La organización no gubernamental Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua denunció este lunes la desaparición forzada de Salvadora del Socorro Martínez Aburto, una mujer nicaragüense de 68 años, arrestada por la policía el 14 de agosto de 2025, junto a su esposo, el excoronel sandinista Carlos Brenes Sánchez. Esta denuncia se suma a una lista de al menos nueve casos de desapariciones en el país, en su mayoría de personas adultas mayores, según informó la agencia de noticias EFE, en un reporte reciente.
Según el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, Salvadora Martínez, descrita como “una ama de casa muy cristiana, creyente y sencilla que nunca se metió en política”, fue detenida de manera arbitraria, sin orden judicial, mientras se encontraba en una finca de su propiedad. La organización, que está conformada mayoritariamente por activistas nicaragüenses y tiene su sede en San José, Costa Rica, aseguró que la policía obligó a Martínez Aburto a subir a una patrulla antes de proceder con la captura de su esposo. Desde ese momento, ambos permanecen en condición de desaparición forzada y sus familiares no han recibido información oficial sobre su paradero.
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El caso de Martínez Aburto y Brenes Sánchez se conoció públicamente tras la condena dictada el 7 de abril, cuando ambos recibieron penas de 15 años de prisión por delitos clasificados como “traición a la patria”. La organización humanitaria sostiene que la detención y el paradero desconocido de la pareja constituyen un crimen de lesa humanidad y ha exigido a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo una prueba de vida, así como la liberación inmediata de la mujer.
La situación se ha agravado tras la muerte de Brooklyn Rivera Brayan, líder indígena miskito y diputado de la Asamblea Nacional, quien falleció bajo custodia estatal el pasado 30 de mayo a los 73 años. Tras este fallecimiento, organizaciones humanitarias y grupos opositores han renovado su solicitud al Ejecutivo sandinista para que presente pruebas de vida de los al menos nueve presos políticos que se encuentran en condición de desaparición forzada. EFE reportó que la comunidad internacional y organismos defensores de derechos humanos han expresado preocupación por el deterioro de las garantías fundamentales en el país centroamericano.
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Las muertes bajo custodia en Nicaragua
En los últimos siete años, al menos nueve opositores y críticos del gobierno han muerto mientras permanecían bajo custodia estatal. Entre ellos figuran el general retirado Humberto Ortega, hermano menor del presidente, y el exguerrillero Hugo Torres, quien ocupó el cargo de viceministro del Interior durante el primer gobierno sandinista y en 1974 lideró una operación para liberar al actual mandatario, según detalló EFE.
Nicaragua enfrenta una crisis política y social desde abril de 2018. La situación se intensificó tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato. Durante esos comicios, los principales contendientes del oficialismo estaban en prisión, y posteriormente fueron expulsados del país y despojados de su nacionalidad y derechos políticos, bajo acusaciones de “golpismo” y “traición a la patria”. Estos hechos han generado señalamientos de la comunidad internacional acerca de graves violaciones a los derechos humanos y el uso de la justicia como mecanismo de represión política.
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