Cómo Nicaragua y China saquean el oro de la selva costarricense

Llegan de madrugada. Cruzan el río San Juan en botes y cayucos, muchas veces sin que ningún puesto de control los detenga, y se internan en la selva costarricense cargando radios de comunicación, drones, armas y bidones con sustancias químicas.

Son entre 3.000 y 5.000 personas, según estimaciones de la presidencia de Costa Rica. Se les llama coligalleros en Costa Rica y güiriseros en Nicaragua. Técnicamente son mineros artesanales. El gobierno de Costa Rica los define como “crimen organizado” que funcionan con estructura militar y los acusa de saquear el oro de su país.

El destino de esa marea humana que va y viene es Crucitas y el cerro Conchudita, un territorio rico en oro situado en el cantón de San Carlos, en la provincia costarricense de Alajuela, sobre la frontera norte con Nicaragua. El Estado costarricense tiene prohibido la explotación minera en esa zona por el impacto que tiene la actividad en los bosques y los acuíferos.

Los ilegales, sin embargo, no saben de prohibiciones. Y tienen una ventaja decisiva sobre las autoridades costarricenses. Pueden llegar a Crucitas y Las Conchuditas por el nicaragüense río San Juan, que queda en mera la frontera.

Costa Rica, aunque puede navegar por el río con fines de comercio, no lo puede hacer con armas. Para llegar hasta Crucitas o Conchudita, la Fuerza Pública de Costa Rica debe hacerlo por tierra y eso implica caminar al menos tres horas desde el lugar hasta donde pueden llegar en vehículos.

Así, cuando la Fuerza Pública se acerca a la zona de extracción, alguien avisa por radio o WhatsApp y los mineros cruzan el río de regreso. “Cuando detectan la llegada de la Fuerza Pública se avisan entre ellos y cruzan el río. Es una dinámica permanente”, explica Amaru Ruiz, ambientalista nicaragüense y presidente de la Fundación del Río.

Costa Rica mantiene un pequeño destacamento en la zona y realiza operativos policiales ocasionalmente con la intención de tomar control, en una crisis que ya denomina “de soberanía nacional”.

“Este fenómeno afecta no solo la soberanía ecológica de nuestro país, sino la soberanía en términos generales de nuestra nación, ya que el 90 por ciento de los coligalleros son ciudadanos extranjeros, esencialmente nicaragüenses que cruzan la frontera para participar en este ilícito”, señaló ante el Parlamento costarricense en febrero de este año el entonces ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora.

La presidente de Costa Rica, Laura Fernández, ha denunciado que el Estado gasta un millón de dólares mensuales para proteger ese territorio. Y aun es insuficiente. Por otro lado, los mineros artesanales extraen unos 250 millones de dólares en oro al año del lugar. El mineral no se queda en Costa Rica. Se va a Nicaragua.

A unos tres kilómetros al otro lado de la frontera, ya en territorio nicaragüense, opera el campamento de Las Cruces. Allí, dentro del lote minero denominado La Guinea, concesionado por el régimen Ortega-Murillo a la empresa Thomas Metal S.A., se procesa el oro extraído ilegalmente en suelo costarricense.

“Ahí hay un hombre, un pagador, que llega con sacos de dinero, córdobas, colones o dólares, pesan el material y paga en efectivo, nunca de otra forma”, señala Amaru Ruiz.

La operación ha evolucionado de la minería artesanal a métodos semiindustriales: lixiviación con cianuro, uso de carbón activado, soda cáustica, ácido clorhídrico y generadores eléctricos de gran potencia importados desde la India y comprados en Costa Rica.

“Ya no utilizan mercurio; utilizan cianuro. Las pilas de cianuración son procesos semiindustriales”, describe Ruiz. “Además, el uso de plantas eléctricas de diésel demuestra una inversión considerable”.

Los orígenes de la crisis

Para entender por qué Crucitas se convirtió en este campo de batalla es necesario remontarse a inicios de los años 90. La zona tiene depósitos auríferos comprobados, y en 2008 el gobierno de Óscar Arias otorgó avales a la empresa canadiense Infinito Gold para explotar esos recursos a cielo abierto.

La decisión generó una larga batalla legal y social. En 2010, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró nulas las resoluciones ambientales que respaldaban el proyecto.

