Desde hace varios meses nos vienen diciendo que lo que estaba en debate era "aborto legal o clandestino". Y resulta que, en la sanción de la Cámara de Diputados, terminaron votando y festejando un texto legislativo que sigue penalizando a la mujer en algunos casos y, por lo tanto, arrastrándola al aborto clandestino e inseguro. ¿Qué pasó?

El proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito era diferente. Allí se establecía claramente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, a simple petición, de manera irrestricta, como un derecho de las mujeres. Y por eso derogaba varios artículos del Código Penal, entre ellos el 88. Pero sabiendo que esa ley no iba a salir porque no tenía apoyo mayoritario, se hicieron algunas concesiones. Entre ellas, reducir la pena del artículo 88, pero dejar la penalización, criminalización, de la mujer. A la par, varias diputadas que votaron en contra de la legalización, con mayor conciencia social, pedían despenalizar totalmente a la mujer, algo con lo que personalmente estoy de acuerdo.

El aborto, si finalmente se sanciona esta ley, seguirá ubicado en el Título I y Capítulo I del Libro II del Código Penal, es decir, seguirá tipificado como un delito contra la vida de las personas. Esto queda claramente establecido en los primeros cuatro artículos de la sanción de Diputados, más allá de los errores técnicos en cuanto a legislación penal que tiene el texto normativo.

Pero si seguimos leyendo, en los artículos 5° y 7°, se habla de garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo puede ser que un aborto en la semana 16 deje de ser un delito contra la vida de las personas y convertirse, mágicamente, en un derecho, con sólo esgrimir un causal de salud emocional o social? Inconcebible…

Sucede que no todos los que votaron a favor, militaron, este proyecto de ley sobre la legalización del aborto piensan lo mismo. Y esas contradicciones se trasladaron al texto normativo para, como han dicho algunas diputadas pro-legalización, "sacar la ley como sea".

En realidad, entre los que votaron en contra también hay disidencias ideológicas y de propuestas. Quizás lo que nos una a la gran mayoría del pueblo argentino es entender al aborto como un drama. Algo que no queremos que pase. Algo traumático que no elegimos como proyecto de vida. Y por eso hay que trabajar de forma mancomunada, con políticas públicas de salud, educación, derechos humanos, sociales, para encarar y solucionar este fracaso de la sociedad que es el drama del aborto.

Pero aquellos que estamos en el mundo político sabemos que hay un grupo minoritario que impulsa esta ley con otras ideas. Es cierto que no siempre lo reconocen en público, que maquillan sus argumentos, que buscan esconder sus verdaderos pensamientos: conciben al aborto como un derecho de todas las mujeres (y personas gestantes, es decir, varones trans con útero) que pueden terminar con su embarazo en cualquier momento y por cualquier razón. Porque sí. ¿Y por qué no lo dicen abiertamente? Porque saben que la gran mayoría del pueblo argentino jamás apoyaría una ley así. Por eso el nuevo debate, de cara al tratamiento en Senado, debiera ser: ¿es el aborto un drama o un derecho?

Estoy convencido, y tengo razones científicas, jurídicas, filosóficas y políticas para estarlo, que antes de nacer ya hay un ser humano con derecho a la vida. Y es por eso que me opongo a la legalización del aborto. Pero entiendo, y respeto, que no todos compartimos esa mirada. Sin embargo, no tengo dudas de que la gran mayoría de las argentinas y los argentinos consideramos al aborto como un drama y no un derecho. La mujer también es víctima. Cuidemos todas las vidas, toda la vida.

Y, además, sabemos que la verdadera solución pasa por la prevención, la educación sexual Integral, un real acceso en igualdad de oportunidades a la salud de calidad, y todas las políticas públicas pensadas en clave de derechos humanos y justicia social. ¿Cuál es la excusa para no hacerlo ya? Sabemos que hoy hay cientos de mujeres que mueren al año en nuestro país por malnutrición, tuberculosis y Chagas. ¡Hasta mueren por complicaciones en el embarazo y el parto aquellas que sí desean tener a sus hijas e hijos! Sabemos que en algunos rincones de nuestro país, hoy, una mujer que sí quiere que nazca su hija o hijo debe viajar hasta cientos de kilómetros para poder parir. Faltan hospitales, quirófanos, médicos, remedios y hasta vendas y curitas. ¡No hay ecógrafos! Si no los hay para controlar un embarazo (¡cuántas mujeres en situación de vulnerabilidad no acceden a los controles necesarios!), ¿cómo van a realizar cualquier tipo de aborto donde deben realizarse ecografías antes y después? ¿Cómo van a hacer para garantizar realmente el aborto legal, seguro y gratuito a aquellas mujeres que hoy no acceden ni siquiera a un parto legal, seguro y gratuito? Esta ley que se debate no va a solucionar el drama del aborto, ya que parece pensada para garantizar el derecho a terminar un embarazo y no para cambiar el sistema injusto que sufre la mayoría de nuestro pueblo.

Pero, ¿qué hacer frente a una mujer que expresa su deseo de abortar? Una mujer que llega a esa situación es porque no encuentra salida. Continuar un embarazo no deseado, dar en adopción o abortar son tres opciones que vive como un drama. Por eso es fundamental contenerla, escucharla y acompañarla. Nunca juzgarla, independientemente de la decisión que tome. Nunca pedir una sanción penal para ella. Porque el aborto es un drama. Y los dramas no se legalizan, sino que el Estado debe hacerse cargo de encontrar soluciones superadoras, creativas, desde las políticas públicas.

Existen varios proyectos en el Congreso que representan alternativas reales, superadoras a la legalización del drama del aborto. Uno de ellos, con numerosas firmas de los diferentes bloques partidarios, presentado varias veces y nunca tratado, es el que propone una ley de protección integral de los derechos de la mujer embarazada. Allí se plantea, además de la asignación universal por hijo por nacer, la creación de Centros de Asistencia a la Mujer Embarazada, cuya finalidad será la de brindar asesoramiento, contención y apoyo a las mujeres que cursen embarazos conflictivos o se encuentren en situación de riesgo psicofísico, social o económico. Esos centros estarán conformados por profesionales médicos, en las especialidades de ginecología y obstetricia, neonatología y psiquiatría; por psicólogos y por trabajadores sociales.

En vez de destinar recursos públicos a garantizar una práctica que se resigna al fracaso social del drama del aborto (ni que hablar de los miles de millones de pesos que se despilfarran en endeudarse para pagar intereses de deuda), ¿por qué no destinamos todo ese presupuesto, y toda la energía movilizada en estos meses con colores verdes, celestes y demás, para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos que sí tenemos? De esa manera, en menos tiempo, bajaría la cantidad de embarazos no planificados, bajaría la cantidad de abortos, bajaría la tasa de mortalidad materna y, además, caminaríamos hacia el horizonte de bienestar para el conjunto de los argentinos que todos buscamos.

El autor es licenciado en Educación, maestrando en Filosofía Política en la Universidad Nacional de Quilmes y asesor legislativo en la Cámara de Diputados de la Nación.