La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgó medidas provisionales a favor de monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, obispo emérito de Estelí, y de cuatro personas de su círculo cercano, ante el riesgo para sus derechos a la vida, la integridad personal, la salud y la libertad personal en Nicaragua.
La resolución, fechada el 27 de agosto de 2026, solicita a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo adoptar de inmediato las acciones necesarias para proteger al religioso y a Celia del Carmen Huete Reyes, Celia Leonor Huete Reyes, Álvaro José Huete Reyes y Celiana Paola Talavera Huete.
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La decisión ordena informar a la Corte si el obispo se encuentra bajo algún régimen de privación o restricción de su libertad. Si ese fuera el caso, el tribunal dispuso que debe proceder a su liberación inmediata.
La Corte IDH también ordenó que, si Mata Guevara permanece privado de libertad, las autoridades nicaragüenses informen a sus familiares y abogados de confianza el lugar donde se encuentra, las razones y las condiciones de su detención.
Además, Nicaragua deberá facilitar el contacto inmediato con sus familiares, garantizar una comunicación adecuada con su defensa y asegurar el acceso a atención médica física y mental, medicamentos y alimentación. La resolución precisa que estos requerimientos no pueden utilizarse para postergar una eventual liberación.
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El tribunal indicó que no dispone de información actualizada y verificable sobre la situación jurídica del religioso, los eventuales procesos judiciales en su contra ni sus posibilidades reales de ejercer la libertad personal. La falta de precisiones se mantuvo pese a las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado a su favor en 2021.
Según la resolución, monseñor Mata Guevara es un adulto mayor, padece enfermedades crónicas y tiene un marcapasos, por lo que requiere atención médica periódica. La Corte consideró que su estado de vulnerabilidad se profundiza por la incertidumbre acerca de su situación.
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Corte vinculó el caso con un patrón de hostigamiento contra referentes religiosos
El tribunal sostuvo que existen elementos para asociar la situación del obispo y de sus allegados con los hechos que motivaron las medidas provisionales en favor de Juan Sebastián Chamorro y otras personas desde 2021.
La Corte recogió información sobre amenazas, intimidaciones, vigilancia, hostigamiento y hechos de violencia contra Mata Guevara. También tomó en cuenta que habría sido detenido sin las garantías judiciales correspondientes y que, durante un período, se desconoció su paradero.
Entre el 27 de julio y los primeros días de agosto de 2026 no existió información pública verificable sobre la ubicación ni el estado de salud del religioso. El 12 de agosto se difundieron fotografías y un video de una entrevista concedida desde su residencia. Sin embargo, el tribunal señaló que no tenía datos sobre la fecha ni las condiciones en que se realizó ese material.
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Los representantes de Mata Guevara indicaron que su residencia se encontraba vigilada por agentes policiales. También afirmaron que familiares y personas cercanas habían sufrido presiones, vigilancia, intimidaciones y represalias.
La Corte concluyó que los riesgos alcanzan a Celia del Carmen Huete Reyes, Celia Leonor Huete Reyes, Álvaro José Huete Reyes y Celiana Paola Talavera Huete. Por eso, requirió que el Estado se abstenga de ordenar su detención o cualquier otra restricción a su libertad.
Nicaragua fue declarada en desacato permanente por medidas previas
La resolución sitúa el caso en un contexto de denuncias sobre persecución y criminalización contra voces consideradas críticas al régimen de Nicaragua, incluidos integrantes de la Iglesia Católica. Para la Corte, los hechos analizados pueden transmitir un mensaje intimidatorio dirigido a disuadir expresiones religiosas u otras manifestaciones que sean percibidas como opositoras.
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También señaló que Nicaragua no responde a sus requerimientos desde el 11 de abril de 2022 y que fue declarada en desacato permanente.
La Corte IDH ordenó, además, que los abogados de confianza de los cinco beneficiarios puedan acceder a cualquier expediente judicial abierto en su contra y al sistema de información judicial en línea.
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