El doctor Antonio Margariti me acerca una información, en realidad, una investigación académica, demoledora. El especialista en economía y tributos se tomó el trabajo de estudiar comparativamente los impuestos de los Estados Unidos y la Argentina, dos países que asombraron paralelamente al mundo y luego ya sabemos cómo terminó la historia.
Margariti da en la tecla de por qué, entre otras cosas, la historia terminó así. Los Estados Unidos, la primera potencia mundial y el cuarto PBI per cápita, con casi 64 mil dólares de ingreso medio, tiene cuatro impuestos —el impuesto a la renta, el impuesto a la última venta o "sales tax", el impuesto a las sucesiones y el impuesto a la trasmisión de bienes inmuebles.
La Argentina, que no está en el primer lugar de la Tierra entre los países que mejor viven, ocupa el puesto número 55 y tiene un PBI per cápita de 17 mil dólares con toda la furia, tiene 96 impuestos. Sí, sí, 96.
El especialista se tomó el trabajo de contar la cantidad de normas impositivas que tiene el país. Para eso estudió los 26 tomos, de 1260 páginas cada uno, de la publicación La Ley-Impuestos.
Allí se hallan expuestas la cantidad de normas y reglas a las que se tienen que someter los argentinos. Son 64980, incluidas en leyes, decretos leyes, decretos reglamentarios, decretos interpretativos, resoluciones generales, resoluciones especiales e instructivos.
Es completamente imposible que una persona o una empresa puedan cumplir simultáneamente y conocer ese enorme fárrago de disposiciones. Además, por la simple imposición de la estadística, hay altísimas probabilidades de que esas disposiciones sean contradictorias o directamente incompatibles entre ellas, haciéndolas mutuamente excluyentes por aplicación del simple sentido común.
Margariti también investigó cómo esa maraña legislativa impacta en el bolsillo de la gente. Lo hizo desde dos puntos de vista. El primero, desde la presión fiscal, es decir cómo influye en el ingreso neto de las personas el cumplimiento a rajatabla de las disposiciones de los 96 impuestos que rigen en el país. El resultado es que la presión directa sobre el bolsillo de alguien que no evada ningún impuesto es del 74% del ingreso generado por esa persona o esa empresa.
Para chequear ese dato, contrapuso ese resultado con la información que mes a mes revela Alberto Abad y que se conoce como recaudación fiscal. A eso agregó la recaudación de las provincias, de los municipios o de los adelantos del BCRA al Tesoro. Todo ese gran total de ingresos públicos, lo dividió por la cantidad de familias que hay en el país. Para hacer ese cálculo se tomaron 42 millones de habitantes por un promedio de 4,7 integrantes por familia.
Según este segundo método el impacto en el bolsillo individual de los argentinos de los 96 impuestos vigentes da 76%, o sea, muy parecido al resultado del otro mecanismo.
Se trata de un saqueo insoportable. El Estado consolidado argentino se queda con tres cuartas partes de nuestro trabajo, mientras nos deja solo un cuarto para nuestro goce y disfrute. Se trata del esquema exactamente contrario al que la Constitución le ofreció al mundo: "Vengan aquí, que nadie les robará el fruto de su trabajo"
Pero la Argentina real, la Argentina populista, la Argentina del defalco y de la demagogia pobrista sí lo hizo posible. Les robó el fruto de su trabajo a los argentinos (y a "todos los hombres de buena voluntad que quisieron habitar su suelo") bajo el argumento de que el Estado se los devolvería de una forma más justa.
Esta Justicia fue solo justa para las personas de carne y hueso que encarnaron el Estado y que hicieron de sí mismos una simbiosis con él, convenciendo al pueblo de que ellos (sus personas) eran la patria.
El Estado fue creado por el liberalismo del siglo XIX con una ficción protectora de derechos individuales. Pues bien, la Argentina lo convirtió en una máquina de saquear riqueza privadamente creada.
Perdón por la autorreferencia, pero en 2009 escribimos La Idolatría del Estado, cuya bajada de título era: "De ficción protectora de derechos a religión pagana del saqueo". En esto hemos convertido los argentinos al Estado: en un perfecto dispositivo para expoliar el esfuerzo personal. Nunca habrá crecimiento y salida de la pobreza así.
Margariti se pregunta si no ha llegado el momento de pensar en la legalidad de la resistencia fiscal. Para ello recuerda la frase del juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el célebre Oliver Wendell Holmes: "El poder del Estado para sancionar y cobrar impuestos es un poder para arruinar a la gente y para destruir su capacidad de emprendimiento, por eso debe estar estrictamente limitado".
¿Por qué nuestra cultura cívica no ha engendrado Oliver Holmes en lugar de Zaffaroni? En la respuesta a esa pregunta se halla gran parte de los secretos de nuestra decadencia.
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