Daniel Ortega y Rosario Murillo avanzan hacia una sucesión dinástica en Nicaragua mediante una nueva reforma constitucional que ampliaría a siete años el mandato presidencial y excluiría de los cargos electivos a opositores calificados como “traidores a la patria”. La conclusión corresponde a un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), divulgado este miércoles en Costa Rica y citado por EFE.
Las elecciones generales, previstas originalmente para noviembre de 2026, pasarían a celebrarse en noviembre de 2028. Las enmiendas constitucionales de 2025 ya habían extendido el período presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios se habían trasladado a 2027.
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La nueva modificación llevaría ese período a siete años para las autoridades elegidas por voto popular y para quienes sean electos o ratificados por la Asamblea Nacional, incluidos el jefe del Ejército y el jefe de la Policía. El Parlamento nicaragüense, controlado por el oficialismo sandinista, aprobó la iniciativa a inicios de septiembre en la primera de las dos legislaturas requeridas para que entre en vigor.
La prohibición electoral para los declarados “traidores a la patria”
La reforma, prevista para ser ratificada el 18 de enero de 2027, impediría de forma explícita que participen en procesos electorales los ciudadanos que las autoridades consideren “traidores a la patria”. Esa denominación fue aplicada a al menos 452 opositores y críticos desnacionalizados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
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El Cetcam advirtió que esa disposición permitiría excluir por tiempo indefinido a cualquier bloque opositor o crítico del Gobierno de la disputa por cargos de elección popular. Para el centro de pensamiento, las enmiendas buscan eliminar “cualquier resquicio legal” que pueda dificultar el ascenso de Murillo y la concentración total del poder.
Los investigadores sostuvieron que los cambios constitucionales comenzaron en 2025 con la imposición de una norma que modificó la naturaleza del régimen político, el Estado y el ejercicio de derechos ciudadanos fundamentales. La iniciativa actual se inscribe, según esa evaluación, en ese proceso de rediseño institucional.
Murillo necesitaría consolidar respaldo dentro del oficialismo antes de una eventual transferencia de poder. El Cetcam planteó: “La dictadura avanza con prisas en la sucesión dinástica, específicamente trasladando el poder de Daniel Ortega a Rosario Murillo; pero, considerando que Murillo es una figura que goza de una muy baja o nula legitimidad entre sus propias filas e incluso su círculo más cercano de leales, se ha dado a la tarea de conseguirla a toda costa en el menor tiempo posible”.
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El calendario electoral tras las reformas constitucionales
La reforma se produjo semanas después de que Ortega afirmara durante un acto oficial que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, una declaración que generó rechazo internacional. El nuevo calendario mantendría los comicios, pero bajo un marco que restringiría la participación de quienes sean señalados por el Estado con la categoría de traidores a la patria.
Ortega, exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua de forma consecutiva desde 2007. Es la persona que más tiempo ha ejercido el poder en el país, con 30 años: coordinó una Junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y fue presidente por primera vez entre 1985 y 1990.
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