, y pretendan dirigir un conglomerado de este tipo, que actúa en mercados competitivos y complejos.
Pero más allá de esto, lo que expone esta intentona del Ejecutivo es su vocación autoritaria, esa idea profundamente antirrepublicana de que ganar las elecciones –en este caso por una módica diferencia de 48 a 41– le permite hacer cualquier cosa, y avasallar derechos y libertades. Para ellos 48 a 41 es como 100 a 0.
Será clave que ese 41%, en especial las instituciones –políticas, empresariales, judiciales– y la sociedad civil, estén atentas para que este intento, y otros similares, no puedan consolidarse.
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