¿Quién es el expresidente salvadoreño que defraudó al Estado con más de USD 300 millones y ha recuperado su libertad?

El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca González, conocido como Tony Saca, recuperó la libertad tras cumplir una condena de diez años de prisión por peculado y lavado de dinero. El exmandatario, que gobernó entre 2004 y 2009, fue el primero en el país en haber sido condenado por delitos de corrupción cometidos desde la Presidencia.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el 28 de octubre que Saca había completado la pena impuesta en 2018 por el caso que fue denominado como Destape a la Corrupción, una investigación que reveló como el exmandatario había desviado y lavado unos $301 millones de fondos públicos.

La orden de libertad estaba vigente desde el 27 de octubre, según informó la Fiscalía.

Saca, de 61 años, nació el 9 de marzo de 1965 en Usulután, en el oriente salvadoreño, en una familia de ascendencia palestina. Antes de ingresar a la política fue locutor deportivo, narrador de fútbol y empresario de medios. Su popularidad creció desde la radio y la televisión, donde trabajó en transmisiones deportivas y ocupó cargos de dirección.

Su actividad empresarial comenzó en la radiodifusión. En 1987 fundó Radio América junto a Alfonso Rivas y, años después, creó Radio Astral, origen del grupo radial Samix.

Esa expansión le abrió paso en las principales gremiales empresariales: presidió la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) y luego la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

La combinación de reconocimiento público, presencia empresarial y vínculos con la derecha lo convirtió en candidato de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) para las elecciones de 2004. Ganó los comicios frente a Schafik Hándal, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y asumió el 1 de junio de ese año.

Durante su gobierno mantuvo la orientación económica de las administraciones anteriores de ARENA, con respaldo a la dolarización, apertura comercial y políticas de subsidios focalizados.

En seguridad, profundizó la estrategia de mano dura contra las pandillas con el Plan Supermano Dura, que amplió la participación militar en tareas de patrullaje.

Su administración también mantuvo una relación estrecha con Estados Unidos. El Salvador sostuvo tropas en Irak durante su período presidencial, mientras la política exterior se distanciaba de los gobiernos de Cuba y Venezuela.

La trama que desvió fondos de Casa Presidencial

Saca fue detenido el 30 de octubre de 2016 junto con exfuncionarios de su administración en la Hacienda de los Miranda, donde se celebraba la boda de uno de sus hijos. La investigación fiscal sostuvo que una estructura encabezada desde Casa Presidencial trasladó dinero de cuentas estatales hacia cuentas privadas, empresas y colaboradores cercanos.

En septiembre de 2018, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador lo condenó a cinco años de prisión por peculado y otros cinco por lavado de dinero y activos. El expresidente admitió los hechos en un procedimiento abreviado, lo que evitó un juicio ordinario y redujo la pena que podía enfrentar.

La causa involucró, entre otros, a su exsecretario privado, Élmer Charlaix; el exsecretario de Comunicaciones Julio Rank; el exsecretario de la Juventud César Funes; el exgerente financiero de Casa Presidencial Francisco Rodríguez Arteaga, y el extesorero institucional Jorge Herrera.

Parte de los recursos, según la investigación, fue destinada a empresas vinculadas con Saca, gastos personales, inmuebles y financiamiento político. El caso también expuso pagos irregulares a funcionarios y dirigentes partidarios desde la partida secreta de la Presidencia, según documentos divulgados por El Faro.

La libertad no extingue sus deudas con el Estado

Aunque Saca completó su condena penal, sus responsabilidades económicas siguen vigentes. En el caso Destape a la Corrupción, todavía no ha devuelto en su totalidad los $ 260.7 millones fijados como responsabilidad civil por el daño al Estado.

También fue condenado por enriquecimiento ilícito junto con su esposa, Ana Ligia Mixco de Saca. La resolución estableció que el exmandatario debía reintegrar cerca de $3.8 millones. Hasta abril de 2026, había abonado apenas $5,845.75, de acuerdo con datos recogidos por La Prensa Gráfica.

A esas obligaciones se suman los $6 millones que debe devolver por una condena civil relacionada con fondos donados por Taiwán. La sentencia, firme desde 2022, también alcanzó a Juan Tennant Wright y Gerardo Antonio Balzaretti.

La FGR informó que los inmuebles, vehículos, empresas y otros bienes sometidos a medidas judiciales continuarán bajo custodia estatal. La salida de prisión, por lo tanto, cerró su pena de privación de libertad, pero no los procesos patrimoniales derivados de las condenas.