
La falta de sistemas eléctricos alternativos en Centroamérica y el Caribe, junto con la dependencia de las importaciones de energía en varios países, puede aumentar los efectos del fenómeno El Niño.
Una falla que afecte una parte pequeña de la infraestructura eléctrica puede interrumpir el servicio en zonas más amplias y dificultar la continuidad del suministro según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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El fenómeno El Niño/Oscilación del Sur afecta al sector energético mediante la disminución de las precipitaciones, el aumento de las temperaturas, el riesgo de incendios forestales y las modificaciones en los patrones de viento y radiación solar.
Los sistemas eléctricos de América Latina y el Caribe también presentan vulnerabilidades estructurales. En varios países, la generación hidroeléctrica supera el 70% de la matriz eléctrica. Además, el consumo eléctrico regional aumentó un 75% entre 2004 y 2024. Más de la mitad de la capacidad hidroeléctrica instalada tiene más de 30 años y presenta brechas de mantenimiento.
Una parte importante de la infraestructura crítica, como centrales, líneas de transmisión y subestaciones, se concentra en cuencas y corredores expuestos a sequías, inundaciones e incendios.
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Déficit hídrico, calor y daños en la infraestructura
El Corredor Seco Centroamericano enfrenta condiciones persistentes de déficit hídrico, con probabilidades de entre 89% y 92%. La disminución de las precipitaciones reduce los caudales y, con varios meses de retraso, limita la generación hidroeléctrica.
Para el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2026, el riesgo de sequía para la generación hidroeléctrica alcanza su mayor nivel a escala regional. La probabilidad de déficit de precipitaciones se sitúa en un 60%. A escala de América Latina y el Caribe, el 31,1% del territorio se encuentra en condición de alerta elevada, con una probabilidad de déficit igual o superior al 80%.
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El riesgo no se distribuye de la misma manera en todos los territorios. En sectores de la costa de Colombia y Ecuador, las precipitaciones tienden a intensificarse, mientras que amplias zonas del interior andino-amazónico presentan déficits crecientes. Por esta razón, el informe recomienda realizar el monitoreo y la gestión del riesgo a escala de cuenca, con información sobre caudales, niveles de embalse y proyecciones de precipitación.
En Ecuador, las condiciones de sequía y los bajos niveles de los embalses durante 2023 y 2024 redujeron la disponibilidad de generación hidroeléctrica y provocaron cortes recurrentes de electricidad que llegaron hasta 12 horas diarias en 2024.
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En Colombia, la reducción de las precipitaciones asociada con El Niño disminuyó la disponibilidad de generación hidroeléctrica y ejerció presión al alza sobre los precios de la electricidad durante 2023 y 2024.
El aumento de las temperaturas incrementa la demanda de electricidad para climatización, especialmente durante las olas de calor y en las grandes ciudades. Esta presión puede coincidir con una menor disponibilidad de recursos hídricos para la generación hidroeléctrica.
Las altas temperaturas también pueden reducir la eficiencia de las centrales eléctricas, los paneles solares y las redes de transmisión y distribución.
Los incendios forestales pueden afectar directamente las líneas de transmisión y las subestaciones, ya sea por daños físicos o por desconexiones preventivas asociadas con el humo.
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En las regiones más húmedas, la evaluación de la resiliencia de la infraestructura debe incluir amenazas adicionales, como inundaciones y deslizamientos.
Riesgos para las fuentes renovables y efectos económicos
El fenómeno El Niño modifica los patrones de viento y las condiciones de nubosidad y radiación solar. Estos cambios generan variaciones en la disponibilidad de generación eólica y fotovoltaica según la subregión y el periodo analizado.
La complementariedad entre tecnologías renovables puede contribuir a la seguridad energética cuando las anomalías climáticas que afectan cada recurso no están altamente correlacionadas y existen capacidades suficientes de almacenamiento, transmisión y gestión de la demanda.
Los riesgos identificados pueden afectar de manera simultánea la disponibilidad de energía, los costos del suministro, la resiliencia de la infraestructura y la sostenibilidad de la transición energética.
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El aumento de los costos de generación puede trasladarse a los consumidores mediante tarifas más elevadas, aumentar la necesidad de subsidios públicos o deteriorar la situación financiera de las empresas eléctricas. El traslado de esos costos puede afectar de manera desproporcionada a los hogares de menores ingresos, a menos que las tarifas se diferencien según el nivel de ingreso.
La coincidencia de varias amenazas en el tiempo y el territorio puede intensificar los efectos. Una menor generación hidroeléctrica puede coincidir con un aumento de la demanda por las altas temperaturas o con daños en las redes de transmisión.
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Medidas de adaptación y planificación regional
En el corto plazo, la prioridad consiste en asegurar la continuidad del suministro eléctrico y evitar que la combinación de una menor generación hidroeléctrica, daños en la infraestructura crítica y aumentos de la demanda provoque racionamientos o incrementos abruptos de los costos.

El informe de la CEPAL recomienda verificar la disponibilidad efectiva de generación de respaldo, asegurar el abastecimiento de combustibles estratégicos y realizar labores de mantenimiento en centrales, líneas y subestaciones críticas. También plantea reforzar la protección física de los activos más expuestos, actualizar los protocolos de respuesta y reposición ante fallas e implementar programas temporales de eficiencia energética y gestión de la demanda durante periodos de calor extremo, especialmente en las horas punta.
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Para México y el norte de Centroamérica, se propone fortalecer el monitoreo subnacional de las precipitaciones y la demanda. A largo plazo, las medidas incluyen diversificar las tecnologías y las ubicaciones de generación, ampliar el almacenamiento y fortalecer las reservas operativas.
En el Caribe, Centroamérica y la costa norte de América del Sur, se recomienda identificar los activos críticos con baja redundancia, asegurar combustibles y generación de respaldo, promover microredes, generación distribuida, diversificación de proveedores y reservas estratégicas regionales.
El informe plantea que la política energética debe incorporar el riesgo climático en tres horizontes temporales: medidas inmediatas para preservar la continuidad del suministro, acciones de mediano plazo para reducir las vulnerabilidades estructurales y transformaciones de largo plazo que incorporen ese riesgo de manera permanente en la planificación energética.
Para Centroamérica y el Caribe, las prioridades incluyen fortalecer la generación de respaldo, diversificar las fuentes de suministro, ampliar el almacenamiento, proteger la infraestructura crítica frente a incendios, inundaciones y deslizamientos, mejorar los sistemas de alerta temprana y reforzar la coordinación entre operadores eléctricos, autoridades energéticas y organismos de protección civil.
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