¿Qué consecuencias tiene la investigación de los "cuadernos de la corrupción"?

La realidad de lo acontecido es un claro ejemplo típico para graficar la función, los derechos y las obligaciones establecidos por la Constitución, norma suprema en un Estado de derecho democrático. Argentina es un país joven en el ejercicio del Estado democrático de derecho —el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, cada uno con sus funciones establecidas en la Carta Magna, deberán realzar como funcionarios sus deberes constitucionales, para lo cual juraron al asumir sus cargos.

¿Qué consecuencias tiene la investigación en el entorno político actual de Argentina? La Justicia está investigando las obras públicas cuyos procedimientos se imputan de corrupción. Empresarios y funcionarios deberán aclarar la situación ante la Justicia ejerciendo sus derechos y en debido proceso.

El Gobierno, por su parte, deberá evaluar las consecuencias y replantear el sistema de contrataciones del Estado con el sector privado. ¿Qué pasará con los contratos ya otorgados? Revisar el régimen legal de obras públicas. Asimismo, pensar si ese dinero que pertenecería al erario público será recuperado a los fines de cumplir con los objetivos y los fines para los cuales fueron imputados. El Gobierno tiene la responsabilidad de proteger al conjunto de bienes públicos del Estado.

¿Qué tan probable es que Cristina Fernández se postule a la presidencia el próximo año, y cómo la investigación de la corrupción y otras investigaciones pueden influir en su decisión de postularse? Fernández se puede presentar como candidata a las elecciones del 2019, ya que no tiene inhabilitación expresa por sentencia firme condenatoria, porque la naturaleza jurídica de inhabilitación es aplicada como una sanción.

Cabe aclarar que, a la fecha, Cristina Fernández está ejerciendo el cargo de senadora de la nación, para lo cual, previo a ser sometida ante la Justicia, se deberá tratar y someter a votación el desafuero de la senadora en el ámbito del Senado.

¿Tendrá un efecto más amplio en los negocios y la inversión en el país sudamericano?

Se entiende que se trata de conductas individuales y la República Argentina es superior a ello. Ese debe ser el tenor de la perspectiva de toda la ciudadanía y ser un ejemplo para latinoamericanos. La democracia en Argentina es muy joven, y se está trabajando en ello. Cabe mencionar la ley 27401.

Desde el 1º de marzo de 2018 rige la ley 27401, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas por delitos de corrupción. Conocida asimismo como la ley de responsabilidad empresarial donde establece los términos, las reglas y los procedimientos de conductas que deberán practicar los empresarios, los directores, los administradores y los empleados para la prevención de actos de corrupción; implementando normas y programa de integridad cuyos elementos mínimos están definidos en la ley. En concordancia con el decreto 609/2016, lo que significa que a partir de marzo los oferentes de contratos con el Estado que superen los cien millones de pesos deberán acreditar que han adoptado códigos de conducta y controles para minimizar los riesgos emergentes de las interacciones de sus empresas con el sector público y entrenar a los integrantes de estas.

La autora es abogada – mediadora. Directora ejecutiva, Asuntos Legales de América Latina. Veritas Assurance Partners.