La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Kenthyn Aarón Téllez Madriz, un ciudadano detenido desde octubre de 2025 en Nicaragua, ante la falta de información oficial sobre su paradero, sus condiciones de reclusión y su estado de salud.
La resolución fue emitida el 24 de septiembre y difundida un día después por el organismo regional. La CIDH concluyó que Téllez enfrenta una situación de “gravedad y urgencia” y que existe riesgo de un daño irreparable contra sus derechos a la vida y a la integridad personal.
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Según la información evaluada por la Comisión, el beneficiario fue capturado el 17 de octubre de 2025 por personas vestidas de civil. Desde entonces, familiares y personas cercanas realizaron gestiones para conocer dónde está recluido y en qué condiciones permanece, pero no recibieron información oficial de parte de las autoridades del régimen de Nicaragua.
CIDH pidió que Nicaragua revele el lugar de detención
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que el caso reúne elementos que agravan la vulnerabilidad de Téllez. Entre ellos, mencionó que permanece bajo custodia del régimen, sin información pública sobre su ubicación, sin contacto con familiares y sin acceso a visitas.
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El organismo también advirtió que se desconocen las condiciones en las que está detenido y si recibió atención médica. La resolución indica que la incomunicación es total y prolongada, una situación que impide a sus allegados y representantes legales verificar su integridad física y psicológica.
Frente a ese escenario, la CIDH requirió a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo que adopte medidas para proteger la vida, la integridad personal y la salud de Téllez Madriz. También pidió que precise las circunstancias de su arresto y reclusión, y que informe de manera oficial el sitio donde se encuentra.
La Comisión solicitó además que se garanticen visitas, contacto regular con familiares y acceso de representantes legales de confianza. Estas condiciones, señaló, deben permitir que el beneficiario mantenga comunicación con su entorno y pueda contar con asistencia jurídica.
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El organismo exigió una evaluación médica inmediata
Entre las medidas dispuestas, la CIDH pidió al régimen una valoración médica integral e inmediata sobre el estado de salud. La orden incluye la provisión de atención médica básica y especializada, además del acceso a los medicamentos que pudiera necesitar.
El organismo regional también solicitó que las condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables. La resolución plantea que las medidas deben ser acordadas con el beneficiario y sus representantes, una exigencia que apunta a garantizar su participación en las decisiones vinculadas con su protección.
La CIDH pidió asimismo un informe sobre las acciones dirigidas a investigar los hechos que motivaron la medida cautelar. El objetivo es determinar las circunstancias de la detención denunciada y evitar que situaciones similares se repitan.
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Nicaragua no aportó información a la CIDH durante el análisis del caso, según consta en la comunicación difundida por el organismo. Esa ausencia de respuesta fue considerada junto con los datos presentados por la parte solicitante.
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