Cuestionando la educación estatal

Uno de los pilares de cualquier educación que se precie de tal consiste en fomentar el pensamiento independiente y en la capacidad de cuestionar el statu quo. En esta nota hago precisamente eso y espero como devolución el debate con argumentos y no “cajas destempladas” enojadas porque se pone en tela de juicio lo que la mayoría acepta sin capacidad de contradecir, de hurgar y de explorar otras variantes.

No se trata de sostener que en las instituciones estatales no hay excelentes profesores y profesoras. Además no sería consistente con mi propia trayectoria fuera de las casas de estudio privadas si pensara que toda la enseñanza estatal es deficiente, puesto que fui profesor titular en cinco carreras en la Universidad de Buenos Aires: en el doctorado en ciencias económicas, en grado y maestría en derecho, en ingeniería, en sociología y en el departamento de historia de filosofía y letras. También fui director del Departamento de Doctorado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata. No se trata de refutar el hecho de lo mucho y bueno aprendido en entidades gubernamentales de enseñanza merced a las esforzadas y meritorias tareas de maestras y maestros de escuela. Salvando las distancias, tampoco es el caso de discutir la faena formidable de Sarmiento en un territorio virgen (aunque hay trabajos que muestran que en gran medida muchas de las instituciones privadas de la época fueron barridas por la oferta “gratuita”).

A esta altura de los acontecimientos, se trata de revisar el fondo del asunto y no para circunscribirlo al caso argentino sino para formular un análisis global que cabe a todas las instituciones estatales de educación en todas latitudes. No es un asunto de mala voluntad sino de conclusiones ineludibles, ni se trata de contradecir el hecho del notable desempeño en cátedras magistrales en instituciones estatales en todas partes del mundo.

Veamos esto por partes en un análisis que tomo parcialmente de mi conferencia en el European Center for Austrian Economic Foundation de la Universidad del Lietchenstein. En primer lugar, un asunto terminológico: no es pertinente aludir a la “educación pública”, puesto que la educación privada es también para el público, se trata de educación estatal, lo cual de entrada suena mal del mismo modo que lo es el periodismo estatal, el arte estatal y equivalentes.

En la mayor parte de los países hoy, la denominada educación privada no es en rigor privada puesto que las secretarías y ministerios de educación están encargados de aprobar las respectivas estructuras curriculares.

Estos procedimientos ilustran la columna vertebral del fascismo: se permite que la propiedad quede registrada a nombre de privados pero el Gobierno usa y dispone de ella, en contraste con el comunismo que de una manera abierta decide la abolición de la propiedad. Lo primero entonces es comprender que por más buena voluntad, en última instancia resulta difícil enseñar criterios independientes y libres en base a la compulsión.

En un país civilizado, los ministerios y las secretarías de educación deberían dejarse sin efecto y las acreditaciones, en los casos en los que se requieren, serían realizadas, tal como sucedía originalmente, a través de academias e instituciones privadas que, en el proceso, además, sirven de auditorías cruzadas y en competencia de responsabilidades por la calidad de los programas desarrollados en colegios y universidades.

La politización debería estar completamente ausente en un tema tan delicado e importante como la educación. Dado que todos somos diferentes en la mayor parte de los aspectos clave, especialmente desde la perspectiva psicológica, los respectivos programas ofrecidos deben ser distintos al efecto de calzar con las diferentes potencialidades de las múltiples demandas. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que esas diferenciaciones lo son de un modo multidimensional en la misma persona por lo que se requiere un proceso dinámico y cambiante. En todo caso, la educación demanda sistemas abiertos y competitivos donde nadie debería tener la facultad de imponer programas desde el vértice del poder, puesto que nadie puede dictaminar lo que deben estudiar otros en el contexto de un proceso evolutivo de prueba y error.