Dos años antes, en 2002, el presidente Abel Pacheco ya había firmado una moratoria indefinida para la minería metálica de oro. La prohibición definitiva dejó un vacío que nadie supo cerrar: una zona con riqueza aurífera documentada, sin presencia institucional efectiva, a metros del río San Juan. “Prohibir la minería legal sin controlar coligalleros es el peor de los escenarios”, advirtió Giorgio Murillo, director ejecutivo del Colegio de Geólogos de Costa Rica.

Tras el abandono de las instalaciones de Infinito Gold, los mineros artesanales comenzaron a llegar sin freno. Lo que era un problema localizado se fue expandiendo. La minería ilegal pasó de afectar unas 900 hectáreas a superar las tres mil, incorporando nuevas zonas como el cerro Conchudita.

Mientras en Costa Rica está absolutamente prohibida la minería metálica, los coligalleros operan con una logística cada vez más sofisticada. Los insumos entran por rutas que rodean los cordones policiales, incluso desde Upala, embarcados en el río San Juan para llegar a Crucitas por el sector de Las Chorreras.

Una red de informantes monitorea los movimientos de la Fuerza Pública en tiempo real, por WhatsApp y radio. Las embarcaciones de transporte público y privado desembarcan en sitios no autorizados tanto del lado costarricense como del nicaragüense, sin que nadie las sancione.

La Fundación del Río documentó incluso la construcción de un muelle presuntamente ilegal en la entrada del sector de Las Cruces, conocido como muelle Los Tiburones.

La sombra china

El 16 de febrero de 2026, el ministro Zamora presentó ante la Asamblea Legislativa un informe denominado Salvemos Crucitas y formuló una grave acusación: empresas chinas instaladas en el lado nicaragüense de la frontera compraban la broza, el material con partículas de oro extraído por los coligalleros, para procesarla por su cuenta.

La diferencia de rendimiento es abismal: mientras los mineros artesanales logran recuperar entre el 15 y el 20 por ciento del oro contenido en los sedimentos, las empresas chinas aplican técnicas que permiten extraer hasta el 95 por ciento. El negocio es redondo para quienes compran la broza robada.

El detonante de la crisis había ocurrido meses antes. Entre el 29 de julio y el 4 de agosto de 2025, el régimen Ortega-Murillo concedió tres licencias de gran escala a la empresa china Thomas Metal S.A., incluyendo territorio dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, una de las zonas de mayor biodiversidad en Centroamérica. Una de esas concesiones, denominada El Castillo, abarcó 39.172 hectáreas en los municipios de El Castillo y San Juan de Nicaragua.

Con estas nuevas asignaciones, Thomas Metal acumuló siete concesiones en Nicaragua, totalizando 122.695 hectáreas. El lote La Guinea, uno de esos territorios concesionados, se ubica a menos de 300 metros del límite fronterizo del río San Juan, y dentro de él opera el campamento minero ilegal de Las Cruces.

La embajadora china en Costa Rica, Wang Xiaoyao, negó que empresas de su país estuvieran comprando broza extraída en la zona de Crucitas y calificó las acusaciones como “propaganda mediática sin ninguna comunicación o verificación”.

En comunicación privada con la Fundación del Río, la diplomática sostuvo que “el gobierno chino es responsable y siempre exige a las empresas chinas que operan en el exterior que se comporten de acuerdo con las leyes de los países anfitriones”.

En declaraciones públicas, la embajadora Wang Xiaoyao afirmó en marzo pasado que las principales empresas mineras que operan en Nicaragua son de Canadá y otros países.

La Fundación del Río, sin embargo, denunció que la empresa Thomas Metal S.A, instalada en la frontera sur de Nicaragua, está vinculada al grupo minero chino Continental International Resources (HK) Limited, con registro en Hong Kong.

Ante las preguntas sobre las concesiones otorgadas a Thomas Metal en Nicaragua, la embajada china en Costa Rica respondió que esos asuntos “corresponden al territorio de Nicaragua” y recomendó dirigir las consultas directamente al gobierno sandinista. La Fundación del Río también intentó consultar al embajador chino en Nicaragua, Qu Yuhui, sin recibir respuesta.

