¿Por qué cada vez más centroamericanos cruzan el Atlántico para llegar a España?

Honduras y Nicaragua encabezan la lista de países centroamericanos cuyos ciudadanos obtuvieron la nacionalidad española en 2025. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidas por El Confidencial, 20,745 hondureños y 8,951 nicaragüenses adquirieron esa nacionalidad ese año, en un cambio de los flujos migratorios hacia España.

Ambas nacionalidades figuran entre las 10 más frecuentes en los procesos de naturalización, junto a Colombia, Venezuela, Marruecos, Perú, Cuba, Ecuador, Argentina y República Dominicana.

España permite a los ciudadanos iberoamericanos obtener la nacionalidad tras dos años de residencia legal, frente a los 10 años del régimen general.

Por qué España y no Estados Unidos

La reorientación de las rutas migratorias centroamericanas hacia España obedece a una combinación de factores. El endurecimiento sostenido de las políticas migratorias en Estados Unidos cerró de forma progresiva la vía que durante décadas fue la preferida, mientras que España ofrece un marco legal distinto.

A eso se suman el idioma compartido, los vínculos históricos y la presencia de comunidades latinoamericanas ya asentadas que funcionan como redes de apoyo para la inserción inicial.

Un estudio publicado en la revista Prisma Social sobre migración hondureña femenina identifica tres motores de expulsión en los países de origen: la pobreza estructural, la violencia endémica y la ausencia de oportunidades laborales y educativas.

La pobreza como motor de partida

Los sistemas educativos débiles y los mercados laborales informales de Centroamérica limitan la movilidad social y generan una percepción extendida de que el futuro está fuera del país.

Así lo documenta Prisma Social, que describe la migración no como un proyecto individual, sino como una estrategia familiar de largo plazo.

En el caso nicaragüense, la misma publicación señala que la motivación es “fundamentalmente económica”: España ofrece oportunidades de desarrollo que la economía nicaragüense no puede proveer. Muchas mujeres de esa nacionalidad mantienen hijos y personas dependientes en el país de origen, a quienes envían remesas mientras conciben su emigración como una inversión en el futuro del núcleo familiar.

Para las hondureñas, el estudio agrega la violencia de género y la amenaza en el entorno comunitario como impulso adicional. La combinación de criminalidad organizada, extorsión y debilidad institucional, que Prisma Social denomina “violencia endémica”, convierte la partida en una decisión que, en algunos casos, deriva en solicitudes de asilo o protección internacional.

El asilo como puerta de entrada paralela

El sistema de protección internacional español atiende a quienes huyen de persecución, conflictos o vulneraciones graves de derechos humanos. A 31 de diciembre de 2024 había 66,719 personas con residencia por protección internacional en vigor en España, según el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI).

Dos de cada tres solicitantes de asilo proceden de América Central y del Sur, con Colombia, Marruecos, Venezuela, Perú y Honduras entre las nacionalidades más frecuentes. Honduras aparece así en ambas estadísticas, naturalización y asilo, lo que refleja la diversidad de situaciones dentro de una misma comunidad.

El Informe 2024 de CEAR sobre personas refugiadas advierte que la digitalización de los servicios públicos genera nuevas formas de exclusión: las barreras tecnológicas, la falta de alfabetización digital y la ausencia de dispositivos o conexión estable dificultan la renovación de permisos y la gestión de trámites esenciales para muchos centroamericanos.

Trabajo precario y brecha de género

La inserción laboral de los centroamericanos en España se concentra en sectores de baja cualificación: cuidado de personas mayores, trabajo doméstico, hostelería y construcción. Estos empleos permiten enviar remesas, pero también exponen a explotación y vulnerabilidad, especialmente cuando se ejercen sin permisos de residencia o contratos formales.

Los datos del informe sobre arraigo revelan que aproximadamente un tercio de las personas afiliadas a la Seguridad Social con esa autorización pertenece al grupo de cotización de trabajadores no cualificados. La brecha de género es marcada: el 55% de los hombres con arraigo figura como afiliado, frente al 42% de las mujeres. En contratos indefinidos a tiempo completo, la diferencia es aún mayor: 54% entre los hombres y 35% entre las mujeres.

La regularización administrativa no elimina esa precariedad. El Informe sobre Población de Origen Inmigrado del Servicio Jesuita a Migrantes advierte que, para algunas nacionalidades, la cifra de residentes empadronados supera la de titulares de autorización vigente, lo que muestra la persistencia de “bolsas de irregularidad” incluso en comunidades con altos niveles de naturalización.

Dónde se concentran y dónde se naturalizan

La población centroamericana regularizada se asienta principalmente en las comunidades autónomas con mayor presencia de población nacida en el extranjero. Baleares encabeza ese indicador con un 27,65% de residentes de origen foráneo; Cataluña y Madrid alcanzan el 23,80% cada una; Canarias llega al 22,56% y la Comunitat Valenciana al 22,51%, según el mismo informe del Servicio Jesuita a Migrantes.

Barcelona y Madrid concentraban cerca de un tercio de todos los casos de arraigo a finales de marzo de 2025, con 50.812 y 47.830 personas respectivamente. Madrid fue la única gran provincia que registró una reducción interanual en ese indicador (-1,1%), mientras que Santa Cruz de Tenerife lideró el crecimiento con un +47,7%.

Cataluña y Madrid son también las principales regiones de adquisición de la nacionalidad española, donde se completan los procesos de regularización plena.

El 56% de quienes obtuvieron la nacionalidad en 2025 lo hizo por la vía reducida de dos años prevista para iberoamericanos, según el OPI: en total, 124,559 personas, con Colombia, Venezuela y Honduras como principales beneficiarias de esa vía.