Alberto Fernández busca alternativas para evitar la expropiación de Vicentin ante el fuerte rechazo que causó su anuncio

Alberto Fernández ya medita acerca de la conveniencia política de sancionar una ley - o no- que disponga la expropiación inmediata de la empresa Vicentin, en concurso de acreedores por su compleja situación financiera y económica. Se trata de una iniciativa redactada en soledad por Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, y empujada por Cristina Fernández de Kirchner, La Cámpora, y los movimientos sociales cercanos a Juan Grabois.

El Presidente hizo una evaluación acerca de los costos y los beneficios políticos que puede determinar esta abrupta cruzada expropiadora, y anoche no se descartaba en Olivos que sólo se mantenga por 60 días la intervención administrativa encargada a Gabriel Delgado, un reconocido experto en Economía Agraria y Finanzas Rurales con estudios doctorales en Francia.

Alberto Fernández sorprendió con el sesgo expropiador del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNI) y el proyecto de ley redactado en la intelligentzia de la Cámpora, que desde hace semanas insiste con ocupar la conducción de Vicentin bajo argumentos geopolíticos vinculados a la supuesta soberanía alimentaria.

Hasta ese momento, el jefe de Estado había defendido una versión humanitaria del capitalismo y descartado la apropiación de las empresas que recibieron ayuda pública. Alberto Fernández siempre fue crítico de la compra oficial de YPF y de la opaca ayuda crediticia a Sancor, dos proyectos que tuvieron la impronta de la Vicepresidente de la Nación.

Santiago Cafiero, Gustavo Beliz y Sergio Massa, por citar ciertas figuras con peso político e institucional que sabían del Proyecto Vicentin, fruncieron la nariz sin disimulo cuando el Presidente anunció su decisión de intervenir y expropiar la empresa con deudas reconocidas por 1.350 millones de dólares.

“Alberto (Fernández) venía embalado, y nunca pensamos que ahora estaríamos pagando este costo político”, confió un habitué de Olivos que conoce todos los detalles de esta iniciativa legal que se llevó marcada desde la Cámara de Senadores a la quinta presidencial.

La definición de costo político implica la enumeración de una sucesión de hechos que sorprendieron al jefe de Estado:

1. El rechazo explícito de Roberto Lavagna, que es su principal asesor económico en las sombras

2. Las manifestaciones espontáneas en Santa Fe contra la decisión de expropiar Vicentin

3. Los fuertes cacerolazos en la Capital Federal

4. Los cuestionamientos de las principales cámaras empresarias

5. La caída estrepitosa de las acciones argentinas en los mercados globales

6. La denuncia por abuso de poder presentada por representantes de la oposición

7. La crisis política que enfrenta el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti

8. La crítica unánime de las organizaciones agropecuarias

9. La controvertida argumentación jurídica para sostener la decisión política de expropiar

Alberto Fernández evalúa un plan alternativo que congela la expropiación de Vicentin, mantiene la intervención por 60 días y prevé un trabajo conjunto con el juez del concurso de acreedores y los accionistas de la empresa que mantuvieron la actividad comercial a pesar del COVID-19 y su impacto en el sistema productivo.

El gobernador Perotti, los abogados de Vicentin, Massa, los principales accionistas de la compañía agroexportadora, Kulfas, Delgado y Beliz conformaron un pack informal para acercar una posición alternativa a la iniciativa expropiadora que empuja CFK, la Cámpora, y los movimientos sociales más intransigentes liderados por Juan Grabois.

El Presidente analizará hoy ese Plan B en Olivos, y a las 6 PM recibirá a las autoridades de Vicentin para conocer su mirada sobre una compañía que maneja el 10 por ciento de las exportaciones de soja, produce biodiesel, lácteos, vinos y es clave para miles de productores de Santa Fe y Córdoba.

Alberto Fernández tomará la decisión política después de este cónclave que compartiría con Cafiero, Kulfas y Delgado. Si el encuentro con Sergio Nardelli, CEO de Vicentin, no termina en una catástrofe, el Presidente debería anunciar que continúa la intervención, que YPF Agro será clave para la compañía en concurso de acreedores, y que la expropiación quedará en suspenso hasta nuevo aviso.

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