Entre 2021 y 2026, el régimen nicaragüense aprobó concesiones a favor de empresas chinas que cubren 1.013.225 hectáreas, equivalentes al 8,5% del territorio nacional. Desde 2024, no se ha aprobado ninguna concesión minera a empresas que no sean de capital chino o que no estén vinculadas al régimen.

Un decreto de mayo de 2025 eliminó la obligación de presentar estudios de impacto ambiental, y dos meses después una nueva ley abrió por primera vez las áreas protegidas a la minería.

Las anomalías en las exportaciones refuerzan las sospechas. El economista nicaragüense Enrique Sáenz señaló que desde hace varios años Nicaragua reporta exportaciones de oro superiores a su propia producción.

“Los reportes oficiales entre lo que se reporta como producción y lo que se reporta como exportación no coinciden”, dice. En 2024, Nicaragua exportó aproximadamente 19,5 toneladas de oro por un valor de 1.353,9 millones de dólares, cuando su producción documentada fue de solo 12,5 toneladas.

La Fundación del Río identificó además una discrepancia significativa entre lo que Nicaragua reporta como exportaciones de minerales a China y lo que China registra como importaciones desde Nicaragua: una diferencia que supera los 32 millones de dólares entre 2021 y 2024.

Nicaragua incumple

La presión costarricense sobre Managua se intensificó a principios de 2026. El entonces canciller costarricense Arnoldo André Tinoco envió una nota diplomática a su homólogo nicaragüense Valdrack Ludwing Jaentschke el 23 de febrero, solicitando que se intensificara el patrullaje para impedir que los terrones fueran “montados a las barcazas y llevados a Nicaragua”.

El régimen respondió positivamente. El 28 de febrero de 2026, en una reunión binacional celebrada en el lado nicaragüense de la frontera, Nicaragua suscribió compromisos específicos: reforzar el patrullaje en la zona de minería ilegal, especialmente en la Reserva Biológica del río San Juan; responder formalmente a las acusaciones y coordinar acciones conjuntas; y mejorar los controles de transporte acuático. Ambas partes acordaron también establecer reuniones de seguimiento cada dos meses.

Entre el 28 de febrero y el 19 de junio, el Ejército de Nicaragua emitió siete notas informativas sobre sus operativos en la zona: 86 personas retenidas, dos embarcaciones incautadas, 18 armas de fuego decomisadas, 57 pilas de cianuración deshabilitadas.

Sin embargo, no existe evidencia de ningún proceso judicial abierto contra los retenidos. “Las retienen, les decomisan todo y después las sueltan. No tenemos evidencia de ningún proceso judicial abierto por delitos como contrabando, tráfico irregular de personas, actividades ilegales en la zona, portación de armas”, dijo Ruiz. “Por lo general, los liberan en San Carlos y los mineros regresan nuevamente a la actividad”.

Las reuniones de seguimiento prometidas tampoco se realizaron. La primera estaba prevista para el 24 de abril, dos meses después de la reunión inaugural, pero Nicaragua solicitó suspenderla. Se supo extraoficialmente que fue reprogramada para el 23 de mayo. Tampoco se realizó. Al cierre de este reportaje, no existe fecha para una nueva reunión entre ambos gobiernos.

Para Ruiz, “del lado nicaragüense no ha habido voluntad política para frenar la actividad minera, esta ha continuado, se ha profundizado y ha ampliado las áreas donde opera”.

El propio régimen, en su comunicado del 28 de febrero, atribuyó toda la responsabilidad a Costa Rica. “No reconoce la minería ilegal en Nicaragua, pese a que el propio Ejército sí habla de minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz”, señala Ruiz. “Como Estado, Nicaragua niega el problema y sostiene que ocurre únicamente en Costa Rica”.

Costa Rica ha respondido a la crisis desde múltiples frentes. En el terreno, desde el inicio de los operativos se han incautado más de 16.000 sacos con sedimentos mineros en camino a Nicaragua, unas 800 toneladas de material aurífero.

El 2 de junio de 2026, las autoridades detuvieron a 20 personas en condición migratoria irregular durante un operativo en campamentos y cuarterías de Crucitas. Cuatro días después, la Fuerza Pública destruyó dos campamentos clandestinos en el cerro Las Conchuditas, evitando el procesamiento de más de 215 toneladas de sedimento.