Debe comprenderse que todos pagamos impuestos, especialmente los más pobres que pueden no haber visto nunca un formulario fiscal. Esto es así porque aquellos que son contribuyentes de jure reducen sus inversiones, lo cual, a su turno, reduce salarios e ingresos en términos reales, una secuencia que tiene lugar debido a que las tasas de capitalización constituyen la única explicación por la que se eleva el nivel de vida.

Más aun, si tomamos en cuenta el concepto de utilidad marginal resulta claro que una unidad monetaria -a pesar de que no son posibles las comparaciones intersubjetivas de utilidad ni tampoco pueden referirse a números cardinales- en general no es lo mismo para una persona pobre que lo es para una persona rica. En el primer caso, manteniendo los demás factores constantes, el efecto negativo del tributo será mayor, lo cual hace que el impacto impositivo recaiga en definitiva con mayor peso en los más pobres como consecuencia de la antedicha contracción en las inversiones.

Imaginemos una familia muy pobre que no está en condiciones de afrontar los costos de oportunidad que significa enviar a sus hijos a estudiar. En este caso, los impuestos, como queda dicho, se afrontan de facto vía la contracción de los salarios de los relativamente más pobres que están de hecho financiando los estudios de alumnos más pudientes.

Y si otra familia, con gran esfuerzo, puede enviar a sus hijos a estudiar, si realiza un análisis fiscal correcto los enviarán a instituciones estatales puesto que, de enviarlos a colegios y universidades privadas, estarían pagando un costo doble: uno a través de los impuestos para mantener la educación estatal y otro al financiar la matrícula y las cuotas en el ámbito privado.

Desde otra perspectiva, los costos por estudiante en las entidades estatales de educación son en general más elevados que en instituciones privadas, por la misma razón que opera “la tragedia de los comunes” en cuanto a incentivos que hacen que las mal llamadas “empresas estatales” sean ineficientes.

Se ha sugerido el sistema de vouchers en repetidas ocasiones. Es cierto que este sistema exhibe un non sequitr: esto significa que de la premisa de que otras personas debieran ser forzadas a financiar la educación de terceros no se sigue que deban existir instituciones estatales de educación, ya que el voucher (subsidios a la demanda) permite que el candidato en cuestión elija la entidad privada que prefiera.

En cualquier caso, los vouchers también significan que principalmente son los pobres los que se ven obligados a financiar los estudios de los más pudientes y también, a pesar de que las mediciones de IQ son irrelevantes (como se ha demostrado, todos somos inteligentes pero para temas y campos muy diferentes), aquellos que no califican para las ofertas disponibles deben pagar los estudios de los mejor calificados, lo cual constituye también una injusticia flagrante.

Se ha dicho repetidamente que la educación es un bien público, pero esta afirmación no resiste un análisis técnico ya que no calza en los principios de no-rivalidad y no-exclusión propios de los bienes públicos.

También se ha dicho una y otra vez que la educación estatal debe incorporarse porque le da sustento a la idea de la “igualdad de oportunidades”. Esta figura, prima facie parece atractiva pero es del todo incompatible y mutuamente excluyente con la igualdad ante la ley. El liberalismo y la sociedad abierta promueven que la gente disponga de mayores oportunidades no iguales debido a que las personas son distintas.

Una misma línea argumental es aplicable al “derecho a la educación”. No hay tal cosa. Un derecho implica que como contrapartida hay una obligación. Si alguien obtiene como salario 100 en el mercado laboral, hay una obligación universal de respetar ese ingreso. Pero si la misma persona alega que tiene “derecho” a obtener 200 que no obtiene con su trabajo lo cual es sin embargo garantizado por el aparato estatal, esto significa que otras personas serán compelidas a financiar la diferencia, lo cual lesionará sus derechos. Esta es la razón por la que el “derecho a la educación” -el reclamo sobre el bolsillo ajeno- es un pseudoderecho.

