Abolir es la cuestión

Abolicionismo penal: relato neomarxista soft que seduce por igual a estudiantes de derecho, a letrados progres y a anarquistas oxidados, que todavía creen que la vida real es una canción de Joaquín Sabina, con insultos a la Policía incluidos.

Es el discurso que ha invertido el paradigma milenario del derecho penal. El que sostiene que el criminal es la víctima de un sistema capitalista o neoliberal que lo excluyó y que la víctima es, en realidad, el victimario. Es la perorata preferida de una secta cuyos integrantes aseguran que el delito es una creación política. Que el proceso penal es una farsa de los poderosos, quienes les quitaron a los particulares el conflicto y la posibilidad de resolverlo entre ellos. Que la cárcel "no sirve para nada". Que el Estado no está legitimado para imponer penas. Que la pena es otro hecho político para llenar de pobres e indigentes las agencias policiales y penitenciarias, para saciar las ansiedades de las clases dominantes frente a la "sensación de inseguridad".

Por supuesto, los abolicionistas se consideran una raza superior, con una inteligencia de otro planeta, muy lejos de nosotros, los dinosaurios, los que no entendemos nada, los "fachos".

Que el abolicionismo y los abolicionistas han hecho un daño inconmensurable al derecho penal argentino y a la administración de Justicia penal no es ninguna novedad. Por el contrario, es un tema demasiado trillado.

Pero muy poco se ha dicho o escrito sobre la nefasta influencia de esta supuesta corriente doctrinaria en la prevención delictual, resorte exclusivo del Poder Ejecutivo.

En medio de la inaudita ola de inseguridad que nos azota, donde no sólo el delito aumenta en cantidad, sino que —además— se incrementa la violencia en casi todas las formas de comisión criminal, y el negocio de la droga y el consumo masivo de estupefacientes inciden en forma directísima en ambas variables, los gobernantes y los aspirantes a serlo buscan desesperadamente las respuestas a las desesperadas demandas de la comunidad (o "de la gente", como indican que debe decirse los modernos manuales de marketing político).

"Más policías en las calles", "camaritas, botones de pánico y alarmas", "policías municipales, locales, comunales, barriales, deportivas", etcétera, parecerían ser las palabras mágicas con las que los dirigentes se ilusionan para construir las soluciones a aquellas demandas "de la gente". Pero, con la sola presencia no alcanza. El delincuente no se intimida con la existencia de la Policía en las veredas. Ni con las cámaras. Ni con los patrulleros multicolores o con los jovencitos con sus impecables uniformes almidonados, caminando sin rumbo fijo por calles y avenidas. Por el contrario, los desafían constantemente. Es el ADN del criminal.

La prevención delictual es presencia policial, sí. Pero también es conocimiento, información, análisis. Es táctica y estrategia. Es adelantamiento a la conducta del ilegal. Sin embargo, nada de esto sucede con la policía actual.

Desde hace años, diversos fallos judiciales han neutralizado —o, directamente, eliminado— normas contravencionales, facultades policiales preventoras en conductas o sospechas de conductas predelictuales (por ejemplo: merodeo, omisión de identificación, vagancia), eliminación de los álbumes de modus operandi, satanización del denominado "instinto policial" o de la llamada "actitud sospechosa", etcétera.

Con los rótulos de "policización", "policialización", "estigmatización", "militarización policial", "derecho penal del enemigo", entre otros términos y frases que adornan cursos, conferencias, libros y revistas de los gurúes abolicionistas, distintos fallos judiciales hicieron posible que la fuerza policial se fuera quedando —exclusivamente— con la presencia, las camaritas y los patrulleros con calcos símil autos del TC 2000. Es decir, estar ahí, en la calle, con la esperanza de atrapar al delincuente in fraganti.

Obviamente, esto no es prevención. El criminal podrá ser aprehendido instantes después de haber cometido el delito. Pero ya habrá robado, violado o asesinado. La policía, en este caso, habrá llegado cinco segundos tarde. Pero tarde al fin.

Mirar para el costado

Mientras los fallos abolicionistas se dedicaban a destruir la prevención delictual, durante muchos años los Poderes Ejecutivos (nacional y provinciales) "acataban respetuosamente" las decisiones de la Justicia. ¿Por qué? Presumo que por tres razones:

La primera, era la excusa perfecta para deslindar responsabilidades, argumentando respecto de los delincuentes: "La Policía los atrapa, el Poder Judicial los libera".

La segunda, constituía una oportunidad inmejorable para sostener el discurso progre-abolicionista, profundizar el relato y ganar más adeptos.

La tercera, todavía no había nacido el Partido Judicial, y no había necesidad de recurrir las decisiones jurisdiccionales hasta las últimas instancias procesales, presionar a los jueces o amenazarlos con juicios políticos.

En tanto, los delincuentes siguen ahí, tranquilos, en las calles de un país que se acostumbró a vivir al margen de la ley.

El autor es fiscal del Ministerio Público, miembro de Usina de Justicia.