En el frente judicial, la Sala Constitucional ordenó en marzo de 2026 mantener presencia policial “de forma permanente e indefinida” en Crucitas y exigió medidas urgentes a cinco ministerios.

El costo, sin embargo, resulta insostenible: un millón de dólares mensuales en operativos que no logran detener el flujo. “Esto es una fiebre del oro. El oro no se va a ir de aquí y se van a seguir metiendo cada vez más personas, mejor financiadas por el crimen organizado”, advirtió la presidenta Laura Fernández durante su visita a la zona a mediados de junio.

El 19 de junio de 2026, mientras Fernández recorría la finca Vivoyet acompañada de ministros y diputados, una fuerte detonación retumbó a unos doscientos metros de la comitiva.

Los protocolos de seguridad se activaron de inmediato: los agentes rodearon a la mandataria, la tendieron en el piso de tierra y la escoltaron a un vehículo para retirarla de la zona.

Una diputada oficialista sufrió una crisis nerviosa y fue trasladada en ambulancia. Fernández, tras ser trasladada a un lugar seguro, confirmó que nadie resultó herido. “Si se animaron a hacer una detonación hoy, imagínense cómo será un día ordinario para los policías y la comunidad”, declaró.

Las investigaciones no han determinado el origen exacto de la explosión, pero el incidente amplificó la presión política sobre el gobierno para actuar con mayor contundencia.

Legalizar la minería

El gobierno costarricense impulsa en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley número 24.717, que plantea crear un régimen especial de minería metálica a cielo abierto únicamente para Crucitas de Cutris, declarando la actividad como de “conveniencia nacional”.

La iniciativa, presentada en noviembre de 2024, acumula más de 650 mociones de oposición y su trámite está paralizado. La presidenta Fernández aboga además por una reforma legal que clasifique la minería ilegal como crimen organizado. Actualmente está tipificada como delito ambiental con penas que no superan los dos meses de cárcel.

“Desde el punto de vista técnico no compartimos esa tesis. Nunca hemos visto en Nicaragua que una concesión industrial elimine la minería artesanal ilegal. Más bien suelen complementarse”, afirma Amaru Ruiz.

El presidente de la Fundación del Río cita casos concretos del lado nicaragüense como HEMCO, Calibre Mining y el plantel Los Ángeles, donde las operaciones industriales terminaron procesando material proveniente de la minería artesanal.

“Lo que ocurrirá es que la empresa protegerá su área de explotación, invertirá en seguridad privada y cercará su propiedad. Pero eso no impedirá que los mineros artesanales se trasladen a otros puntos o incluso ingresen al área concesionada”, advierte.

“La seguridad privada jamás sustituirá la presencia estatal necesaria para detener la minería ilegal. Lo que sucederá es que, si se controla un sitio, aparecerá otro a 20 o 30 kilómetros. Así operan los mineros ilegales: siguen el oro”, dice.

Para Ruiz, el problema de fondo no se resuelve en Costa Rica. “Este no es solo un problema de Costa Rica. Tiene que ser enfrentado desde Nicaragua. De lo contrario, serán insuficientes las medidas que tome el Gobierno costarricense para combatir la minería en la zona fronteriza.”

Y la condición necesaria para que Nicaragua actúe, voluntad política, es precisamente lo que falta. “No vemos ninguna señal de freno; al contrario, observamos un proceso de expansión y semiindustrialización de la minería”, apunta Ruiz.

En abril de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a siete empresas mineras que operan en Nicaragua, entre ellas Thomas Metal S.A., y a dos hijos de Ortega y Murillo. La respuesta del régimen fue la de siempre: desafío.

Solo en junio de 2026, el régimen otorgó a Thomas Metal 39.172 hectáreas adicionales dentro de la zona fronteriza del río San Juan, y concedió una nueva licencia de 11.042 hectáreas en Chontales a otra empresa.

El río San Juan sigue siendo la autopista del saqueo. Las lanchas con broza cruzan. Los cayucos con mineros llegan cada madrugada. El campamento de Las Cruces, a un kilómetro de la frontera, procesa el oro que Costa Rica no puede explotar, pero tampoco ha podido proteger. Y la segunda reunión bilateral prometida en Peñas Blancas, la que debía evaluar si Nicaragua cumplía sus compromisos, sigue sin tener fecha.