Se ha afirmado que debería ayudarse a aquellos que cuentan con las condiciones intelectuales para aplicar a las ofertas educativas disponibles pero que no disponen de los ingresos suficientes. Esta es una aseveración indudablemente muy bien inspirada, pero para ello debería recurrirse a la primera persona del singular y no pretender el endoso a otros recurriendo a la tercera persona del plural. En la misma dirección, debe considerarse que la solidaridad y la caridad nunca pueden ser provistas por el estado ya que, por definición, se trata de actos voluntarios y realizados con recursos propios.

En varios países el home schooling es utilizado como una defensa contra la invasión de la educación estatal. Hace un tiempo, The Economist estudió esta forma de educar desde los domicilios de los interesados de manera extensa, donde consignó las opiniones de los oficiales de admisión de varias de las universidades del Ivy League en Estados Unidos respecto a los candidatos a ingresar en esas casas de estudios provenientes del home schooling. Las opiniones eran coincidentes en señalar no solo las excelentes condiciones académicas de los candidatos sino que subrayaron el cuidado y la precisión en la forma de expresarse y la prolijidad en sus vestimentas.

Algunas personas han objetado el home schooling en base a la creencia de que este sistema no permite la socialización de unos alumnos con otros, lo cual no es cierto porque, precisamente, la preocupación y ocupación es mucha por programar reuniones sociales entre los jóvenes a través de deportes, bailes, certámenes de ajedrez, asociaciones varias, actividades en parroquias y equivalentes. Es notable el apoyo logístico que presentan los programas de estudio en Internet, lo cual no requiere que los padres conozcan los contenidos de las diversas asignaturas, solo se necesita que hagan el seguimiento de los estudios de su prole directamente o lo hagan a través de personas contratadas a tal efecto.

Cuando tiene lugar la educación estatal, en mayor o menor medida, tarde o temprano, aparece el adoctrinamiento debido a la necesaria intromisión del gobierno. Si los burócratas están a cargo de la educación de alguna manera inexorablemente influyen sobre los programas, los textos y las pautas a su cargo.

Se mantiene que los niños deberían contar con un minimum de enseñanza tal como el aprendizaje de la lectura y la escritura, pero si los padres de familia consideran que eso es importante, es eso a lo que se le otorgará prioridad tal como ha ocurrido a través de la historia por medio de pagos directos o por medio de becas.

Es muy cierto que la educación es fundamental pero más importante aun es el estar bien alimentado y ninguna persona de sentido común, a esta altura, propondrá que la producción de alimentos esté en manos del Estado porque la hambruna es segura. Cuando la política se hace cargo de la educación, aparece otro tipo de hambruna que es la espiritual y cultural.

Si prestamos atención a los escritos de historiadores, comprobaremos que, comenzando con Atenas, la Roma de la República antes del Imperio, el mundo árabe en España y en el comienzo de las colonias estadounidenses no había interferencia estatal en materia educativa. Cualquiera podía instalar un colegio y competir para atraer alumnos a muy diferentes precios y condiciones, lo cual produjo como resultado la mejor educación del mundo de entonces.

Debido a que el control gubernamental poco a poco se fue apropiando de la educación, desde el siglo XVII se instaló el primer sistema estatal en Alemania y en Francia. Ya en el siglo XVIII la mayor parte de Europa estuvo bajo la influencia de este sistema (excepto Bélgica que lo impuso en 1920).

Es errado suponer que cuanto más gaste el gobierno en educación la situación mejorará. Antes al contrario, a través de la politización la situación educativa se torna más difícil si es que se pretende contar con personas con criterios independientes. Es curioso que haya quienes se quejan airadamente de la politización y en muchos casos la baja calidad de la educación y, sin embargo, son los primeros en sugerir que los aparatos estatales intervengan en los procesos educativos.

Por último destaco que en una sociedad abierta cuando se estima que padres lesionan derechos de sus hijos sea en materia educativa, alimentaria o física, quienes detectan esas conductas pueden actuar como subrogantes ante la Justicia.

El autor es Doctor en Economía y también Doctor en Ciencias de Dirección, preside la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.